La Fiscalía deriva la destrucción de papeles de la Diputación a Protección de Datos
La fiscal jefe archiva la investigación que abrió tras el cruce de denuncias de Antonio Martínez Caler y María Luisa García Chamorro al no apreciar alcance penal en los hechos y descartar las calumnias
La Fiscalía de Granada ha archivado las diligencias de investigación penal que incoó a raíz del cruce de denuncias que protagonizaron el ex presidente de la Diputación granadina, Antonio Martínez Caler, y la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, por el caso de la destrucción de documentos de la institución provincial, una serie de facturas y escritos que supuestamente habían sido tirados a la basura y que llegaron en un paquete anónimo a la sede del PP justo después de que las últimas elecciones municipales dieran a este partido las riendas de la institución.
Ha sido la propia fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, la que ha decidido dar carpetazo al asunto, tras analizarlo en profundidad y descartar que se hayan cometido delitos de calumnias por parte de la dirigente popular o de infidelidad en la custodia de documentos por parte del ex presidente socialista de la institución provincial. No obstante, como explicó ayer a los medios de comunicación, ha acordado que se remita una copia del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos "para que valore si ha habido alguna infracción", debido a la información de carácter personal que contienen los documentos que originaron la investigación.
En total son 80 documentos, 60 de los cuales se corresponden con facturas o justificantes de gasto, y de los que la Diputación de Granada "tiene soporte informático de ellos". Los 20 restantes son escritos "sin interés, sobre postales o recortes sobre publicidad".
Según consta en un extracto de la resolución de la Fiscalía al que ha tenido acceso ese diario, los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la secretaria de los populares, acompañada del diputado provincial José Antonio Robles, ofrecieron una rueda de prensa en la que manifestaron que "camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación de la Diputación para destruirla". Este acto motivó la denuncia de Martínez Caler por posibles calumnias, pues aseguraba que esa afirmación del PP era "radicalmente falsa".
Al día siguiente de denunciar el ex presidente -aunque en aquellas fechas aún lo era-, Chamorro presentó su denuncia, por si la Diputación pudiera haber realizado "determinadas actividades contables" sospechosas y por eso se estaban destruyendo facturas. A estas denuncias se sumó una tercera, formulada por la Asociación Justicia de Pobres contra Martínez Caler por presunta infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Las tres denuncias se acumularon en un mismo expediente, del que se encargó personalmente Tárrago, quien ha concluido que no existe delito de calumnias, porque "no se ha imputado a persona determinada un hecho delictivo", es decir, cuando Chamorro y Robles comparecieron no acusaron personalmente a nadie, sino que "se limitan a denunciar unos hechos de los que habían tenido conocimiento". Para la fiscal jefe provincial, "no existe certeza de que actuasen los denunciados -Chamorro y Robles- movidos por un temerario desprecio a la verdad, en la medida en que acudieron a los medios de comunicación y a un organismo oficial competente, como es la Fiscalía, para poner de manifiesto unas irregularidades".
En cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documentos, la fiscal lo descarta porque el ex presidente de la Diputación no era el responsable de la custodia de los documentos originales y las fotocopias que aparecieron destruidos. "No se puede imputar en vía penal la acción de destrucción de los documentos por parte del denunciado Antonio Martínez Caler, al no tenerlos a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir, sancionable en otra Jurisdicción".
Junto a ello, y dado que se sospechaba que los papeles pudieron salir de la planta de reciclaje, el decreto de archivo resalta que ha quedado constatado, tras la laboriosa investigación policial, "que el papel que llega a la planta de tratamiento y clasificación de papel que es recogido de la Diputación está únicamente destinado a reciclaje y no a su destrucción, al no estar sujetos esos documentos a un protocolo de custodia y confidencialidad".
La Fiscalía ha constatado que efectivamente se produjeron servicios "adicionales" de recogida de papel de la institución debido a la acumulación del mismo, pero de los datos obtenidos por los investigadores policiales no se puede concluir "la existencia de hechos que revelen una actividad irregular".
Tampoco se ha podido determinar quién o quiénes dejaron en la sede del PP el paquete con los documentos, ni que éstos formen parte de los papeles que se retiraron para su reciclaje. En definitiva, como destacó Tárrago, "no se ha podido determinar que se hayan cometido delitos, ni el autor de los mismos".
Ha sido la propia fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, la que ha decidido dar carpetazo al asunto, tras analizarlo en profundidad y descartar que se hayan cometido delitos de calumnias por parte de la dirigente popular o de infidelidad en la custodia de documentos por parte del ex presidente socialista de la institución provincial. No obstante, como explicó ayer a los medios de comunicación, ha acordado que se remita una copia del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos "para que valore si ha habido alguna infracción", debido a la información de carácter personal que contienen los documentos que originaron la investigación.
En total son 80 documentos, 60 de los cuales se corresponden con facturas o justificantes de gasto, y de los que la Diputación de Granada "tiene soporte informático de ellos". Los 20 restantes son escritos "sin interés, sobre postales o recortes sobre publicidad".
Según consta en un extracto de la resolución de la Fiscalía al que ha tenido acceso ese diario, los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la secretaria de los populares, acompañada del diputado provincial José Antonio Robles, ofrecieron una rueda de prensa en la que manifestaron que "camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación de la Diputación para destruirla". Este acto motivó la denuncia de Martínez Caler por posibles calumnias, pues aseguraba que esa afirmación del PP era "radicalmente falsa".
Al día siguiente de denunciar el ex presidente -aunque en aquellas fechas aún lo era-, Chamorro presentó su denuncia, por si la Diputación pudiera haber realizado "determinadas actividades contables" sospechosas y por eso se estaban destruyendo facturas. A estas denuncias se sumó una tercera, formulada por la Asociación Justicia de Pobres contra Martínez Caler por presunta infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Las tres denuncias se acumularon en un mismo expediente, del que se encargó personalmente Tárrago, quien ha concluido que no existe delito de calumnias, porque "no se ha imputado a persona determinada un hecho delictivo", es decir, cuando Chamorro y Robles comparecieron no acusaron personalmente a nadie, sino que "se limitan a denunciar unos hechos de los que habían tenido conocimiento". Para la fiscal jefe provincial, "no existe certeza de que actuasen los denunciados -Chamorro y Robles- movidos por un temerario desprecio a la verdad, en la medida en que acudieron a los medios de comunicación y a un organismo oficial competente, como es la Fiscalía, para poner de manifiesto unas irregularidades".
En cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documentos, la fiscal lo descarta porque el ex presidente de la Diputación no era el responsable de la custodia de los documentos originales y las fotocopias que aparecieron destruidos. "No se puede imputar en vía penal la acción de destrucción de los documentos por parte del denunciado Antonio Martínez Caler, al no tenerlos a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir, sancionable en otra Jurisdicción".
Junto a ello, y dado que se sospechaba que los papeles pudieron salir de la planta de reciclaje, el decreto de archivo resalta que ha quedado constatado, tras la laboriosa investigación policial, "que el papel que llega a la planta de tratamiento y clasificación de papel que es recogido de la Diputación está únicamente destinado a reciclaje y no a su destrucción, al no estar sujetos esos documentos a un protocolo de custodia y confidencialidad".
La Fiscalía ha constatado que efectivamente se produjeron servicios "adicionales" de recogida de papel de la institución debido a la acumulación del mismo, pero de los datos obtenidos por los investigadores policiales no se puede concluir "la existencia de hechos que revelen una actividad irregular".
Tampoco se ha podido determinar quién o quiénes dejaron en la sede del PP el paquete con los documentos, ni que éstos formen parte de los papeles que se retiraron para su reciclaje. En definitiva, como destacó Tárrago, "no se ha podido determinar que se hayan cometido delitos, ni el autor de los mismos".