Gobierno Reprueba gobierno del estado y municipios en transparencia

La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax) dio a conocer que el gobierno estatal y los municipios fueron reprobados en materia de transparencia en la primera evaluación que realiza el actual Consejo General, pues el primero tuvo una calificación de 55 puntos sobre 100 y los segundos de 50 en su conjunto.

También tuvieron calificaciones reprobatorias la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) con 56 puntos, el PVEM con 36, el Panal con 20, el PAC con 16, el PAN con 8 y el PRD con 8.

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tuvo una calificación de 92 puntos y el Congreso local de 80 puntos.

Este martes, los consejeros de la Caiptlax, Miguel Ángel Carro Aguirre, Mayra Romero Gaytán y Claudio Cirio Romero dieron a conocer los resultados que tuvieron los 137 entes públicos en la Primera Evaluación a los Sujetos Obligados 2011.

En conferencia de prensa, Carro Aguirre lamentó que a pesar de que los 137 entes cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, todavía existe un porcentaje de éstos que no acata dichas disposiciones y la mayoría de éstos corresponde a los municipios.

Ante ello, la Caiptlax ya analiza las posibles sanciones a que se harán acreedores los entes obligados que no cumplen con el derecho a la información pública de la ciudadanía, aunque los integrantes de ese organismo esperan aún que les proporcionen un informe de las causas por las que no atienden el marco legal.

La evaluación se realizó entre agosto y septiembre de este año, para lo cual la Caiptlax tomó como indicadores la habilitación del Área Responsable de la Información (ARI) y el conocimiento de esta oficina de los entes obligados. En este ejercicio utilizó la metodología de usuario simulado y cuestionario directo a los encargados de las ARI.

De acuerdo con la evaluación, en los ayuntamientos es donde se presenta el mayor número de indicadores negativos, en virtud de que en varios de ellos la operación de sus ARI no es la óptima y tampoco cuenta con su respectiva página web.

Con base en los resultados, en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno (Segob) es la que mejor sale calificada con 96 puntos en cuanto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, en contraparte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) es la peor calificada con un total de 4 puntos. En promedio, el gobierno central tiene una calificación de 55 puntos.

En tanto, el Poder Legislativo fue evaluado como Congreso del estado que tuvo una calificación de 80 puntos en cuanto al cumplimiento de la ley en la materia y como Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que salió con 32 puntos en el ejercicio.

Mientras que el Poder Judicial se evaluó como Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que obtuvo 92 puntos y como Consejo de la Judicatura también con 92 puntos.
En organismos descentralizados el mejor calificado es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) con 84 puntos y el peor es el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit) con un total de 24 puntos.

En organismos desconcentrados, el mejor calificado es el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala (ICET) con 80 puntos y el peor es el Centro de Estudios Superiores en Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET) con 16.

En fideicomisos, el mejor calificado es El Colegio de Historia de Tlaxcala con 84 puntos y el peor es el Patronato de la Feria de Tlaxcala con 48 puntos.

En organismos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) obtuvo 16 puntos y El Colegio de Tlaxcala (Coltlax) 12.

A su vez, en organismos autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) obtuvo 72 puntos, la Caiptlax 68, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) 60 y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 56.

De los partidos políticos, el PT obtuvo 88 puntos, el PS 84, el PRI 64, el PVEM 36, el Panal 20, el PAC 16, el PAN 8 y el PRD 8. En el reporte de la Caiptlax todavía considera existente a Convergencia, el cual obtuvo 16 puntos.

En cuanto a los ayuntamientos, el mejor calificado fue el de Benito Juárez con 96 puntos y los peores La Magdalena Tlaltelulco con 16, Santa Apolonia Teacalco con 16 y Totolac con 8. En promedio, este nivel de gobierno obtiene 50 puntos.

La metodología

La metodología utilizada en esta primera evaluación –de un total de seis que aplicará el actual consejo de la Caiptlax– consistió en simular la solicitud de información a las ARI.

De esta manera, en el indicador deatención a los usuarios, el 71 por ciento de las entidades públicas no preguntó hacia dónde se dirigía o no orientaron hacia dónde se dirigía el personal.

En cuanto a la señalética de la ubicación de la ARI, el 54 por ciento de los entes públicos no tenía indicaciones para llegar a la oficina. En indicativo de la existencia de la ARI, en el 48 por ciento de las entidades públicas no existe un letrero.

En el rubro de espacio y equipo de ARI, el 21 por ciento no cuenta con un lugar y mobiliario para que estas oficinas realicen sus actividades. Y en aporte del formato de solicitud de información, el 65 por ciento no proporciona el papel.

En el tema de formalización de la solicitud de información, en el 15 por ciento de los entes públicos no fue posible presentar la petición.

Y en auxilio en solicitud de información, en el 62 por ciento de las entidades públicas no le comentaron al solicitante sobre el procedimiento para presentarla.

Respecto del cuestionamiento de intención de la información, el 29 por ciento de las entidades públicas sí preguntaron al usuario para qué querían los datos que solicitaba a la dependencia, lo cual contraviene a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sobre la solicitud de identificación al usuario, el 16 por ciento de las entidades públicas sí pidió al usuario alguna credencial o documento para que pudiera presentar su solicitud de información, lo cual también contraviene la ley en la materia.

Respecto a la orientación en la solicitud de información, el 64 por ciento no lo hizo con el interesado y en tiempo de respuesta de la solicitud de información, el 48 por ciento no dio a conocer a la persona el tiempo en que le proporcionarían los datos.

Sobre los medios para recibir la información, el 57 por ciento de las entidades obligadas no comentaron a la persona sobre la forma como le entregarían los datos. Mientras que en acuse de la solicitud, el 21 por ciento no proporcionó este documento.

En cuanto al recurso de revisión, el 83 por ciento de las entidades públicas no mencionó que en caso de que la información no se le proporcionara o se le entregara de manera distinta a la solicitada, podrían presentar el recurso de revisión y en qué instancia.

Respecto del horario de atención, el 71 por ciento de las dependencias no cuenta con horario de atención al usuario; en cuanto a atención en la ARI, en el 45 por ciento no fue el titular de este espacio el que atendió o no los atendió ningún servidor público en la dependencia.

Las siguientes preguntas fueron hechas al personal de las ARI.

Sobre si sabían que existía un Comité de Información, el 24 por ciento no sabe quiénes son los integrantes de este organismo y en el 24 por ciento no aplicó.

En cuanto a las funciones de las ARI, el 10 por ciento de dependencias desconoce sus funciones y en el 24 por ciento no aplica. En cuanto a los requisitos de solicitud, el 17 por ciento de las dependencias desconoce qué requisitos debe contener ese documento y en el 24 por ciento no aplicó.

Respecto de los tipos de información, el 33 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación establecida en la ley en la materia y en el 24 por ciento no aplicó. En cuanto a la clasificación de tipos de información en la práctica, el 51 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación y en el 24 por ciento no aplica.

Sobre la reserva de información, el 29 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación que establece la Ley de Acceso a la Información y en el 24 por ciento no aplicó. Mientras que sobre la información mínima de oficio, el 20 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad y en el 24 por ciento no aplicó.

En cuanto a la actualización de la información, el 18 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad en la materia y en el 24 por ciento no aplicó; y en sistematización y publicación de la información, el 17 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad y en el 24 por ciento no aplicó.

Respecto al fomento a la cultura de la transparencia, el 21 por ciento no realiza alguna actividad para fomentar entre la población la cultura de la rendición de cuentas y en el 24 por ciento restante no aplicó.

Este estudio servirá para que se mejore la transparencia