Luego de que el 9 de septiembre de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que invalidó la ley orgánica expedida por la Asamblea Legislativa, sosteniendo que la facultad para emitir dicho ordenamiento corresponde al Congreso de la Unión, Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados aprobó una Minuta que tiene por objeto reorganizar dicha institución a fin de que pueda desempeñar las funciones que diversos ordenamientos atribuyen al Ministerio Público.

Dentro de las disposiciones que contempla la minuta se me mencionan las siguientes:

Se otorga a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la facultad de requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno.

El ministerio público podrá realizar visitas a los Centros de Reclusión y de Ejecución de Sanciones a efecto de que los internos, procesados o sentenciados, estén en posibilidad de formular querellas o denuncias de hechos probablemente constitutivos de delito.

Se crea la policía investigadora, la cual sustituirá a la Policía Judicial no sólo en nombre, sino en prácticas y métodos de actuación, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos.

Se establece que los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando del ministerio público, sin perjuicio de la autonomía técnica que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su consideración.

En concordancia con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se crea la Dirección General de Asuntos Internos, la cual llevará a cabo las investigaciones que servirán de base para instrumentar los procedimientos disciplinarios respectivos.

Se refuerza el Servicio Profesional de Carrera como un instrumento que no sólo respaldará la continuidad del personal que cumpla con los requisitos y objetivos de la Institución, sino que también asegurará que el personal de nuevo ingreso cumpla con el perfil necesario para desempeñar sus funciones.

También se incluyen incentivos para que los agentes investigadores desarrollen su trabajo de manera satisfactoria y con apego a la legalidad, razón por la cual se crea el Consejo de Honor y Justicia, órgano colegiado que se encargará de determinar las políticas de estímulos y recompensas de la Policía de Investigación.

Además, se considera a la ciudadanía como una instancia de opinión para la correcta toma de decisiones y la evaluación de la Institución.

Añade el comunicado que en general, el proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría capitalina es positivo porque aspira a establecer la protección y el pleno respeto de los derechos humanos mediante la transformación en la forma de investigar y procurar justicia.

El objetivo es adecuar la ley a la reforma constitucional que en materia de justicia penal se aprobó en 2008, brindando un aspecto más amplio a la protección de las víctimas del delito y a sus derechos humanos.

No obstante lo anterior, es de advertirse que se pueden realizar algunos cambios para mejorar la técnica legislativa, ya que se hacen remisiones a artículos que fueron modificados en el cuerpo de la misma, o bien, para subsanar omisiones como la falta de adscripción del Centro de Evaluación y Control de Confianza a la Procuraduría.

Del mismo modo, se pueden fortalecer temas como el combate al narcomenudeo, pues si bien se contempla que la Procuraduría tendrá la facultad de investigar delitos del fuero federal respecto de los cuales exista competencia concurrente, no se especifica el área que se encargará de investigar y perseguir la posesión, el comercio y el suministro de narcóticos en los términos de la Ley General de Salud.

En síntesis, es clara la necesidad de reformar esta ley que data de 1996, sobre todo para adecuar su funcionamiento orgánico a las reformas constitucionales que en materia de justicia penal realizó el constituyente permanente. Sin embargo, es imprescindible emitir un ordenamiento que atienda las preocupaciones de los ciudadanos, que cubra los parámetros que debe contener toda ley orgánica y que se encuentre en consonancia con las reformas que se han aprobado en los últimos años en materia penal.

La legisladora del PAN, señala que la impartición de justicia es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. "Por años, la gente ha vivido atemorizada no sólo de la delincuencia sino también de la arbitrariedad con la que actúan algunas instancias gubernamentales que tienen injerencia en el proceso penal", indicó.

Señala que de acuerdo con los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reflejan que en la mayoría de los asuntos penales no se garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial.

Agrega que de acuerdo a las investigaciones del CIDE, el sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente pobres y marginados, pues aproximadamente 2 de cada 3 internos provienen de hogares con marcadas carencias económicas.

El 73% de las detenciones ocurren a menos de 24 horas de cometido el delito. Lo que significa que no hay una verdadera investigación de los ilícitos, sino sólo detenciones en flagrancia.

El 93.7% de los internos afirma que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron, mientras que el 94% declara que cuando lo detuvieron lo llevaron a un módulo policial.

Entre 2002 y 2009 aumentó la cifra de detenidos que denuncian humillaciones y golpes por parte de la Policía Judicial y, en menor medida, por la Policía Preventiva y los agentes del Ministerio Público. De ello se concluye que los problemas de abuso de autoridad se dan fundamentalmente en la fase de detención.

Durante el mismo periodo de tiempo se observa que al 92% de los detenidos no le explicaron las diferencias entre la fase de la acusación y la de juicio, mientras que un promedio de 70% no fue informado de su derecho a hacer una llamada telefónica. Del mismo modo, al 72% de los detenidos no le informaron de su derecho a no declarar.

"Datos como los anteriores permiten afirmar que no se han detectado mejoras en el debido proceso legal. De hecho, el desempeño de las autoridades que participan a lo largo del proceso de impartición de justicia ha sido evaluado por debajo del nivel que se reportó en las encuestas levantadas por el mismo CIDE en 2002 y 2005", señala la legisladora.

FUENTE: www.radioformula.com.mx