Las cámaras de seguridad disparan el debate acerca de del derecho a la intimidad, protegido por la Constitución y el Código Civil, que castiga a quien “se entrometiere arbitrariamente en la vida ajena”.

Su utilización creció fuertemente en todo el mundo, especialmente en países que fueron víctimas del terrorismo internacional, como Estados Unidos, España y el Reino Unido. Otros países son más cuidadosos: en Nueva Zelandia, antes de instalar una videocámara se realiza una consulta a la comunidad.

En la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Protección de Datos Personales, examinó la aplicación de la ley 2602, que autorizó al Estado a instalar las cámaras. Uno de los requisitos ineludibles es que los ciudadanos deben ser advertidos con cartelería acerca de la presencia de una cámara, pero no siempre se cumple. Además, la Defensoría pidió al Gobierno porteño –sin éxito– que le informe cuáles son los estudios previos que se realizaron para elegir la ubicación de las cámaras.

Entre los abogados penalistas hay opiniones encontradas. “El tránsito de una persona por un lugar público no implica una renuncia total a su intimidad. Existen formas más eficaces de prevenir el delito”, dijo Pablo Slonimsqui. Para Adrián Tellas, “las cámaras cumplen el mismo rol que antiguamente cumplía el policía de la esquina. Su validez como prueba está aceptada”.

FUENTE: www.clarin.com