El problema ha mermado las ganancias de las firmas en 5 por ciento en términos globales sólo en los últimos dos años
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio.- La severa inseguridad que asola las carreteras nacionales por el crimen organizado, ha disparado el costo de los seguros para el transporte de perecederos en 20 por ciento.
Aunado A ello, hay que contratar seguridad privada que cuide los tráileres, más personal vigía, la operación de los fletes y el apoyo administrativo.
Todo esto ha mermado las ganancias en más de cinco por ciento en términos globales sólo en los últimos dos años, aseguró Alfredo Moisés Ceja, corresponsable de la entidad México Calidad Suprema, especializada en el manejo de distribución de perecederos en todo el país y en mercados del exterior.
Pero aparte de ese 20 por ciento, dijo el especialista, los productores y los distribuidores “tenemos que pagar dependiendo la distancia, del punto de origen al de destino, pagar la seguridad con seguridad privada monitoreado por vía satelital”.
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Las agentes de seguridad privada tendrán que colaborar con la fuerza Pública y con cualquier otra institución de seguridad pública del Estado para el mejor ejercicio de sus funciones y para prestarles su cooperación.
Lo anterior se desprende del artículo 5 de la Ley 56 de 27 de marzo de 2011, que regula los servicios privados de seguridad en Panamá, salida este lunes en Gaceta Oficial No. 26795-A.
El documento, que entra a regir a partir de mayo de 2012, indica que la colaboración a la seguridad del gobierno no debe afectar los servicios contratados con relación con las personas, los bienes, los establecimientos o los vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieran encargados.
Las empresas de seguridad privada y los detectives privados presentarán en el mes de enero de cada año un informe sobre sus actividades ante la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, la ley, de 98 artículos, impide que las empresas de seguridad privada y el personal adscrito puedan ejercer algún tipo de control sobre las opiniones políticas, sindicales o religiosas o sobre expresión de tales opiniones.
Los agentes solo pueden comenzar con una edad mínima de 21 años - edad para el uso legal (porte) de armas en Panamá según la promulgada Ley 57 de marzo de 2011, que establece un régimen jurídico para regular las armas de fuego, municiones y materiales relacionados- y un máximo de 72 años en el caso de varones, mientras que oficiales mujeres de 21 años hasta 57 años. (La norma establece haber cumplido 18 años para el trámite de tenencia de arma de fuego).
FUENTE: laestrella.com.pa
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, dijo que la próxima semana se va a reunir con el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez y con el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, para ver cuáles son los alcances que tiene el anteproyecto de ley con el cual se quiere crear un nuevo impuesto para la empresa privada y que se trata en el fondo de una tasa de seguridad.
Viéndolo así por encima nos oponemos, ha habido un par de paquetazos que han impactado fuertemente en la empresa nacional, por lo cual nosotros creemos que lo que hay que hacer es reorientar y priorizar los recursos del Estado para dotarle de fondos a la Secretaría de Seguridad”, argumentó Ruiz.
En el criterio del empresario, deben desaparecer los programas que no tienen mayor trascendencia en el gobierno. Deben cerrarse y dotar de esos recursos a la Secretaría de Seguridad, además debe haber una claridad de cómo van a manejar esos recursos de la manera más eficiente.
“En la alcaldía de San Pedro Sula, Cortés, ya se paga una tasa de seguridad, por lo que si se aprueba en el Congreso sería un doble impuesto a nivel nacional. Aquí es de priorizar los recursos del Estado, porque la sociedad hondureña y los empresarios estamos clamando porque el tema de seguridad personal vaya mejorando porque ha ido deteriorándose poco a poco”, dijo el directivo.
“No conocemos a fondo los alcances de este impuesto de seguridad, la próxima semana nos vamos a reunir con los promotores de este anteproyecto de ley. Se habla de un impuesto de seguridad sobre el patrimonio de la empresa”, señaló Ruiz.
La Secretaría de Seguridad necesitaría 900 millones de lempiras adicionales a su presupuesto para cumplir con sus funciones. A consideración del directivo de los empresarios hay que dotar de recursos a este ministerio, tomando dineros del presupuesto de la nación y de otros renglones que de repente no son prioritarios, mientras que la seguridad sí es una prioridad. “El empresariado nacional ya está cansado porque se le ataca permanentemente”.
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Por varios minutos quedaron a espera de auxilio en el acceso oeste de nuestra ciudad y después fueron socorridos por nuestros bomberos voluntarios
Anoche alrededor de las 20:00 dos hombres que prestan servicio como seguridad privada resultaron con contusiones luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de ruta 126 y Avenida Mariano Moreno de Curuzú Cuatiá.
Los desafortunados fueron identificados como Rodolfo Vega y Antonio Córdoba-bonaerenses- que se desplazaban en un automóvil Volkswagen “Gol”, interno 109, dominio JAS 254 de la empresa Brújula S.A.
El accidente se habría producido cuando abandonaban Curuzú Cuatiá por ruta 126 con destino a Paso de los Libres y se desplazaban de oeste a este y repentinamente, por Avenida Mariano Moreno, de norte a sur, apareció un automóvil Peugeot color blanco, cuyos datos quedaron en manos de los agentes de seguridad, que impactó en el lateral izquierdo delantero provocando daños materiales en el “gol”.
Por varios minutos los agentes de seguridad quedaron varados en la ruta hasta que los bomberos voluntarios de esta ciudad lo trasladaron hasta un centro asistencial de salud para su observación médica.
FUENTE: www.eldiariodecuruzu.com
De acuerdo con la información financiera reportada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, durante el año fiscal 2010 este sector reportó ingresos operacionales (ventas) por 4.6 billones de pesos, lo que representa un incremento del 6%.
En cuanto a los subsectores, el de las empresas de vigilancia reportó los mayores ingresos con ventas por $3.7 billones, seguido de las transportadoras de valores con $425 mil millones; las cooperativas con $295 mil millones y las blindadoras con ventas superiores a los $92 mil millones .
En comparación con los ingresos operacionales del año 2009, fueron las transportadoras de valores y las empresas asesoras –en ese orden- las que tuvieron un mayor crecimiento en el sector con un porcentaje del 10,48% y del 10,17% respectivamente, seguidas de las cooperativas (8,76%), las blindadoras (8%) y las empresas de vigilancia (4,87%). En general, desde el 2007, el sector ha tenido una tendencia de crecimiento constante en facturación.
El subsector de las escuelas de capacitación lleva la batuta en este tema ya que pasó de contar con $20.574 millones en el 2009 a tener $49.749 millones de pesos en activos en el 2010; es decir, un incremento del 142%.
También presentaron crecimiento en sus activos las cooperativas (12%), las blindadoras (8%), las empresas asesoras (6%) y las de vigilancia (6%). Sólo las empresas arrendadoras mostraron tendencia a la baja con un 11% menos en sus activos que pasaron de $21.910 millones en 2009 a $19.521 millones en 2010.
FUENTE: www.lanotadigital.com