Neuquén > “¿La seguridad privada va a portar, a tener y eventualmente a disponer de armas en función de qué paradigma de orden?” se preguntó Martín Lozada, juez penal de Bariloche y autor del libro “Seguridad Privada. Sus impactos en el Estado de Derecho”.
Lozada analizó el proyecto de ley que se encuentra en la Legislatura provincial por el que se regula el sistema de seguridad privada y consideró que “la portación, tenencia y utilización de armas por parte de agentes de seguridad privada supone de un poder muy importante que fue delegado tradicionalmente a las fuerzas del Estado”.
“La fuerza del Estado tiene la razón de ser, que es, en términos generales y un poco discursivo, el mantenimiento del orden y la paz social. Esto es un interés público, común y colectivo. Pero para la seguridad privada hay que definir si el paradigma de orden será en función de los intereses de su empleador o del mantenimiento del orden patrimonial, y en qué circunstancias amerita el uso de la fuerza y la utilización de armas de fuego”, expresó.
En su libro, Lozada llevó adelante una investigación orientada a explicar el surgimiento de las llamadas “policías privadas” en la Argentina de los años noventa, en el marco de un masivo proceso de privatizaciones que de modo novedoso abarcó ciertos segmentos de la seguridad pública.
“En este contexto, verificamos que también en otros servicios públicos, como algunos segmentos de la seguridad pública, empiezan a ser privatizados a través de una modalidad relativamente novedosa, que es la creación de nuevos agentes de disciplinamiento social”, explicó.
Remarcó que “la fuerza pública ya fue delegada a una fuerza privada” y destacó la importancia de regular ahora para delimitar claramente hasta dónde se otorga poder a estas "metapolicías”.
Afirmó, además, que son “las propias policías públicas tradicionales las que compiten en el mercado de la seguridad; las policías públicas tradicionales tercerizan por fuera de su horario laboral la mano de obra de sus empleados”.
“Tenemos funcionarios policiales que prestan servicio hasta las 14 y luego empiezan a desempeñarse, ya tercerizados, como agentes de seguridad privada”, indicó.

Instrumentos
El juez explicó que la seguridad privada ya cuenta con instrumentos como para interferir en la subjetividad ajena y para hacer frente a una presunta amenaza. “La pregunta me parece que se la tiene que dar el legislador en relación a cuál es el quantum de fuerza, de poder que va a delegar en este específico sector de la seguridad”, reiteró Lozada, quien agregó que “la seguridad privada ya fue armada a través de distintos mecanismos que le permiten llevar adelante sus tareas preventivas. Como sociedad tenemos que preguntarnos si vamos a delegar la posibilidad de disponer de armas y de utilizar armas a agentes privados, tercerizados, y tenemos que decir claramente y determinar en qué supuestos lo vamos a permitir. No me parece que hay que dejar esto librado a la suerte”.
El poder o no portar armas, según Lozada, es una definición a la que se arribará luego de haber definido algunos puntos previos en particular.
“Hasta el presente quien ejercía la fuerza pública fue la Policía tradicional; ahora estamos habilitando a otros, por fuera del marco institucional del Estado”, comentó.
El juez de Bariloche adelantó que “si lo aceptamos, perfecto, creo que debemos ser muy claros a la hora de definir a qué tipo de controles vamos a someter a este nuevo actor de control social, cuál es el quantum de fuerza que le vamos a entregar, cuál va a ser la capacitación de sus agentes, sobre qué paradigma de orden van a transitar y cuáles serán los recursos que vamos a poner a disposición de ellos”.

Diputados definen varios temas en sesión

Comenzará a las 9 y además de la regulación de la seguridad privada se tratará la iniciativa de Fecovine.

Neuquén > La Cámara de Diputados tratará hoy en particular los artículos que regulan el sistema de seguridad privada entre los que se encuentran en qué situaciones los vigiladores podrán portar armas.
En la sesión -citada para las 9-, los legisladores tratarán además los artículos de la ley que crea el Plan Provincial Techo Digno Neuquino, iniciativa presentada por Fecovine y que prevé la construcción de 30 mil soluciones habitacionales en 5 años.
En el temario también está el tratamiento en particular del reconocimiento del 23 y 24 de junio como días no laborables para la comunidad mapuche, y la nueva ley sobre uso y aplicación de plaguicidas y agroquímicos.
En tanto, en general, el cuerpo hará lo propio con el proyecto de ley que crea el programa de desarrollo de la cuenca láctea del norte neuquino. En la comisión de labor parlamentaria realizada ayer, los diputados definieron realizar una sesión especial el martes y miércoles próximo para tratar el proyecto del Ejecutivo que asigna fondos de la Ley 2741 -obra de interconexión eléctrica Villa La Angostura- con destino a trabajos en las áreas declaradas en emergencia económica y social en las localidades de Villa La Angostura y Villa Traful. La iniciativa establece un límite de hasta 10 millones de dólares.

FUENTE: www.lmneuquen.com.ar