Todos hemos recibido alguna vez un catálogo por correo de una tienda en la que nunca hemos estado. Y ofertas de marcas que jamás hemos consumido. La estrategia comercial también existe en Internet, pero en un contexto legal mucho menos regulado. Los consumidores desconocen dónde acaba su protección y empieza el derecho de una empresa a guardar y explotar datos sobre ellos.
En Estados Unidos, el 96% de la población accede a Internet, según el Centro Pew de Investigación . Cada vez que encienden el navegador de su ordenador o se conectan a una página desde su teléfono móvil, sus pasos son registrados. Con una legislación menos avanzada que en Europa, la huella con los hábitos del consumidor, sus preferencias y localización tiene un precio: el que ponen las compañías dedicadas a recabar esos datos y venderlos después a anunciantes.
Sin embargo, borrar esa huella no está en manos del usuario. Los datos en nuestra cuenta de Facebook son, en realidad, de Facebook. Google decide cómo, dónde y durante cuánto tiempo guarda nuestra información. Los mensajes de Twitter los escriben los usuarios, pero el último dueño es Twitter.
El Gobierno de Obama quiere crear una declaración de derechos de Internet que termine con este agujero. Desde este miércoles, el Comité de Comercio del Senado estadounidense debate una propuesta que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca: una ley que proteja a los usuarios de las empresas que recogen y venden información sobre sus actividades en Internet.
"Creo que los consumidores deberían tener la posibilidad de entender y controlar qué información se está recabando y cómo va a ser utilizada", ha declarado el senador de Virginia Occidental John Rockefeller ante el Comité de Comercio y Ciencia. "Si estás en un centro comercial, puedes impedir que una persona grabe todas las tiendas en las que entras, los libros que consultas o los productos que adquieres. ¿No deberían los consumidores y usuarios de internet tener la misma protección?".
Una propuesta ambiciosa
La iniciativa llega en un momento de máxima preocupación sobre los derechos de los consumidores en Internet, las actividades desarrolladas por empresas que explotan sus datos y las garantías de protección de la privacidad. La Comisión Federal de Comunicaciones (FTC, por sus siglas en inglés) ya publicó un informe el pasado mes de diciembre con una serie de recomendaciones para proteger al usuario de Internet.
Según fuentes citadas por The Wall Street Journal y cercanas a la propuesta, la Casa Blanca respalda el proyecto de ley basado en las sugerencias de la FTC. Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente apoya legislación sobre la privacidad en Internet.
La propuesta Do not track (no rastrear), revelada por el diario The Wall Street Journal, crearía un sistema en el que las empresas estarían obligadas a pedir acceso a la información de los usuarios, preguntarles si quieren que se guarde su información y consultarles cuando quieran vender sus datos con un fin distinto de aquel por el que fueron recabados. Los usuarios, por su parte, tendrían acceso a sus propios datos, una garantía de que estos están guardados con protección suficiente y la opción de negarse a que se rastreen sus hábitos de navegación.
En la práctica, empresas como la tienda virtual Amazon, por ejemplo, podrían "recordar" el historial de búsqueda para mejorar nuestra experiencia de compra, pero no vender esa información a terceras empresas.
Los datos de las páginas a las que accedemos en Internet -incluidos los sitios que visitamos entre una y otra-, el tiempo que pasamos en ellas, los productos que buscamos, nuestros nombres de usuarios y contraseñas, las últimas entradas que compramos para un concierto o el lugar adonde fuimos de vacaciones son almacenados gracias a las denominadas cookies. Estas galletas son programas instalados en el navegador de nuestro ordenador que hacen más efectiva la navegación en Internet.
Pero en los últimos años se han multiplicado las empresas que se dedican a recabar esa información y venderla después. Son las compañías del llamado data mining. El negocio consiste en vender pequeñas porciones de datos a anunciantes. Éstos pueden contratar espacios publicitarios en páginas web a las que accedemos, incluso repetir el anuncio cuando pasamos de una página a otra para aumentar su efectividad.
En respuesta a la proliferación de estas actividades, la FTC norteamericana propuso en diciembre la creación de un sistema que permita a los internautas negarse a que los navegadores guarden sus datos. Es el sistema Opt-Out, que ya ha sido instalado por navegadores como Google Chrome, Safari, Mozilla o Internet Explorer 9. Pero es voluntario y sólo elimina la publicidad personalizada.
La propuesta Do not track aplaude las iniciativas de los programas, pero exige ir más allá. "No son suficientemente estrictas para poder aplicarlas a todas las empresas del sistema que no decidan participar en las restricciones", critica a Chrome, el navegador de Google. "La solución va más allá de la privacidad al obligar al usuario a elegir entre acceder al contenido o proteger sus datos", recrimina a Internet Explorer, de Microsoft.
Según Do not track, la solución actual carece de rigurosidad, no es suficientemente amplia y resulta demasiado compleja para los usuarios. En el caso de Google, por ejemplo, los internautas deben acceder al panel de configuración de sus cuentas y especificar qué datos puede guardar el navegador. "Cuando un consumidor exige que el navegador no guarde su información, anunciantes y proveedores de contenido de otras empresas deberían adherirse a tal petición", dicta la propuesta.
Impulso
El congreso de Estados Unidos no debate sobre privacidad en Internet desde el Gobierno de Bill Clinton en los años 90. "Los ataques del 11-S cambiaron todo", comenta Peter Swire, experto del Center for American Progress y asesor de Clinton en materia de Internet. "El Gobierno de Bush puso toda su atención en compartir información y arrasó todas las iniciativas para proteger los datos de los usuarios".
Según Swire, el contexto actual favorece a la propuesta para impedir la publicidad personalizada en internet. La primera iniciativa cuenta con apoyo de demócratas, republicanos y, por primera vez, también de la Casa Blanca.