Empresas de Seguridad Privada podrían operar sin licencia (El Sol de Puebla - Mexico).

 
De junio a septiembre de este año, el número de empresas de seguridad privada activas vigentes incrementó de 107 a 123, no obstante aquellas con registro cancelado para operar en Puebla pasó de 100 a 105.
 
 Lo anterior se da a conocer en un listado que publica la Dirección General de Seguridad Privada (seguridadprivada.puebla.gob.mx), dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en el que se reporta que sigue en cuatro el número de empresas sancionadas.
 
 De las 123 empresas activas vigentes en Puebla, 96 cuentan con permisos cuya vigencia vence el próximo año y 27 que culminan este año.
 
 No obstante, las empresas Seguridad Privada Resguardo y Vigilancia del Valle de México y Stark High Tech, según se aprecia en el listado, tienen permisos que expiraron los días 2 y 11 de septiembre de este año.
 
 En cuanto a las empresas con registro cancelado para operar, son 105 las que se encuentran en este estatus, sin embargo, nueve solicitaron su autorización nuevamente y son: Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Servicio Panamericano de Protección y GSI Seguridad Privada.
 
 Además, las empresas Prosegur, Jonhfer en seguridad privada, líder MG, Corsep Corporativo de Seguridad Privada Jumeva, Seguritec Seguridad Privada y MSPV Seguridad Privada.
 
 Sobre las firmas sancionadas, el número de cuatro se mantiene de junio a septiembre. A tres de ellas se le revocó el registro con el que se les permitía operar en la entidad poblana y a la restante se le aplicó una multa económica.
 
 Las tres firmas a las que la SGG les revocó su registro, son las siguientes: Collins Seguridad Privada Integral, Servider y Lider MG. Uno de los motivos que comparten es la falta de pago de la revalidación del permiso ante la dicha dependencia que encabeza Jorge Cruz Bermúdez.
 

Proponen exámenes de confianza para empresas de seguridad privada en Mexico.

Las pruebas serían para evitar que malos elementos se sumen a esas compañías.

El Partido Social demócrata propone que quienes integran los cuerpos de seguridad privada sean sometidos a exámenes de evaluación y certificación de confianza, para evitar que malos elementos se sumen a esas compañías.
El proceso incluye examen toxicológico, evaluación sicológica, evaluación poligráfica, evaluación médica y la investigación socioeconómica.

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Refuerza SSP vigilancia con “Operativo de Contención Tabscoob”

Boletín R y TV 1909 Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre del 2015 Refuerza SSP vigilancia con “Operativo de Contención Tabscoob”  Con la implementación del “Operativo Tabscoob” la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) refuerza las estrategias de seguridad en aras de inhibir la incidencia delictiva en el estado en una estrecha coordinación con instituciones federales y estatales. Este plan de contención se activa para contrarrestar un posible delito de “alto impacto” como son asaltos a instituciones bancarias o comercios, privación de la libertad, vulnerabilidad a instalaciones públicas, entre otros.

A través de dicho operativo se realiza el cierre inmediato de las entradas-salidas de la ciudad de Villahermosa, y parte de las acciones es la revisión de vehículos y personas sospechosas realizando consultas al sistema Plataforma México. Ante tal situación se trabaja de manera coordinada entre instancias del orden federal como el Ejército Mexicano, Policía Federal y Procuraduría General de la República (PGR) y estatal como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Caminos (PEC). También se intensifica la búsqueda exhaustiva a través de las cámaras de video-vigilancia del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4).

 

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Piden que seguridad privada se someta a las pruebas de control y confianza

En los exámenes se hace una prueba toxicológica, otra psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica y médica

Debido a que en Coahuila hay alrededor de 400 empresas de seguridad privada que operan fuera de la ley, el Congreso del Estado estudiará la posibilidad de obligar a que los miembros de dichas compañías se sometan a los exámenes de control y confianza para determinar si son aptos para desempeñar su cargo.

La diputada del Partido Social Demócrata de Coahuila, Claudia Elisa Morales, presentó ayer una iniciativa de reforma al artículo 282 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila para que además de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, PGJE, Pronnif y Seguridad Pública de los municipios, también los de corporaciones de seguridad privada se sujeten a las pruebas de control y confianza.

“En nuestro estado existen un gran número de empresas dedicadas a ofrecer este tipo de servicio, lo que desconocemos es si la procedencia es confiable. La intención es crear la obligatoriedad para que las empresas de seguridad privada que laboran en la entidad sean sometidos a pruebas de control y confianza”, señaló.

Las pruebas de control y confianza, señala la exposición de motivos de la iniciativa, sirven para facilitar la identificación del personal competente y confiable, así como para instrumentar un proceso de evaluación riguroso y sistemático del personal en activo.

En los exámenes de control y confianza se hace una prueba toxicológica, otra psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica y médica, con lo que se determina si el interesado en desempeñar un puesto de seguridad es apto para hacerlo.

“Lo peor es que no sabemos la procedencia de los integrantes de estas corporaciones”, comentó Morales.

Se propone que el artículo 282 ahora incluya a los elementos de seguridad privada, quienes además se sujetan al Reglamento que Regula la Prestación de los Servicios Privados de Seguridad en Coahuila.

 

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El 911 recibe más de 100 llamados diarios porque salta la alarma

La cifra corresponde al primer semestre de 2015. Lo más llamativo es que el 97% arrojan resultados negativos cuando llega la policía. Advierten que esto “distrae” la labor de patrullaje del CPC.

Uno de los primeros informes realizado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito hace más de un año daba cuenta del esfuerzo que realizaba el Comando de Prevención Comunitaria (CPC) en responder llamados por alarmas que se disparaban en las casas. A casi un año de aquel informe la cosa parece no haber cambiado demasiado: en el primer semestre de 2015 se recibieron más de 100 llamados por día de empresas de seguridad que advierten a la central de emergencia que una alarma se disparó.

El dato, de por sí llamativo, se agrava cuando se conoce el resultado de esos llamados: apenas en el 3% el móvil policial que llega hasta el lugar se encuentra con un problema real.

“Deben arbitrarse medios para evitar que sea el CPC el recurso policial empleado para satisfacer las demandas de empresas privadas e, indirectamente, de los sectores de la sociedad local menos desventajados socioeconómicamente”, señalan las conclusiones  preliminares del informe del organismo a cargo de Tobías Schleider.

Los datos del informe publicado en la página oficial de la Municipalidad señalan que entre enero y junio de 2015 hubo 19.285 llamados al 911 por alarmas que se dispararon, lo que representa un 26% del total de llamados que recibió la central de emergencia y que son derivados al CPC.

El mecanismo es el siguiente: la alarma de una casa monitoreada por una empresa privada salta, la empresa privada da aviso al 911 y se envía el móvil del CPC asignado a la cuadrícula. “En el 97% de los casos el cierre de los llamados por parte de la autoridad policial fue negativo”, señala el informe y añade: “Esta circunstancia puede tener origen en que los llamados se debieron a errores humanos en la operación del sistema, fallas del sistema, o a situaciones en las cuales lo móviles despachados no pudieron determinar la existencia de una emergencia, porque se requiere una ‘verificación exterior normal’ sin siquiera apearse”.

Junio fue el mes más “eficaz” en cuanto a la respuesta a problemas reales y alcanzó el 9% del total: de 2.097 llamados 200 fueron positivos.

 

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