RESUMEN: Nueva ley establece protección a datos personales en Chile

 

El gobierno de Chile publicó en el Diario Oficial la nueva Ley DICOM, que entró en vigencia hoy y que protegerá los datos personales de las personas físicas y jurídicas, después de que más un millón de personas se vieron afectadas.

La denominada "Ley DICOM", aprobada el 24 de enero, establece que ninguna empresa debe consultar a la firma de registros de información sobre actividad de las personas en el sistema financiero (DICOM) sobre asuntos no relacionados con la concesión de créditos.

Además, la nueva ley obliga a esa empresa borrar los datos de 6 millones de personas que hasta fines del 2011, tenían deudas de hasta 2,5 millones de pesos (unos 5.000 dólares).

El diputado opositor e impulsor de la iniciativa, Felipe Harboe, comentó que la principal modificación es que esta ley cambia la forma de acceso a esos datos, poniendo fin al acceso universal.

"Hasta ahora yo podía entregar el número de carné de una persona, pagar unos diez dólares y acceder a todos sus antecedentes comerciales. Ahora, eso sólo lo podrán hacer las personas jurídicas que se dediquen al comercio o a evaluar el riesgo crediticio", explica.

Explicó que "cada vez que alguien consultaba a una persona en DICOM aumentaba su riesgo y ahora sólo se califica el riesgo en base a un hecho objetivo, como la morosidad en el pago de una cuenta".

Por eso, DICOM perderá su principal fuente de ingresos, provenientes del pago de miles de empresas y personas por sus datos comerciales, ya sea a través de internet o en sus locales de atención a público.

"Tendrá que cambiar su modelo de negocios como lo ha hecho en otros países", sostuvo el legislador, quien hizo la campaña "Borra tu DICOM" que llegó a obtener un millón de firmas.

Con la nueva ley, cada ciudadano va a ser dueño de sus datos comerciales. Si lo piden para un trabajo, como está prohibido por ley, sería una prueba para multar a esa empresa.

Asimismo, los bancos y casas comerciales seguirán teniendo acceso a la información de DICOM, porque prestan dinero, y tendrán un plazo máximo de 72 horas para borrar de DICOM a los clientes que hayan pagado una deuda morosa.

DICOM es una empresa privada que mantiene un registro de información de acceso público acerca de la actividad de las personas en el sistema financiero y comercial, es decir, que archiva a deudores, cuyos nombres son remitidos por las empresas financieras.

La empresa actualiza el boletín de "Comportamiento Comercial", que se utiliza para dar seguimiento al comportamiento financiero de personas naturales y jurídicas.

Fue fundado en 1979 con la llegada de las tarjetas de crédito, que fueron traídas al país por entonces empresario Sebastián Piñera, actual presidente de Chile.

Este medio resultó ventajoso para las empresas financieras que quieren minimizar los riesgos de préstamos y créditos a deudores morosos y evitar estafas, pero también se utilizó para juzgar a quienes buscaban un empleo o acceder a servicios, con implicaciones graves.

La legislación podría marcar una nueva etapa en el nivel de protección de datos personales de los chilenos y extranjeros residentes porque hasta ahora "estar en DICOM" significada tener problemas, no sólo para pedir un préstamo, sino también para encontrar trabajo, aspirar a un subsidio para una vivienda o atenderse en un centro e salud.

Las deudas registradas pueden abarcan desde la cuenta mensual de la electricidad hasta el pago de un peaje en una carretera.

Estar en el boletín de morosos es un mal negocio en el país, donde hay expertos que han estimado en más de 1,2 millones las personas afectadas por esa base de datos, aunque algunos elevan hasta 2 millones la cifra. Para salir de la deuda, no sólo tiene que pagar su cuantía, sino también una cantidad a la empresa DICOM.

Más de 10.000 personas habían denunciado que, al acudir a clínicas privadas, se les negó atención médica por tener deudas, y situaciones similares se han dado a la hora de matricularse en colegios o universidades.

Como se esperaba, el proyecto de esta ley fue rechazado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), a la que las empresas envían los datos de los clientes morosos. Fin

FUENTE:Centro de Información por Internet de China