Ramírez anunció el inicio de un procedimiento administrativo contra la empresa, ubicada en la Quinta Pierina de San Román.
Explicó que no han renovado el permiso correspondiente para funcionar y usan armas de forma ilegal.
El general Ramírez indicó que el armamento incautado pasará a un proceso de revisión y pudiera ser destruido
La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas contrató los servicios de la empresa privada “Pcp Agencia” para conocer las condiciones operativas de policías estatales y municipales.
La recopilación de datos se hace mediante la aplicación de una encuesta de evaluación que empezó desde la semana pasada, misma que incluye preguntas que involucran la eficiencia o deficiencia del armamento, de equipo, de uniformes, de salario, de patrullas y las condiciones en que vive cada uno de los agentes policíacos.
Los resultados podrían estar listos para antes de diez días y serán entregados de manera directa a la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas.
La evaluación incluye a policías municipales y estatales, entre ellas personal adscrito a la Policía Estatal Preventiva, Policía Integral, custodios de los distintos Centros de Ejecución de Sanciones y personal operativo y administrativo del Centro de Cómputo Comando y Control (C-4).
De acuerdo con la información, son dos equipos de trabajo los que fueron desplegados y en los próximos diez días tendrán que entregar los resultados.
Según la página electrónica de la empresa “Pcp Agencia”, realiza proyectos de diseño, fotografía, marketing, video, audio, y eventos en general. Por lo que se observa, su principal cliente es el Gobierno del Estado, desde el 2007.
Entre los trabajos se encuentra la imagen institucional del gobierno del estado en el 2010, Manual de Identidad del municipio de Nuevo Laredo, Diseño y Formación de la Revista IMAGEN del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, Agenda Unidos Avanzamos 2010, convocatoria a concursos estatales del Instituto de la Juventud Tamaulipeca (ITJUVE), entre otros.
“Pcp Agencia” se ubica en la calle Hernán Cortés 125, de la colonia Pedro Sosa, de esta capital de Tamaulipas.
No da el ancho la Policía Preventiva para contener la ola de inseguridad y violencia que sufren los comerciantes establecidos de los mercados municipales, quienes han optado por pensar en contar con seguridad privada y terminar con los hurtos, robos hormiga, asaltos a las amas de casa y consumidores en general.
De hecho algunos comerciantes han optado por esta contratación de seguridad privada y que prefieren erogar un promedio de 200 pesos mensuales, con el fin de contar con vigilancia todos los días y hasta por las noches, dado a que se han registrado casos de hurtos y saqueos.
Indican que la Policía Preventiva no se da abasto para tener una cobertura en los cuatro mercados municipales, por lo que la seguridad privada es lo ideal para garantizar la seguridad a los vendedores, pero sobre todo a los consumidores que llegan seguros de que la administración de este centro de abastos les garantizará la seguridad que tanto esperan.
En otro orden de ideas hay protestas contra el administrador del mercado Municipal Cuautla, Martín Ramos, el cual aseguran acosa a las locatarias y que se la pasa de fiesta en fiesta hasta ser conocido ya como el "ajonjolí de todos los moles", situación que negó tajantemente, pero que hay un grupo de inconformes que pide su renuncia. Como en el caso de la administradora de Plaza Solidaridad, Noelia Arizmendi González, la cual los mismos comerciantes afirman que los trata con la punta del pie y se atreve a llamarlos marranos, por lo que exigen su salida inmediata de este lugar.
Dos guardas privados caen por supuesta violación
Dos policías de una empresa de seguridad privada fueron detenidos el miércoles pasado tras ser denunciados porque supuestamente violaron a una mujer de 19 años, el 29 de octubre, en Dulce Nombre de La Unión, Cartago
Los sospechosos descuentan tres meses de prisión preventiva, y fueron identificados con los apellidos Granados (29 años de edad) y Solís (43). El primero es vecino de La Unión y el segundo, de Granadilla, en Curridabat.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer caminaba hacia las 9:30 p. m. cerca de una clínica privada en San José cuando los policías privados la abordaron haciéndose pasar por agentes judiciales.
En ese momento, la amenazaron con un arma de fuego y la obligaron a ingresar a un vehículo marca Hyundai Tucson, propiedad de la empresa de seguridad G4S, donde laboraban.
Los individuos trasladaron a la mujer en ese auto hasta El Avance, un sitio solitario donde, al parecer, la ultrajaron y le robaron el celular. Allí, la víctima quedó desnuda y debió caminar varios metros para solicitar ayuda.
En la investigación, se ubicó el lugar de trabajo de los sujetos, donde se realizó la detención. También se allanaron las viviendas de los sospechosos y en una de ellas estaba el celular de la joven atacada.
El nombre de la empresa fue corroborado por el fiscal de Tres Ríos, Luis Fernando Guillén. La Nación intentó localizar en múltiples ocasiones a Álvaro Artavia, gerente de Operaciones de G4S, pero su secretaria indicó que se encontraba fuera de la oficina.
El 7 de noviembre, la empresa de seguridad Securicor Segura, propiedad de G4S, perdió la licencia de operación por incumplimiento de requisitos. Cuatro días después, reabrió sus oficinas
Vecinos cerrarán sus calles contra viento y marea.
Los colonos afirman que los habitantes de la Honduras tienen tres accesos independientes además del paso que ellos cerrarán contra viento y marea, así que no afectarán el derecho a la movilidad y libre tránsito.
Vivir amurallados y protegidos por guardias de seguridad privada es la determinación que tomaron el fin de semana los residentes de la colonia Víctor F. Ardón.
Durante una asamblea general, los pobladores reiteraron su respaldo a la extrema medida que han tomado los líderes comunitarios de la zona después de que la Alcaldía Municipal decidiera no incluirlos en el programa Barrios y Colonias Seguros.
Lorely Valle, presidenta del patronato de la comunidad, informó que desde el inicio el proyecto de convertir la colonia en circuito cerrado fue presentado a la Alcaldía.
“El señor Aníbal Erlher, gerente de Movilidad Urbana, hizo las inspecciones en la colonia antes de hacer público el programa que él dirige, supuestamente habíamos sido seleccionados como el barrio piloto y después nos sacaron de la nada”, afirmó Valle.
Según la líder comunal, el argumento de las autoridades locales para sacarlos del proyecto fue que -de acuerdo con el plano de la colonia- existe un conector secundario con la residencial Honduras, pero en el mapa original de la comunidad el predio donde se habilitó esa calle aparece como un área verde no edificable.
“Si el Presidente de la República cercó Casa Presidencial para proteger su seguridad por qué nosotros no podemos blindar nuestra comunidad que es una urbanización privada”, dijo.
Los colonos afirman que los habitantes de la Honduras tienen tres accesos independientes además del paso que ellos cerrarán contra viento y marea, así que no afectarán el derecho a la movilidad y libre tránsito.
Ante la negativa de las autoridades municipales de incluirlos en el programa, los residentes solicitaron un permiso especial a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) para construir en la mediana del anillo periférico las casetas de vigilancia y una entrada y salida de uso exclusivo para los moradores de la colonia.
Los afectados denuncian que con sus calles abiertas estaban expuestos a los asaltos, asesinatos y destrozos de sus vehículos, hechos que ya no ocurren gracias al cierre improvisado con ramas, palos, piedras y dos guardias.