23
lugar ocupó Sinaloa en ejercicio
del CIDE sobre usuarios simulados.
30
años intentó el PRI reservar
los comprobantes del gasto.
6
años consecutivos se negó Aguilar
a revelar su declaración de bienes.
3
comisionados de CEAIPES propuso,
mediante procedimiento oscuro.
20
de julio de 2007 Congreso federal reformó Artículo 6 de la Constitución.
CULIACÁN. Cuando el 25 de mayo de 2010 el candidato opositor Mario López Valdez exhibió las mansiones de Jesús Aguilar Padilla, acumuladas durante su mandato, valuadas presuntamente en 45 millones de pesos, él guardó silencio.
Año tras año, y hasta el ocaso del sexenio, el Mandatario se negó a revelar su declaración patrimonial, escudándose en la "confidencialidad de datos", ante peticiones reiteradas de Noroeste.
La misma actitud asumieron los funcionarios del primer círculo de su gabinete.
Varios de ellos, señalados de supuesto enriquecimiento ilícito, o de irregularidades en manejos de recursos públicos.
Óscar Lara, su tesorero. Abraham Velázquez, su Secretario de Obras Públicas. Héctor Ponce, titular de Salud.
Todos callaron.
Oscuridad: el sello personal
Siendo el líder de la mayoría priista en la 57 Legislatura, el entonces Diputado Aguilar Padilla anticipó lo que sería un estilo personal de gobernar, el mismo de su antecesor Juan Sigfrido Millán: la opacidad.
El primer freno a la apertura lo "metió" él mismo, un 2 de abril de 2003, cuando la Legislatura que encabezada tomó un acuerdo de reserva por 8 años de las cuentas públicas.
Para ello utilizó un resquicio de la propia Ley de Acceso a la Información Pública, la fracción VI del artículo 20.
"(Será información) restringida la que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada", indica el texto legal.
El acuerdo se fundamentó en el artículo 55 de la hoy extinta Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Esto permitió a Aguilar, por casi 4 años, negar todo documento, factura, comprobante, póliza de cheque, que permitiera a los ciudadanos conocer el detalle en el manejo de los recursos públicos.
Y cuando una reforma federal de mediados de 2007 le obligó a "tumbar" esta restricción sui géneris, única en Sinaloa, su Gobierno creó otro "candado": elaborar "versiones públicas" de comprobantes de gastos.
La presión de algunos sectores sociales logró que el Ejecutivo matizara la intención.
Pero sólo "aceptó" entregar, íntegros, los documentos relacionados con la asignación de recursos públicos a empresas privadas, no así los de personas físicas, los cuales proporciona "tachados".
Ya el 29 de septiembre de 2006, el Gobernador había intentado incorporar una restricción mayor, para los comprobantes del gasto público: reservarlos hasta por 30 años.
Esto quedó plasmado en su iniciativa de Ley General de Administración, Conservación y Uso de Documentos y Archivos Públicos del Estado de Sinaloa.
En el artículo 46 del proyecto se establecía la reserva sobre los documentos de tipo administrativo, fiscal o contable.
"Estos documentos perderán tal condición", estipulaba la iniciativa, "cuando hayan cumplido 30 años contados a partir del día en que fueron elaborados y deberán de facilitarse para la investigación después de vencido el plazo".
Las críticas a la intención oficial mandó a la "congeladora" el documento.
Gasto discrecional
De 2005 a 2010 el presupuesto al Estado se duplicó, al pasar del 15 mil 434 millones de pesos, el primer año, a 29 mil 949.4, el último, de acuerdo con datos oficiales.
Esto sin incluir los excedentes que por ingresos petroleros llegaron de la federación, y los que, junto con los presupuestados, suman alrededor de 150 mil millones de pesos.
Ante la ausencia de órganos de fiscalización y transparencia autónomos, contrapesos en todo régimen democrático, Aguilar pudo gastar de manera discrecional, sin rendir cuentas, el presupuesto más alto en la historia de Sinaloa.
De esta opacidad da evidencia un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de Transparencia Mexicana, de junio de 2010, como parte de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.
Con esta acción la ONU busca precisamente impulsar la transparencia de los recursos públicos.
En el documento se advirtió de la opacidad de los programas sociales en Sinaloa y de cuatro entidades más, de las 12 que renovaron la Gubernatura.
"(Sinaloa es una de) las entidades con elección de Gobernador que no han participado, compartido información o con pocos programas incluidos en el sistema", se consignó.
Órganos a "modo"
En su sexenio, Aguilar y el PRI mantuvieron no sólo el control del diseño legal e institucional de los órganos de fiscalización y transparencia.
También maniobraron la designación de un Auditor Superior del Estado priista, Marco Antonio Fox, y de comisionados de acceso a la información pública afines.
"Si los órganos autónomos y ciudadanizados fueron pensados como contrapeso al poder establecido, su integración, funciones y alcance de sus decisiones, frecuentemente han estado sujetos al interés de los grupos de poder", concluyó Ernesto Hernández Norzagaray, investigador de la UAS.
Esto al reflexionar sobre el déficit que Sinaloa ha enfrentado en transparencia.
Para el Doctor en Ciencias Políticas y Sociología el diseño institucional de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado "sigue siendo limitado y lo sustantivo de su actuación se encuentra blindado".
Apertura forzada
Ante las resistencias que se estaban presentando en los estados para garantizar el derecho a la información, el 20 de julio de 2007 el Congreso federal reformó el Artículo 6 de la Constitución nacional.
El dictamen, avalado por unanimidad en el centro del país, obligó a las entidades a adecuar sus legislaciones locales, acorde con estándares mínimos.
Durante casi 4 años, Aguilar y su bancada se opusieron a cualquier modificación legal.
Y mandaron a la "congeladora" del Congreso, bajo control priista, las iniciativas del PAN, PRD y ciudadanos, que ya exigían cambios para terminar con la simulación institucional en este rubro.
Entre otros se planteaba la autonomía al órgano de transparencia, la eliminación de trabas y agilización de procedimientos, para acceder a información, y la incorporación de sistemas electrónicos para responder a solicitudes.
Fue 3 días antes de que venciera el plazo legal obligado por la Constitución federal, cuando la Legislatura sinaloense cedió a la reforma a la Ley.
El Gobernador aceptó sólo los mandatos "ineludibles".
A la par dejó en la legislación local en la materia y secundarias, disposiciones inhibitorias de este derecho, y reglas que siguen obstruyendo la transparencia y una efectiva rendición de cuentas.
Entre éstas, los altos costos de reproducción de copias, nueve veces más que el precio de mercado; la falta de sanciones ejemplares a los funcionarios que niegan el derecho; la ausencia de mecanismos de participación social, en la designación de integrantes del órgano garante.
A este panorama se suma la inexistencia de dos marcos jurídicos, que los especialistas consideran fundamentales para avanzar y consolidar este derecho democrático.
Una Ley de Archivos, para garantizar la organización y conservación de documentos oficiales, y otra de Protección de Datos Personales.
En ambos casos hubo nulos avances, en el sexenio que se va.
La entidad avanzó:
Rosa Lizárraga
--¿Es opaco el Gobierno del Estado?—se le pregunta a Rosa del Carmen Lizárraga, responsable por 6 años de la política estatal de transparencia.
--No lo consideraría así. Comparándolo con el resto de los sujetos obligados de otros estados del país, se ha dado información que se ha solicitado, son mínimos los recursos de revisión (inconformidades) que tenemos.
Sinaloa ha avanzado a nivel nacional en la materia, estamos situados por arriba de la media nacional.
Para la Coordinadora General de Acceso a la Información Pública la visión del sexenio fue de "apertura", y de "cumplimiento de la ley".
A partir del 15 de julio de 2009 en que entró en operación Infomex, el sistema electrónico para atender solicitudes, indica, se dio un "parteaguas" en la entidad.
Al 31 de octubre de 2010, según datos oficiales, se han recibido 4 mil 260 solicitudes.
Esta cantidad supera prácticamente las 3 mil 775 solicitudes recibidas desde que entró en vigor la ley, en abril de 2003, hasta antes de Infomex.
La ex vocera de Juan Millán pondera otro dato: en los casi 8 años de la ley, sólo ha habido 109 recursos de revisión.
La "lectura" que realiza sobre estos datos es que es mínima la inconformidad, y hay una "efectividad" en el ejercicio de este derecho del 98.2 por ciento.
Lizárraga admite que la demanda de información sigue concentrándose en grupos reducidos de la sociedad.
"Ha faltado que la sociedad se involucre más en el tema. Faltan ciudadanos 'de a pie que usen la ley', tenemos pocos, no en la cantidad que nos gustaría tenerlos", cita.
"Ha faltado que la sociedad se involucre más en el tema. Faltan ciudadanos 'de a pie que usen la ley', tenemos pocos, no en la cantidad que nos gustaría tenerlos".
Rosa del Carmen Lizárraga
Coordinadora General de Acceso a la Información Pública
Sinaloa, reprobado:
Fundar y Artículo 19
La Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa tiene "calificaciones reprobatorias", concluye un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.
La evaluación denominada Índice del Derecho a la Información en México fue realizada a partir del análisis de las 32 leyes estatales y la federal.
Los organismos no gubernamentales, de reconocimiento nacional, compararon los marcos jurídicos locales con la Constitución federal y los estándares internacionales en la materia.
La ley sinaloense ocupó el lugar 18 de 33 en cuanto a concordancia con la Constitución federal y el desarrollo de la legislación nacional en materia de apertura, transparencia y rendición de cuentas.
Y el lugar 19 de 33 respecto a los estándares internacionales y buenas prácticas que existen en el mundo, en la materia.
A media tabla, según CIDE
Otro estudio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, patrocinado por los órganos de acceso a la información del país, situó a Sinaloa "a media tabla" en la Métrica de Transparencia 2010.
En la evaluación a portales de Internet Sinaloa ocupó el lugar 14; en calidad de respuestas mediante usuarios simulados, el 12; en capacidades institucionales, el 18, y en normatividad, el lugar 12.
Pero en lo que se refiere al Poder Ejecutivo en particular, resaltó que éste ocupó el lugar 23 en usuarios simulados, esquema con el cual se midió la calidad de las respuestas entregadas.
Los resultados de ambos estudios contrastan con el hecho de que Sinaloa, a decir de los voceros oficiales, haya sido "pionero" y "vanguardista" en el tema, hace 8 años.
"Nos proponemos fortalecer los mecanismos de transparencia de un gobierno que aspira a consolidar la participación ciudadana para mejorar su calidad de vida y el sistema democrático…".
"Nos proponemos construir un sistema integral de rendición de cuentas para consolidar un gobierno honesto, transparente y responsable, que erradique conductas indebidas y de corrupción en el ejercicio de la función pública".
Jesús Aguilar Padilla
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010
LOS HECHOS
1. El Ejecutivo y su fracción "bloquean" por casi 4 años las reformas a la Ley de Acceso, que buscaban eliminar "candados" a la transparencia.
2. Intenta a través de una iniciativa de Ley de Archivos reservar por 30 años los comprobantes del gasto público.
3. Rechaza abrir a consulta pública la designación de comisionados de acceso, transparentar el procedimiento y darle autonomía a CEAIPES.
4. Un organismo de Naciones Unidas y Transparencia Mexicana exhibe la opacidad en los programas sociales del Gobierno del Estado.
5. Un estudio del CIDE revela que el Poder Ejecutivo ocupó el lugar 23 en usuarios simulados de la Ley de Acceso.
6. Fundar y Artículo 19 concluyeron que la ley de Sinaloa está "reprobada", respecto a la Constitución federal y estándares internacionales en transparencia.
LOS PENDIENTES
1. Establecer sanciones a funcionarios que nieguen información.
2. Dar autonomía constitucional de CEAIPES e independencia plena a Auditoría Superior del Estado.
3. Eliminar "candados" que inhiben el derecho a saber, entre otros, los elevados cobros por copias.
4. Expedir una Ley de Archivos, que obligue a sistematizar y custodiar los documentos oficiales.
5. Impulsar Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
FUENTE: www.noroeste.com.mx