Algunas deudas ya son crónicas en la Argentina, como la falta de inversión directa en la super prometida limpieza del Riachuelo. Otras son más sorprendentes, como la falta de fondos para las fuerzas de seguridad o la ayuda para que los pobres puedan generarse su empleo, lo que contradice los discursos públicos y las demandas populares. Pero las fallas en la ejecución de fondos públicos son siempre palpables, reales como cualquier cosa que se pueda comprar y no se compre. En fin, cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron.
Cerradas las principales cuentas de 2010, está claro que fue otra vez un año de crecimiento macro para la economía argentina y que el gasto público aumentó a buen ritmo. En general hubo un alto nivel de ejecución, es decir que se gastó mucho de lo que había y todavía más, por aquello de que el gobierno había subestimado los ingresos fiscales para tener margen de maniobra y administrar los recursos a su antojo.
Hasta hoy, la Oficina Nacional de Presupuesto apuntó los egresos de fondos públicos entre el primer día de enero y el 26 de diciembre de 2010, cinco días antes del fin del ejercicio. El gobierno ejecutó hasta ese momento el 91 por ciento de los recursos, incluyendo los excedentes, de unos 50 mil millones de pesos.
Pero la letra chica demuestra que el gasto no fue parejo. Mientras que algunas áreas del gobierno gastaron todo lo que tenían previsto o más (Ver De Vido...), hay otros sitios donde los funcionarios no han gastado ni la mitad de lo que tenían. Esos fondos, con decretos correctivos, finalmente serán derivados a otros sectores o serán reasignados para el 2011.
¿No es la seguridad el mayor reclamo de la ciudadanía? ¿No lo indican todas las encuestas? ¿No es lo que acaba de reconocer Cristina Kirchner, cuando anunció, el 21 de diciembre pasado, el refuerzo de la seguridad del conurbano con 6.000 gendarmes? Sin embargo, no todo es lo que parece. El ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, hasta hace semanas estaba también a cargo del área de seguridad, de donde lo separaron tras la represión policial del Parque Indoamericano.
Desde su ministerio -entonces de Seguridad y Justicia- Alak contó con el “Programa de Administración Civil de las fuerzas de Seguridad”, destinado a reforzar con equipamiento a las fuerzas de seguridad del país. Durante 2010, ese programa contó por presupuesto con 567 millones de pesos. Se compraron chalecos, armas, tecnología de seguridad, pero mucho, mucho menos de lo que se podría haber adquirido. La Oficina de Presupuesto informa en su sitio oficial (sg.mecon.ar) que al 26 de diciembre el ministerio había ejecutado apenas 209 de los 567 millones disponibles. Una de las promesas que quedó trunca fue la del Plan de Protección Ciudadana, a través del cual el gobierno pretendía ayudar a la Provincia de Buenos Aires comprando 300 patrulleros e instalando 700 cámaras de seguridad en la vía pública de 40 distritos bonaerenses. Poco de eso se cumplió.
Las explicaciones son las de siempre. Las compras públicas son complejas, hay que cotejar precios, se produjeron demoras. Según los voceros de Alak, “en realidad se comprometieron ya unos 400 millones” del Programa, sólo que aún no se ejecutó en el Presupuesto. Lo cierto es que la falta de ejecución es coherente a toda la gestión de Alak. El ministerio ahora se dividió entre Seguridad y Justicia. En el área de Justicia -que es la que le quedó-, Alak marcó el récord de menor nivel de cumplimiento del gobierno. Contaba para el funcionamiento de ese sector con 1.158 millones de pesos y sólo gastó 628 millones, gran parte de ellos en sueldos, que se ejecutan en forma automática, mes a mes. Tenía, por ejemplo, 141 millones para el fortalecimiento del sistema carcelario, y sólo gastó 82 millones.
El nivel de ejecución no muestra necesariamente la eficacia de una gestión, pero sí la importancia que se le da a cada área, su nivel de prioridad. El miércoles pasado, la agencia oficial de noticias, Telam, mostró a una exultante ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner: “Hemos ejecutado el 99 por ciento de nuestro presupuesto”, dijo ella. La euforia parece justa, pero es incompleta, salvo que en los últimas días del año se hayan ejecutado cientos de millones de pesos. Porque ese ministerio tiene problemas en la gestión de uno de los planes de mayor relevancia en los barrios pobres, el plan de “Promoción del Empleo Social”, justamento uno de los programas que no sólo contiene el drama de la pobreza, sino que abre puertas para generar cambios de fondo.
Durante 2010, los vecinos de la Capital recordarán piquetes y protestas frente al ministerio de Alicia Kirchner. Eran organizaciones piqueteras enfrentadas al gobierno que solían reclamar porque no les llegaban los planes de empleo prometidos. Como respuesta, se les decía que la plata no alcanzaba para todos. Pero el programa de Empleo Social contaba con 574 millones, de los que se usaron sólo 385. Ese programa incluye la asistencia con fondos y herramientas de trabajo a las cooperativas y organizaciones de desocupados, para que puedan gestar sus propias salidas laborales. Si se analiza la distribución geográfica de ese programa, se puede verificar el criterio político, casi bisturí, de su puesta en marcha: el lugar menos atendido fue la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Mauricio Macri, a donde estaban previstos fondos por 372 millones y sólo se giraron 102 millones. Caso opuesto fue la provincia de Chaco, gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich, donde se inyectaron 60 millones cuando estaban previstos 7.
Hay programas menos conocidos pero importantísimos. El ministerio de Educación tiene un programa llamado “Acciones compensatorias de Educación”, que prevé transferencias a las provincias con problemas. Ese programa estimaba que iban a necesitarse 766 millones, pero apenas se usaron 390 millones. ¿Es que no fueron necesarios? Durante 2010, hubo siete provincias que no cumplieron con los 180 días de clase a los que obliga la ley. También en 2010 se conoció el resultado de la prueba PISA, un informe internacional de prestigio, que mostró un retroceso inédito en la calidad educativa argentina, colocándola por debajo de los países de la región.
Una marca registrada de la era de los Kirchner es la incumplida promesa de auxiliar a las pymes. Se habla mucho de ese sector vital de la economía, capaz de albergar a casi 9 millones de argentinos. Pero no hay caso. La Secretaría de Industria había reservado para el año pasado 132 millones de pesos destinados a dar créditos para las pymes. Pero al 26 de diciembre sólo habían utilizado 53,3 millones, el 40,4 por ciento de su presupuesto, de los cuales más de la mitad se fue en los sueldos del personal de la Secretaría. “Estamos en marcha y seguiremos en marcha”, dijo Cristina en un acto en Casa de Gobierno el 29 de setiembre pasado. Fue ante empresarios pyme a los que prometió “nuevos” créditos por otros 200 millones. Antes deberán ejecutar los ya ofrecidos.
Lo del Riachuelo, está dicho, es otro clásico. La cuenca atraviesa la vida de 3 millones de personas y está probadísimo que contamina y a la larga mata. Pero nunca se invierte lo que se promete. Durante 2010, de los 412 millones que tenía previsto gastar (incluyendo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo) el gobierno sólo ejecutó 168 millones. Esto, a pesar de las protestas del Poder Judicial, que llegó a multar a quien era el Secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni. Su reemplazante, Juan José Mussi, prometió que el Riachuelo será la prioridad de su gestión. Para empezar, podrá echar mano a los fondos asignados a la cuenca y a otros 122,7 millones que le derivó la Jefatura de Gabinete para “las políticas ambientales”. De esos 122,7 millones, sólo se usaron 19, el 15 por ciento.
En el análisis de los niveles de ejecución del Presupuesto, las empresas públicas ofrecen alguna sorpresa. Estaban previstos giros de 430 millones de pesos para las 33 empresas del Estado, pero sólo se giraron 64,7 millones. Los números son aquí algo engañosos, ya que hubo otros proveedores de fondos, como la ANSeS, que prometió “préstamos”de 1.200 millones a Aerolíneas Argentinas, según reconoció el presidente de la empresa, Mariano Recalde. Claro, esos fondos serán devueltos al fondo de los jubilados. ¿O no?
De la mala relación entre el gobierno y el campo se ha escrito mucho. También del buen momento de algunos sectores agropecuarios. Quizá ambas cosas expliquen la bajísima ejecución de los programas de la Secretaría de Agricultura, que se había reservado 871 millones de pesos y acabó usando 551 millones. Una distancia similar entre lo planeado y lo conseguido, muestra el ministerio de Ciencia y Tecnología, que gastó, al 26 de diciembre, sólo 557 de los 840 millones que tenía previsto para el “Programa de Fomento de la Ciencia”. Otro tanto sufrió el sector de las cooperativas de trabajo. El Instituto de cooperativas y mutuales (INAES) debía recibir 271 millones, pero consiguió 66.
Auxilio a las cooperativas, aportes para la educación, equipamiento para la seguridad, la limpieza de la cotidianeidad de millones, un empujón para los empleos chicos y los grandes. De todo eso, o de la ausencia de todo eso, se habla también en la letra chica del Presupuesto. Son números. Cifras. Y muchas, muchas vidas.
FUENTE: www.clarin.com