Las leyes de Coahuila las obligan a que se registren en el padrón estatal
Hay 48 empresas de seguridad en Torreón, Fiscalía sólo reconoce 23
Adelaido Flores, titular de la DSPM, señala que contratar agencias irregulares pondría en riesgo a los usuarios de estos servicios, pues se pone en duda la confiabilidad del personal que labora dentro de ellas

Con el aumento del uso de servicios de seguridad privada que se ha registrado en los últimos años en todo el país, según información de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada, se han elevado hasta en un 20 por ciento las agencias irregulares que no cumplen con los requisitos obligados por la Ley de Seguridad Pública.

A pesar de que en Torreón no existe un dato que revele cuantas empresas irregulares ofrecen este servicio, existe una diferencia entre las empresas de seguridad privada que se tiene en el padrón de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila -encargada de regularlas- y las detectadas por el Ayuntamiento -cobra licencias de funcionamiento-, lo que permite estimar un número aproximado de estas empresas y alertar a la población.

Mientras que la Fiscalía registra 23 empresas de Seguridad Privada en Torreón vigentes, la Dirección de Ingresos del ayuntamiento identificó durante 2011, 48 negocios de este giro, de los cuales sólo cuatro han acudido a pagar sus impuestos ante el municipio en lo que va del año.

Al comparar estos datos resulta una diferencia de 25 empresas no registradas.

Jorge Ríos Coss, director de la regulación de empresas privadas en el estado, explicó vía telefónica, que esa diferencia entre las cifras puede deberse a dos factores.

La primer posibilidad estriba en que un número de esas 25 empresas, estén en proceso, o se encuentren reguladas por instancias federales, sin embargo, las leyes del estado las obligan a que se registren en el padrón estatal.

Otra posibilidad, es que se traten de empresas que son irregulares y que tal vez en un momento contaron con el permiso de la Fiscalía, pero que no volvieron acreditarlo y perdió vigencia.

Es importante señalar que la agencia puede contar con licencia de funcionamiento municipal, - la cual acredita que cumple con el pago de impuestos- y no contar con autorización de la Fiscalía.

Para que una agencia de seguridad privada pueda recibir la autorización por parte de la Fiscalía y pueda ofrecer sus servicios, requiere cumplir con una serie de requisitos: “la idea es que estén bien controladas, aquí el principal apoyo, o que habría que resaltar es exhortar a la sociedad a que al contratar una empresa, sea una registrada, por que dará la garantía de que el personal al menos no cuenta con antecedentes penales”, dijo.

Ríos Coss indicó que un requisito importante es la consulta de todos los elementos (personas), esto con el objetivo de que sean buscados en Plataforma México, para verificar antecedentes penales en todo el país.

Para verificar que una agencia esta regulada se puede acudir a la página de la Fiscalía (www.fiscaliageneralcoahuila.gob.mx), ya que ahí se encuentra el padrón general; o solicitar directamente al proveedor que muestre el documento que acredita la autorización.

Alfredo Hoyos Bañuelos, subdelegado de la Fiscalía General del Estado región Laguna I, opinó que el aumento de los servicios de seguridad privada se deben en buena medida a que las personas y las empresas poco a poco adoptan una mayor cultura de la seguridad.

Dio a conocer que las empresas se encuentran reguladas dentro de la Ley General de Seguridad Pública, por lo que sus actividades se realizan bajo una legalidad.

Aseguró que es poco probable que se puedan dar casos de agencias irregulares en comercios o empresas, pues por ley, la seguridad privada es deducible de impuestos y al momento de que una agencia no se encuentra establecida debidamente, es imposible la deducción

Informó que donde se puede registrar con mayor medida la irregularidad, es en los residenciales, donde en ocasiones las mismas sociedades de colonos buscan estás agencias para reducir los gastos, a pesar de que es lógico que una mayor especialización significa mayores costos. Indicó que la demanda de estos servicios es generalizada pues negocios como el de alarmas, también han registrado aumentos.

Proceso penal a negocios “patito”, proponen


Jorge Ríos Coss, responsable de la Regulación de Empresas Privadas en el Estado de Coahuila, informó que dentro de las reformas propuestas por el Gobernador Rubén Moreira, se encuentra tipificar como delito penal el trabajo de estas agencias de seguridad privada, ya que actualmente no existe alguna ley en contra de esta práctica y sólo se pueden clausurar los negocios irregulares.
Aseguró que hoy en día se encuentran en un proceso de concientización, pues los requisitos que la Fiscalía General del Estado pide a estas agencias, son características mínimas que todas las empresas serias tienen, independientemente del giro al que se dediquen.

Dijo que en una primera instancia se le invita a regularizarse y tengan acceso a la acreditación por parte de la Fiscalía, de no tomar en cuenta los llamados de las autoridades se procede y puede concluir en una clausura.

Dio a conocer que dentro del paquete de reformas que presentó el gobernador en materia penal, un punto importante es una reforma, para que se contemple como delito penal, el prestar servicios de seguridad privada sin autorización, lo cual permitiría a las autoridades contar con más acciones legales en contra de estas empresas irregulares.

Por lo que una vez que entre en vigor, de ser aprobada por los diputados se actuaría: “a quien se sorprenda sin dicha autorización será puesto frente al ministerio público y seguirá un proceso penal”.

Claves


Requisitos




Las autoridades estatales solicitan: el acta constitutiva de la empresa, RFC, contrato de prestación de servicios autorizados por la Profeco,


declaración ante la Secretaría de Hacienda, certificación del Programa de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Trabajo, estados financieros,


IMSS de los trabajadores, copia de las facturas de lo bienes que van a destinar al servicio y una fianza por cinco mil salarios mínimos, entre otros.

FUENTE:Milenio.com