Los episodios que revelan la dialéctica de la inseguridad (o de la seguridad) son como mosaicos sueltos de un patio en la bruma: cada uno muestra una parte pero el todo no está siendo medido a partir de ellos. Por eso, en la misma semana, el gobernador puede dedicarle a la seguridad apenas un cuarto de carilla en su discurso de 31 páginas ante la cámara legislativa (y decir que "los índices delictivos decayeron en comparación con otros tiempos y la inseguridad es menor que en otros lugares del país") y, al mismo tiempo, la sociedad asiste a la conmoción que ha causado el asesinato de la jubilada Ester Rodríguez, atacada a la salida de un banco, luego de cobrar su jubilación. ¿Qué mosaico muestra el patio? ¿El del discurso o el del terrible episodio que nos ocupa? 

El Ministerio de Seguridad -cuyos funcionarios se quedaron callados ante los reclamos que ha generado el homicidio- exhibe cada tanto los avances en su llamado programa de Protección Ciudadana, basado en una estrategia de cámaras de vigilancia distribuidas en calles centrales del microcentro, en esquinas neurálgicas y en lugares clave de Yerba Buena, así como el aumento de policías y de vehículos dedicados -según se explicó- al patrullaje urbano. En esto se están gastando 30 millones de pesos (autos, cámaras y capacitación de agentes para el trabajo con las filmadoras) y por eso el gobernador describió como un logro de su política de seguridad la adquisición de esos equipos -entregados y costeados por la Nación- y la casi duplicación de la cantidad de efectivos policiales desde 2003 a la fecha.

Pero hasta ahora no se ha visto la efectividad de las cámaras, pese a que en declaraciones de jefes policiales se afirma que han bajado las modalidades de delitos en los nudos urbanos donde están esas filmadoras. De hecho, el acusado del ataque a la jubilada fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad del banco donde ella cobró sus haberes, que captaron cuando ella ascendió al vehículo, y no a las filmadoras de la Policía. 

Si nos atenemos a lo que dicen los comisarios, el microcentro es seguro. "Tenemos equipos de trabajo especialmente apostados en la zona bancaria desde el horario de apertura hasta el horario de cierre... Gracias a Dios, estadísticamente está comprobado que no tenemos estos delitos (salideras) en Tucumán. Y los pocos casos que hubo fueron esclarecidos", dijo el comisario Raúl Ferreira, director de Investigaciones.

Dos fallas

Pero si medimos por lo que dijeron los jubilados en los sondeos que hizo un cronista de LA GACETA el jueves (sondeos que, a la vez, no dejan de ser mosaicos), la sensación que tienen los viejitos al salir de los bancos es tremenda: son miles de personas al acecho de cualquier oportunista. De acuerdo a lo que dijeron los mismos policías que investigan este tremendo episodio, el detenido es un remisero irregular que actuaba fuera de las normas. Y de allí viene una pregunta: ¿no era que a partir del asesinato de Paulina Lebbos se había puesto en caja hace cinco años el sistema de autos de alquiler, que con la creación del Sutrappa se eliminaron los taxis y remises para que hubiera mayor control? ¿Quién y cómo hace los controles, si el detenido -como dijeron los mismos policías- tiene antecedentes por robo y maneja un auto de alquiler trucho? En su afán de dar informaciones que abonen la eficiencia de su pesquisa, los policías no advierten que a la vez están revelando dos fallas del sistema: la del Sutrappa y la de las cámaras de vigilancia, es decir, de dos estrategias elaboradas una al comienzo de este gobierno y otra hace pocos meses.

Zonas privilegiadas

La verdad es que las cosas no se modifican sustancialmente. Hace 20 días, cuando fue el asesinato del vecino Juan Manuel Leguizamón -el llamado guardián del barrio Terán-, tampoco aparecieron los responsables del ministerio de Seguridad Ciudadana para explicar por qué en ese vecindario ocurrían tantos robos. Unicamente una fuente policial dijo -a propósito del crimen- que en 2010 sólo hubo un homicidio en ocasión de robo, y que lo mismo ocurrió en 2009. "La mayoría de los crímenes está vinculado con conflictos vecinales y domésticos", explicó. Efectivamente, en Tucumán hay unos 50 homicidios por año y la mayoría no encaja en lo que se llama inseguridad pública. Pero las cifras no cambian, como se alteran las de los delitos.

Los hechos aislados nos impiden ver que este modelo policial está privilegiando zonas -el microcentro, Yerba Buena- que ya están protegidas por alarmas, guardias privadas y por policías contratados (que no evitan, no obstante, la proliferación de pungas, mecheras y motoarrebatadores) y que deja abandonados a su suerte a sectores más empobrecidos y más alejados de las zonas céntricas, que no pueden defenderse por sí mismos y que se ven obligados a enrejar sus casas por todas partes. Son los casos del barrio Terán y de toda la periferia del centro, cuya seguridad está a cargo de comisarías con escasos policías, vehículos y nafta, y de los hombres de la Patrulla Motorizada, cuando están. Un modelo que, en lugar de hacer mapas de riesgo para hacer prevención, corre a reforzar las zonas donde ocurren los hechos, mientras desprotegen otros sectores. ¿Alguien se acuerda del caso del jubilado atacado a la salida de un banco en Tafí Viejo, hace cinco meses?

Episodios de justicia por mano propia como los de avenida Roca y Alberdi y Corrientes y Monteagudo parecen revelar algo más que enojo vecinal frente al exceso de confianza de los delincuentes.; algo que la Policía, librada a la autogestión para diseñar la política de seguridad que nos abarca a todos, no alcanza a percibir. La cúpula policial vive en una burbuja y sus hombres miden el éxito de su trabajo por la cantidad de denuncias y de detenciones (de esto hay mucho) y no por la creación de un ámbito de mayor tranquilidad para la vida cotidiana.

El problema de la visión de mosaico es que no se puede ver el conjunto. En este esquema, no importa si hay hechos de corrupción policial (aunque haya habido episodios inquietantes como el de los presos VIP en El Manantial, siempre parecen aislados) y por eso el gobernador puede pensar -y decir- que en la Policía tucumana hace cinco años se hicieron todas las purgas necesarias y no hacen falta más. Por eso el jefe de Policía y el ministro de Seguridad Ciudadana pueden decir que el programa va viento en popa y quedarse callados ante episodios como el de la señora Rodríguez. En este esquema no entra ninguna discusión sobre mano dura o garantismo como la que desgasta a Buenos Aires. Visión de mosaico, cerrada, en la que se alternan episodios de calma chicha y de violencia, sin que nada cambie.

FUENTE: www.lagaceta.com.ar