Punta del Este. Jueza de Maldonado explica cómo define "expulsiones" de personas sin residencia y con antecedentes Hubo retornos en diciembre "Si no hay seguridad no hay turismo", dice
La seguridad para los turistas es prioridad en Punta del Este. Por eso esta temporada la justicia aplicará, al igual que el año pasado, las políticas preventivas, que incluyen expulsiones de sospechosos que circulen por el balneario.
Desde el 15 de diciembre en adelante la Policía llevó a la justicia un promedio de tres detenidos por día que habían llegado a Maldonado desde Montevideo para delinquir, informó la jueza Adriana Graziuso, quien la temporada pasada dictaminó las polémicas "expulsiones preventivas" y está decidida a continuar con esa política esta temporada
El miércoles 22 los uniformados encontraron una pareja de adultos que había llegado a la península con sus hijos, menores de edad, "para robar en Gorlero". La familia reconoció sus intenciones y pidió retirarse, por lo que se convirtieron en los primeros "expulsados" de esta temporada. Como los adultos tenían antecedentes, el Patronato de Encarcelados y Liberados les facilitó los pasajes de autobús.
Además, a comienzos de la semana pasada efectivos de la Seccional 10ª de Maldonado recibieron denuncias de vecinos y detuvieron a dos hombres que rondaban por las calles de San Rafael. Ambos tenían antecedentes y como carecían de constancias de domicilio, o laborales, tuvieron que regresar a Montevideo. En este caso lo hicieron por sus propios medios.
Durante enero de 2010 el juzgado de Maldonado tuvo un promedio de seis o siete casos por día de los que se realizaron averiguaciones para determinar las expulsiones. Este diciembre el promedio diario ya oscilaba entre dos y tres casos por día.
"Si no hay seguridad, no hay turismo. Y si no ponemos un freno el Maldonado que se conoce va a desaparecer", asegura la magistrada, que también asegura que durante el año recibió varias felicitaciones. "Incluso ha venido gente a saludarme al juzgado y a pedirme que siga con esta política", contó: "una mujer llegó a regalarme un rosario y me dijo que era para que Dios me siguiera inspirando y continuara así".
Graziuso está decidida a arruinarles la zafra a los delincuentes. Ella misma definió el fenómeno como "una maraña humana que se instala a vigilar a todo el resto de la gente para ver qué pueden hacer ante el primer descuido". Así se refirió a los delincuentes que están "al alpiste" durante la temporada.
La magistrada fue precisa al explicar la manera de proceder, apoyando sus sentencias en la ley y en los procedimientos policiales. "La Policía es la que marca los procedimientos", di-jo. "Cada vez que se detienen personas se da cuenta a los juzgados, se los indaga por falta de documentación, por actitudes sospechosas, tratamos de averiguar qué es lo que está haciendo", explicó la jueza.
La clave del funcionamiento del sistema de prevención, asegura la jueza, son los vecinos. Los pobladores de la zona son los que se comunican con la Policía para avisar que hay sospechosos, o simplemente porque ven gente rondando.
"Nosotros no determinamos que las personas se tengan que ir de Punta del Este. Lo que pasa es que muchas personas no tienen documentación o están requeridas, hay algunos que están ocupando lugares públicos, se les hacen las intimaciones para que desocupen y te dicen que entonces se quieren volver a sus lugares", explicó.
Graziuso explicó que se hacen intimaciones y también se hacen procesamientos. "Muchas veces hay personas sin antecedentes que son procesados sin prisión, pero con obligación de no salir del radio de su domicilio por determinada cantidad de tiempo. Esa es una medida sustitutiva prevista por la ley 17.726 y es la que usamos", afirmó.
"Si la persona no está haciendo nada, nadie lo va a obligar a irse a ningún lado, pero en general los antecedentes de los que vienen a Maldonado son rapiñas y hurtos. Porque aprovechan la zafra, que la gente está distendida, que está en otra cosa, que viene gente con dinero… y eso es lo que se trata de prevenir y de disuadir".
Un porcentaje elevado de los delincuentes detenidos termina confesando que se había acercado al balneario para delinquir. "Cerca del 80% lo admite", dijo la jueza.
Además agregó: "Y aunque no lo confesaran, es evidente porque no tienen domicilio acá, son pseudoturistas, te das cuenta de que no son turistas, ni siquiera turistas de poca monta, porque no tienen medios ni para venir expresamente a un día de playa".
Aunque a priori el sistema de cámaras de seguridad que la Policía pondrá en funcionamiento podría aumentar la cantidad de detenidos, y por ende de expulsados, Graziuso considera que la consecuencia será a la inversa. "Yo creo que las cámaras van a disminuir las personas que finalmente tengan que retirarse, son una disuasión", afirmó. "Si saben que los están vigilando ya no se les hace tan fácil el delito, aunque es verdad que su estrategia del delito depende de muchas cosas, de ellos mismos y de lo que hagan los demás. Si ellos ya están advertidos de que hay una vigilancia, va a ser más problemático para ellos", agregó.
Cuando Graziuso determinó las primeras expulsiones, el verano pasado, fue blanco de críticas y algunos llegaron a afirmar que todas las personas eran libres para circular por cualquier lugar público. "Evidentemente que las personas son libres", responde la jueza a esas acusaciones. "Existen los controles policiales para la prevención y los ciudadanos tienen derecho a que exista una prevención del delito también. El derecho de circular es de todos, pero el de la prevención para que no se cometan delitos también. Las limitaciones a la libertad ambulatoria están previstas en las leyes" aseguró.
"Si nadie tiene nada que ocultar le dará la cédula a la Policía, contestará las preguntas y no andará vagando y tratando de estar vigilando a las demás personas".
LAS ACCIONES. El plan de seguridad para la temporada 2010-2011 alcanzará en las próximas horas su mayor nivel de ejecución con la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad en la península y el arribo de cadetes de la Escuela Nacional de Policía.
El jefe de Policía, Juan Daniel Balbis, explicó a El País que el sistema de cámaras de alta definición que puede ser empleado tanto de día como de noche, quedará operativo antes del próximo 31 de diciembre.
El sistema georreferencial permitirá monitorear todo el tránsito que sale y entra de la península con las cámaras de alta definición que cubrirán las dos calles de salida que cuenta esa zona del balneario.
Las cámaras permitirán establecer no sólo un control del tráfico y de lo que ocurre en tiempo real sino que, además, permitirá contar con un banco de imágenes para ser analizado en caso de ser necesario.
En materia de medidas tecnológicas también se espera la entrada en funcionamiento, en el corto plazo, de otro sistema de cámaras de seguridad que será instalado en la entrada de José Ignacio.
Cubrirán el ingreso y la salida de los vehículos y personas que circulen por la Ruta Nº 10 y por Camino Saiz Martínez, que conecta a José Ignacio con Ruta 9. La colocación de las cámaras de seguridad se cumplirá con el aporte de algunos empresarios de la zona a la asociación de vecinos de la Liga de La Juanita José Ignacio. Empero, Balbis puso en duda que esto ocurra en el corto plazo más allá del firme interés manifestado por los vecinos.
En la zona de José Ignacio, La Barra y Manantiales, el comando de la Jefatura de Policía dispuso el envío de un equipo permanente de la Dirección de Investigaciones a cargo de un oficial y varios efectivos. El trabajo de este grupo, que opera de particular, será apoyar a las tres seccionales de la zona. Las comisarías también fueron reforzadas con personal de otras reparticiones.
En el oeste del departamento de Maldonado, efectivos de la Seccional 5ª de Las Flores tienen a su cargo un puesto de control en el peaje de la Ruta Interbalnearia sobre el arroyo Solís Grande. La tarea no es completa porque no funcionan las cámaras de seguridad en cada casilla del peaje, según fuentes.
El plan de seguridad se ejecuta desde algunos días con la entrada en vigencia del plan "hora/ciudad" que involucra a medio millar de efectivos de Maldonado, 400 subalternos y 100 oficiales.
La Intendencia de Maldonado aseguró una partida de unos US$ 800.000 para el pago de horas extras. Desde el 20 de diciembre 7 policías conductores con sus respectivas camionetas, de los departamentos de Tacuarembó, Río Negro, Flores, Durazno y Artigas, se encuentran patrullando los barrios residenciales de la zona turística del departamento de Maldonado.
FUENTE: www.elpais.com.uy