La Cámara de Diputados aprobó ayer una serie de reformas a la Ley Federal de Seguridad Privada, que obliga a los particulares que presten servicios en esa materia a entregar a sus clientes una relación y muestra física de los equipos que utilicen, así como un registro sanitario de los dispositivos de identificación personal que manejen.
Dichos particulares deberán presentar a quienes contraten sus servicios de seguridad privada, otra serie de requisitos para garantizar que no están vinculados o en complicidad con el crimen organizado.
Con 399 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, los legisladores dispusieron que la ley contemple que las empresas que brindan protección a cambio de un cobro “no suplanten a las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de dicha función”.
Diputados federales alertaron sobre el aumento exponencial de las empresas de seguridad privada y traslado de valores que operan al margen de la ley, por lo que es urgente impulsar una reforma para evitar la injerencia de consorcios extranjeros que invaden el sector.
El presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Humberto Benítez Treviño, del PRI, aludió a la venta de la empresa Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa), al consorcio estadunidense Brinks, y dijo que además de que la Secretaría de Economía debe cancelar dicha operación, se tiene que legislar para evitar este tipo de operaciones.
Por su parte, el diputado del PRD Arturo Santana, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, dijo que las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública tienen que intervenir para investigar y dar marcha atrás a la venta a la venta de Serpaprosa al consorcio Brinks.
Por lo que hace a la ley aprobada, se señala que las empresas privadas deberán presentar copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicaciones o red de telecomunicaciones, o en su caso, el contrato celebrado con la concesionaria autorizada, además de que los dispositivos, sistemas o procedimientos técnicos especializados tendrán que ser presentados físicamente y mediante una relación.
Al apoyar las reformas realizadas, la diputada del PRD Teresa Incháustegui aseguró que es obligación de las compañías de seguridad privada regular sus equipos tecnológicos y balísticos, porque “no tenemos ese control y estas mismas empresas, pueden eventualmente entrar en complicidad con organizaciones criminales”.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Antonio Miguel Ortega estuvo a favor de que se regule a las empresas que brinden el servicio de dispositivos de alarmas en telecomunicaciones.
FUENTE: www.cronica.com.mx