Un tribunal de Montpellier (Francia) ha reconocido el derecho de una persona a desaparecer de Google. La hoy profesora Marie C. descubrió en 2008 que cuando se introducía el concepto "escuela de Laetitia" en el buscador de la compañía este mostraba enlaces a un vídeo pornográfico que ella realizó cuando tenía 18 años. Tras un largo proceso de solicitudes a Google por parte de la demandante, el juez ha determinado que la compañía debe eliminar esos enlaces. El juez considera que Google es responsable de un delito de invasión de la intimidad y puntualiza el derecho de los ciudadanos a desaparecer de los resultados del buscador.

En España, la Audiencia Nacional tiene pendiente decidir si obliga a Google a eliminar los resultados de cinco ciudadanos que no quieren aparecer en el buscador. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya les ha dado la razón, pero la compañía ha apelado ante los tribunales.

Lo que está en juego es el derecho al olvido que el director de la AEPD, Artemi Rallo, resume como "el derecho de cancelación de datos en el ámbito online". El buscador defiende que eliminar enlaces es una forma de censura, un argumento que el juez francés ha desestimado. Google plantea que son los que albergan el contenido los encargados de eliminarlo. "Eliminar un resultado del buscador no hará que el sitio web desaparezca. Sólo lo hará un poco menos visible", defiende Google.

"Ese es un argumento no válido y la sentencia francesa va en ese sentido", responde Rallo. "En ella se afirma que hay una responsabilidad compartida entre los que alojan y los que indexan", añade. La compañía explica que este es el motivo por el que van a recurrir la sentencia. "Google siempre cumple con las órdenes judiciales que solicitan la eliminación de contenidos, y en este caso se cumplió así. Sin embargo, hemos apelado la decisión en su análisis jurídico porque se aplica el mismo tipo de responsabilidad al motor de búsqueda y al propietario del sitio web, a pesar de las diferencias fundamentales que existen entre los dos".

Los cinco casos que están ante la Audiencia Nacional no son los únicos en España. La AEPD ha dado la razón a otros 88. Para Rallo, lo que está en juego es "la dignidad de las personas". "La ciudadana francesa tiene derecho a que se olvide su pasado, como los españoles que no quieren aparecer", señala.

Modificar la ley

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha anunciado esta semana que va a presentar antes del verano una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan exigir a las redes sociales que eliminen su información. "Quiero clarificar que las personas deben tener el derecho, y no sólo la posibilidad, de retirar su consentimiento al procesamiento de datos", añadió.

Rallo considera que redes sociales y buscadores son manifestaciones de lo mismo y que se trata de garantizar un derecho. "No es sólo un problema español, ni siquiera europeo. Es algo recurrente en todo el mundo". En la actualidad hay un proceso europeo abierto para renovar la directiva de protecciónde datos, que se redactó en 1995.