Confirman procesamientos por explotación laboral en taller que hacía uniformes policiales
La cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva para los dueños de dos talleres clandestinos en donde personas eran explotadas para confeccionar uniformes policiales y empresas de seguridad privada.
Lo hizo la Sala II del Tribunal que ratificó los procesamientos por los presuntos delitos de "trata de personas agravado por haber sido cometido mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de autores y por haberse consumado la explotación".
Según consta en la causa, los tres acusados regenteaban talleres textiles en las calles Daract y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y en donde una familia con dos hijos menores de edad y otras dos personas, todos de nacionalidad boliviana, trabajaban en la confección de prendas de vestir, entre ellas "uniformes policiales y de empresas de seguridad privada".
La denuncia la hizo uno de las personas explotadas en el taller que pudo escapar del lugar ante la Policía Metropolitana, y a partir del cual el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso un allanamiento en los que se "secuestró gran cantidad de telas, máquinas de coser y distintos elementos de costura".
Uno de los imputados "se encuentra inscripto en los registros de la AFIP como fabricador de productos textiles desempeñándose en dicha actividad desde el año 1993", según consta en la causa.
Los acusados "han desplegado mecanismos de captación, traslado y acogimiento o recepción que consistieron en haber ofrecido y brindado trabajo y alojamiento a los damnificados aprovechándose del contexto económico altamente desfavorable en el que se hallaban, para consumar la finalidad de explotación laboral en los talleres textiles de los cuales eran sus titulares responsables", tal cual señalaron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
La Cámara Federal tuvo en cuenta que los ciudadanos extranjeros eran engañados con "un aviso de un periódico local para desempeñar la tarea de ayudante de costurero bajo la promesa de un sueldo mensual de 500 dólares".
Pues una vez en el lugar, se les imponía "jornadas muy extensas de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, con escaso tiempo de descanso durante el transcurso de la misma".
"Todos desempeñaban sus tareas sin contar con un contrato que regule su actividad y, en consecuencia, sin contar con los beneficios que les corresponden tales como aportes jubilatorios, obra social. Los lugares allanados contaban con infraestructura deficiente, falta de calefacción e higiene, falta de mantenimiento y seguridad, como asimismo instalaciones eléctricas precarias; siendo destacar que allí era donde tanto trabajaban como vivían, pese a lo cual no contaban con llaves, siendo necesario solicitar permiso a los encargados para retirarse, cada vez, aún por escaso tiempo", según los jueces.
Fuente: noticias.terra.com.ar