Cinco empresas de seguridad privada, localizadas en Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito han sido clausuradas de enero a junio de 2015, por no cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo al titular de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, César Román Díaz López, en esta primera mitad del año, se realizaron 154 inspecciones en negociaciones del rubro para detectar si operaban de manera irregular.

Entre las faltas gravas cometidas por las empresas clausuradas, está la operación sin el permiso correspondiente expedido por la SSPE, contar con guardias no registrados ante el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y sin carta de antecedentes penales.

También algunas de las empresas  realizaron el cambio de domicilio sin notificarlo lo cual también es considerado para la suspensión del servicio.

La clausura de dos empresas en Tijuana, una en Mexicali, una en Tecate y una en Playas de Rosarito, fueron de manera definitiva, ya que las faltas se consideran graves al no cumplir con todos los requisitos establecidos para obtener el permiso legal.

El funcionario explicó que durante las inspecciones en el Estado se detectaron y fueron sancionadas otras 45 empresas que no cumplían el reglamento para su correcta operación en dicho sector, pero se les pidió regularizarse y poner en regla la documentación solicitada.


Fuente: zetatijuana

Cinco empresas de seguridad privada, localizadas en Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito han sido clausuradas de enero a junio de 2015, por no cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo al titular de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, César Román Díaz López, en esta primera mitad del año, se realizaron 154 inspecciones en negociaciones del rubro para detectar si operaban de manera irregular.

Entre las faltas gravas cometidas por las empresas clausuradas, está la operación sin el permiso correspondiente expedido por la SSPE, contar con guardias no registrados ante el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y sin carta de antecedentes penales.

También algunas de las empresas  realizaron el cambio de domicilio sin notificarlo lo cual también es considerado para la suspensión del servicio.

La clausura de dos empresas en Tijuana, una en Mexicali, una en Tecate y una en Playas de Rosarito, fueron de manera definitiva, ya que las faltas se consideran graves al no cumplir con todos los requisitos establecidos para obtener el permiso legal.

El funcionario explicó que durante las inspecciones en el Estado se detectaron y fueron sancionadas otras 45 empresas que no cumplían el reglamento para su correcta operación en dicho sector, pero se les pidió regularizarse y poner en regla la documentación solicitada.

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Novedosa. La nueva legislación divide el servicio en cuatro tipos y manda a crear un registro nacional de seguridad privada

 

La recién aprobada ley de seguridad privada que tiene como propósito ordenar y reducir la informalidad en ese sector, y obligar a las empresas a cumplir con los derechos básicos de sus trabajadores, representará una novedad en el país.

En Nicaragua no existía una ley específica que regulara el funcionamiento de la seguridad privada, solamente una normativa administrativa de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional.

La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por unanimidad el pasado 10 de junio en la Asamblea Nacional.

Según el vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, diputado Filiberto Rodríguez, durante las consultas y el dictamen de la ley se encontraron cuatro formas de brindar el servicio de seguridad privada en el país: protección física, traslado de valores, la instalación de tecnología y cercas eléctricas y la capacitación.

Registro nacional

Asimismo, el diputado Rodríguez manifestó que otra gran novedad en la ley es que manda a crear el Registro Nacional de Seguridad Privada en el país.

“El registro tendrá entre sus funciones inscribir  a los prestadores de este servicio en una base de datos, así llevar el  control de sus socios, personal directivo y administrativo, tipo de licencia que posee la empresa, ubicación de las armas de fuego que están en  utilidad y las existentes en bodega”, detalló Rodríguez.
Agregó que la Policía Nacional, a través de la especialidad de Seguridad Pública, serán los encargados de crear el registro.

Costos de licencia

Por otro lado, el legislador especificó que los costos de licencia de operación de las empresas de seguridad privada  serán determinados por el número de personal y el tipo de servicio que brinden.

“Si el número de guardas oscila entre 11 y 30 el valor de la licencia es de ocho mil córdobas, si son entre 751 a más trabajadores el costo será de 120 mil córdobas”, concluyó Rodríguez.

Por su parte, el presidente de este órgano legislativo, Luis Callejas, señaló que también se establecieron diferentes obligaciones a las empresas de seguridad.
Señaló que una parte esencial de la ley es la exigencia a todas las empresas de seguridad de crear un fondo de US$2,000, que será entregado a las familias de los guardas que pierdan la vida en el ejercicio de sus funciones.

Seguro Social

De igual forma, indicó que se exigirá a las empresas que cumplan con el certificado de Seguridad Social, pues será el requisito elemental para tener la licencia de operación.

“Otra cosa importante es que las empresas deberán reportar el cambio de trabajadores, y garantizar en todo momento la Seguridad Social de los empleados”, explicó Callejas.

 

Fuente: elnuevodiario

 

El Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) informó que 38 empresas de seguridad privada fueron canceladas para realizar operaciones en el país, derivado del incumplimiento de la normativa legal en Guatemala para poder operar.
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Según la información, las compañías no cumplieron con los requisitos que estipulan los artículos 67 y 68 de la ley que regula los servicios de seguridad privada, normativa aprobada en el 2010.

Según el Ministerio de Gobernación, muchas empresas de seguridad no han presentado la nómina actual de su personal operativo y administrativo, así como tampoco el registro de armas de fuego y vehículos con que cuentan.

 

Fuente: soy502

 

De las ocho mil empresas de seguridad privada que aproximadamente existen en México, 75% –unas seis mil– son irregulares y representan una competencia desleal para las que se mantienen en regla.

Lo anterior se desprende de una investigación realizada por Ángel Noriega Cadena, pasante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana (UIA), en la que sostiene que los riesgos que representa esta situación para los ciudadanos son múltiples.

Titulada “La seguridad en manos del sector privado: cómo la seguridad privada ha desplazado al Estado en su función fundamental como garante de seguridad”, el estudio dice que dichas empresas carecen de infraestructura y no siempre investigan a las personas que contratan, además de que no les ofrecen capacitación para realizar su trabajo, seguridad social y, en algunos casos, ni siquiera les dan armas.

Fundador de la empresa Corporativo de Seguridad Privada Senocam desde hace cuatro años –con 50 empleados fijos y registro legal en la Secretaría de Gobernación–, el joven empresario consideró que para poner en regla a estas empresas, se deben “atender los vacíos que existen en el proceso de regulación, pues los requisitos que solicitan los estados y la Federación no están homologados”.

De acuerdo con un comunicado de la UIA, Noriega Cadena agregó que a pesar de la existencia de policías municipales, estatales y federales, “el número de empresas de seguridad privada está en crecimiento, a razón de 10%, impulsado en gran parte por el alto índice de desconfianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad de los mexicanos”.

De acuerdo con el egresado de la Ibero, el sector de la seguridad pública se compone de cinco modalidades: seguridad electrónica, traslado de valores, seguridad de bienes –guardias de inmuebles–, seguridad a personas y blindaje de automóviles.

Este último rubro es el que tiene más demanda, pues se ha incrementado a razón de 15% o 20% anual.

“La seguridad ha dejado de ser un derecho para convertirse en un bien comerciable, un producto más que se oferta en el mercado. La seguridad se está privatizando”, de acuerdo con el investigador.

El estudio ejemplifica con una encuesta realizada entre parejas de distintos niveles socioeconómicos, de la que se desprende que 84% de los encuestados preferirían confiar su seguridad a una empresa privada, pues la perciben más confiable.

 

Fuente: proceso

Incorpora funcionalidad domótica y accesorios para el cuidado de las personas dependientes destinada al hogar y la pequeña oficina.

Oplink Connected, con sede en EEUU, desembarca en España con su solución de alarma IP doméstica inteligente con funcionalidad domótica y accesorios para el cuidado de personas dependientes, destinada a utilizarse en vivienda y pequeñas oficinas. 

Con Oplink Connected, se minimizan los riesgos de robo o asalto en el domicilio o negocio ya que el usuario puede mantenerse informado en todo momento de posibles incidentes. También se puede monitorizar la vivienda mediante las cámaras IP para saber lo que ocurre en cada momento. Los accesorios domóticos permiten además el control de equipos electrónicos.

Además, los usuarios podrán equipar de una herramienta antipánico para comunicarse a sus familiares con algún tipo de discapacidad o personas mayores en caso de emergencia. El sistema Oplink es gestionado completamente mediante aplicación para smartphone e incluye la posiblidad de activar y desactivar la alarma, configurar accesorios y recibir notificaciones.

Algunas de las características que incorpora son su instalación y configuración sencillas, la gestión se realiza mediante App, la comunicación es IP a través de un servicio cloud lo que hace que las notificaciones push a la App móvil sean prácticamente instantáneas, permite varios usuarios concurrentes, la video verificación mediante cámaras IP integrada en la solución sin necesidad de adquirir productos complementarios de otros fabricates, actualizaciones automáticas de firmware en la centralita o de software en la App y disponibilidad de una amplia gama de sensores y accesorios en aumento.

El precio de esta alarma doméstica inteligente, distribuida en España por Vsiotech, es de 290 euros para un kit con cámara IP y sensores magnéticos puerta/ventana. 

Fuente: casadomo