Ha pasado un año desde que al ex alcalde David Barros Vélez le imputaron cargos por las cámaras de seguridad y once meses desde que lo acusaron por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero ambos procesos se encuentran suspendidos en la etapa de audiencia preparatoria. (Especial hechos Armenia 2010).
El proceso de las cámaras de seguridad comenzó el 18 de enero de la actual vigencia, en este el ex burgomaestre que está actualmente bajo detención domiciliaria, es acusado de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concurso de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, infracciones por las cuales también es enjuiciado el ex secretario de Infraestructura, Luis Hernán Giraldo Zuluaga, quien aceptó los dos últimos cargos en un preacuerdo que adelantó con la fiscalía en julio del presente año, quedando así pendiente del juicio oral para defenderse del primer cargo mencionado.
Actualmente la audiencia preparatoria está suspendida por una apelación adelantada por la defensa de Giraldo ante la negativa del Juzgado Segundo Penal de concederle la prisión domiciliaria.
El proceso que comprometió desde un comienzo al ex alcalde David Barros Vélez en se dividió en dos, es decir, uno en el que operó la condena de Giraldo Zuluaga por los delitos antes mencionados y el otro en el que es enjuiciado con el ex mandatario de Armenia Barros Vélez por peculado por apropiación. De igual modo, el ex burgomaestre tendrá que ir a juicio oral por falsedad ideológica en documento público y concurso de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Por otro lado, el proceso que inició el 21 de enero de 2010 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que involucra al ex alcalde Barros Vélez y a la señora Luz Elena Isaza Velásquez se encuentra suspendido ante las dificultades para realizar la traducción de la carta rogatoria —conformada por 300 folios en idioma inglés— y que fue aportada por la fiscalía por gestión diplomática del ente acusador por medio de su oficina de asuntos internacionales, dependencia que facilitó la colaboración y respuesta del departamento de justicia de Estados Unidos.
En las gestiones del Juzgado Penal del Circuito Especializado se asignó la traducción de los documentos a Luis Eduardo Romero, quien interpuso una tutela con la que exigía la remuneración de su trabajo, pese a que es por todos conocido que la justicia penal no cancela honorarios para los auxiliares de la justicia.
FUENTE: www.cronicadelquindio.com