Propios y extraños se preguntan qué paso con el anuncio de las cámaras de seguridad que iban a instalarse en las calles de la ciudad, anunciadas como una herramienta tecnológica que aportaría a la prevención del delito y, en el peor de los casos, como aporte para esclarecer los hechos de inseguridad ciudadana.
El interrogante es más frecuente aún por éstas horas, tras el paso de las horas y los día del espectacular atraco perpetrado en el Banco Industrial, hecho que dejó al desnudo -una vez más- la vulnerabilidad con la que se convive en materia de seguridad.
Si bien los principales cuestionamientos apuntan a la propia entidad financiera, donde quedó en evidencia su fragilidad frente a semejante acto delictivo que contó con una logística e inteligencia que dejó boquiabiertos a los propias autoridades policiales vernáculas, también el resonante hecho sirvió como disparador para dejar también el descubierto otras situaciones ligadas a compromisos, anuncios que no llegaron a cumplirse, al menos hasta el cierre de esta edición.
A saber, se trata de un anuncio del gobierno provincial para dotar de cámaras de seguridad a los distritos del territorio bonaerense, entre los que se encuentra Tandil en uno de los primeros lugares de una larga lista de espera.
Se habló de 10 cámaras, aunque desde Tandil se gestionó por seis más, gracias al aporte de los empresarios de las estaciones de servicio que asumieron el compromiso de colocarlas, específicamente aquellas que se encuentran en el ingreso-egreso de la ciudad.
Sobre el banco ya se expresó, aquello de contar con una sola presencia policial -mujer- hasta las 13, tiempo en que llegaba otro uniformado a las puertas. La instalación de cámaras de video dentro del local y no mucho más, frente a la cantidad de dinero que allí se cobijaba en las llamadas paradójicamete cajas de seguridad. Es más, investigadores aluden a que hay otras entidades crediticias incluso más vulnerables que la de ahora saqueada. Donde siquiera funcionan las cámaras montadas.
Pero precisamente a esta situación riesgosa ya la policía como las autoridades comunales habían alertado. Ninguno de estos actores quieren ahora expresarlo tras el atraco, pero lo cierto es que hubo reuniones con los gerentes de las respectivas sucursales bancarias y todos se excusaron de invertir más en seguridad de lo que venían haciendo, especialmente a partir de las directivas del Banco Central para reacomodar el mobiliario y demás menesteres que surgieron tras los resonantes hechos delictivos en Buenos Aires.
Tanto las autoridades policiales como municipales sugirieron tiempo atrás a los bancarios que se invirtiera en cámaras de seguridad callejera, pero todos hicieron mutis por el foro. Ahora, no pocos estarían repesando aquellas reuniones, habida cuenta que, de haber contado con estas herramientas tecnológicas hubieran servido para esclarecer el hecho, principalmente identificando a los sujetos cuando entraron y salieron del banco de calle San Martín.
Pero el des compromiso de los bancos no es exclusivo. Desde el plano político hay otro tanto. A saber, a comienzos de enero se confirmó desde la comuna que se había procedido a la adjudicación de la licitación privada para la compra de cámaras de vigilancia a instalarse en distintos puntos de la ciudad, como así también el montaje de una central de monitoreo, como parte de las acciones de prevención comunitaria y protección ciudadana acordadas con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La provisión del equipamiento, colocación y puesta en marcha del sistema fue adjudicada a la empresa Siternet SRL, por una suma de $ 315.100 pesos. Dichos fondos serán otorgados al Municipio por ese ministerio, quien deberá dar además la aprobación definitiva al proceso de licitación.
Como habrá de notarse, el Ministerio en cuestión aún no aprobó lo realizado por el municipio. Básicamente no entregó los fondos comprometidos para adquirir las cámaras.
El acuerdo en cuestión prevé que la Provincia realizará el aporte de dinero no reintegrable de la suma que resulte de las cotizaciones que el Municipio realice para la instalación de 10 cámaras de seguridad y una sala de monitoreo de las mismas, con el soporte técnico y civil necesario para su puesta en funcionamiento, de acuerdo a las pautas y especificaciones técnicas dispuestas por el Ministerio.
El 29 de diciembre pasado, el Director de Prevención Comunitaria del Municipio, Pablo Esquivel, mantuvo un encuentro con el Director General del Programa Integral de Protección Ciudadana provincial, Luis Algañaraz, a quien se le hizo entrega en forma personal del Convenio Marco de Cooperación Nｺ 61/10 con la convalidación realizada por el Concejo Deliberante y el decreto promulgatorio. Además, se entregó el expediente correspondiente a la licitación privada para su convalidación por parte del organismo.
En dicho encuentro, Algañaraz manifestó que es intención del Ministerio aprobar el expediente presentado con la mayor celeridad posible para poder iniciar el proceso de puesta en marcha del sistema de monitoreo y vigilancia.
La primera etapa del plan a instrumentarse en Tandil incluirá la colocación de 16 cámaras en diversos puntos, ya que a las 10 financiadas a partir del convenio con la Provincia se sumarán otras 6 en el marco de un acuerdo con los titulares de estaciones de servicio de la ciudad.
“La mayoría de las cámaras van a estar instaladas sobre las principales avenidas, en puntos de acceso y salida de la ciudad, más algunos lugares del microcentro y en inmediaciones de locales nocturnos”, había precisado el secretario de Gobierno municipal, Matías Civale.
FUENTE: www.lavozdetandil.com.ar