La UE ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento, una vez más, de las directivas sobre depuración de aguas residuales urbanas. La Comisión Europea mantiene desde hace años un marcaje sobre el cumplimiento de las normas que buscan una adecuada calidad del proceso de limpieza de estos caudales.

España tiene abiertos en este momento cuatro expedientes por la falta de depuración de aguas residuales, que afectan a unos 800 núcleos de población repartidos por todo el país. La demanda que ahora ha presentado la Comisión ante el tribunal europeo se refiere a uno de estos cuatro expedientes y parte de un procedimiento de infracción abierto en 2003. El recurso afecta a siete núcleos de Andalucía, Cataluña y Galicia, cada uno de ellos con más de 10.000 habitantes. Se trata de “zonas sensibles”, es decir, enclaves en los que las exigencias de depuración son mayores por tratarse de áreas con valor ecológico o “destinadas a la obtención de agua potable”, como establece la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 1991.

Desde los noventa, España tendría que haber cumplido con esta directiva. Pero en siete “zonas sensibles” no ha sido así. Se trata de las aglomeraciones de Bollullos Par del Condado (Andalucía); Abrera, Berga, Capellades, Figueres y El Terri (Cataluña); y Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia).

En su escrito, la Comisión Europea recuerda que en diciembre de 2003 ya envió una carta de emplazamiento a España sobre esta falta de tratamiento de las aguas residuales. Bruselas apunta a que “el objeto del proceso ha venido reduciéndose conforme se iban regularizando por España las instalaciones de saneamiento, tratamientos y vertidos de ciertas aglomeraciones”. Pero indica que el incumplimiento “persiste” en las siete aglomeraciones de Andalucía, Cataluña y Galicia. Por ello, la Comisión Europea presenta su demanda, en la que pide “que se declare que el reino de España ha incumplido sus obligaciones”. Bruselas solo reclama que el Gobierno sea condenado a pagar las costas del proceso.

Esta demanda fue anunciada por la Comisión Europea a finales de noviembre. Bruselas resaltó entonces que España “continúa rezagada en la aplicación de la normativa”. “Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado” en las siete aglomeraciones mencionadas. Según la Comisión, los datos que el Gobierno facilitó eran “incompletos” o mostraban “que no se cumplen todavía los niveles exigidos”.

En 2011, el tribunal europeo ya condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente las aguas urbanas. Pero, de momento, el Gobierno se ha librado de las millonarias multas a las que otros Estados ya han sido condenados por este mismo motivo.

Santiago Martín, responsable de aguas de Ecologistas en Acción, critica la lentitud con la que está abordando Bruselas los incumplimientos. En su opinión, así se da tiempo a los Estados para que, a través de ayudas europeas, puedan cumplir con las directivas a pesar de haber expirado las prórrogas concedidas. Además, Martín sostiene que la Comisión Europea “no valora el funcionamiento” de las depuradoras. “Muchas están anticuadas y se han quedado pequeñas”, afirma.

Fuente: elpais