El director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales (AEPDP), José Luis González, advirtió que el reclutamiento de menores por el crimen organizado a través de las redes sociales o la Internet es un fenómeno complejo que debe abordarse no sólo con normas para la protección de datos personales, sino también con acciones preventivas y educativas que involucre a autoridades, padres de familia y otros.

Los menores –indicó- son un colectivo especialmente vulnerable; el hecho de que incursionen en las redes sociales, donde aportan todo tipo de información personal, los coloca en situaciones de riesgos evidentes, por lo cual hay que incrementar los mecanismos de protección, indicó.

Entrevistado en el marco de los trabajos de la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, refirió que ese grupo de población tiene una atención especial en la Comunidad Europea, en donde se ha solicitado a los grupos privados de redes sociales y que proporcionan servicios que establezcan un mecanismo para que, cuando los padres detecten acoso cibernético, se envíe una alerta a las policías cibernéticas.

También indicó que existen los derechos de acceso, rectificación de datos, cancelación y oposición, conocidos como ARCO, los cuales estarán vigentes en México a partir de 2012, cuando entra en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Privados (LFPDPPP).

Mediante esa legislación, y según los principios que existen en los países europeos y de América, los ciudadanos tienen el derecho a saber qué datos tienen en sus ficheros las multinacionales y grupos privados; si los datos se ajustan o no a la realidad o están desfasados; el derecho a que se cancelen si no hay una relación comercial o se cancelen íntegramente los datos, así como el derecho a la oposición.

Lo fundamental es que los ciudadanos conozcan que tienen el derecho a que sus datos se usen exclusivamente para el propósito para el cual la empresa los recopiló, y no para otros fines.

Destacó que también los ciudadanos tienen el derecho al olvido cuando, por ejemplo, si alguien ya purgó una pena porque violó las leyes, una vez que sea reintegrado a la sociedad debe desaparecer de Internet el historial que exista sobre esa persona, porque de lo contrario lo persigue ese historial que se usa para negarle empleo y así se obstaculiza su reinserción social.

También ilustró con el caso de una joven que subió una fotografía en estado de embriaguez, motivo por el cual  las autoridades universitarias le negaron su graduación porque se consideró que la imagen atentaba contra el decoro.

González refirió que ese tipo de casos ya se evalúan en Europa, y que los resultados varían de país en país.

Puntualizó que independiente de la ley de cada nación, es indispensable establecerprotocolos con los grupos privados para evitar que el buscador en la web indexe información que afecte la intimidad de un ciudadano,los buscadores borren toda esa información de sus archivos y se eliminen enlaces en la página web para evitar que un pasado subsanado siga causando perjuicios.

FUENTE: www.jornada.unam.mx