Las cámaras del Congreso llevaron muy alto sus expectativas de agenda legislativa, mismas que fueron cayendo hasta declinar definitivamente ante los temas prioritarios y de la agenda nacional como eran las reformas política, electoral, de seguridad nacional, de creación de una policía única, y de regulación al fuero militar, entre otras.

 

Los senadores y diputados presentaron al inicio de cada periodo de sesiones una agenda de compromisos que si bien la ley no los obliga a cumplir, sí les permite adherirla a sus plataformas de partido y electoral.

Los días previos a los periodos de sesiones se reúnen fuera de la ciudad de México, en playas, haciendas o ciudades que coinciden con procesos electorales, como fue el caso, en enero pasado, de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero.

El Senado aprobó cinco de las siete reformas que la Junta de Coordinación Política; fijó como agenda prioritaria la reforma política, la del combate del lavado de dinero y la disminución de una miscelánea electoral.

Pero los senadores pospusieron nuevamente el análisis y discusión de tres iniciativas enviadas por el Ejecutivo para enfrentar al narcotráfico y crimen organizado, así como regular el despliegue del Ejército en las calles.

Por segunda ocasión, la reforma para la creación del Mando Único Policial (que rechazaron hasta los senadores del PAN) y la reforma al fuero militar —a pesar de que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— vinculatoria al Estado mexicano, quedaron en trámite.

A la congeladora

En el periodo ordinario de sesiones, que concluyó el 29 de abril, el Ejecutivo presentó 145 asuntos; 132, relativos a ratificación de nombramientos.

Se fue a la congeladora la iniciativa para crear dos nuevos tipos penales para combatir al narco: “confabulación” y “facilitación delictiva”.

En la Cámara baja, la agenda quedó inconclusa y saturada de pendientes.

PRI y PAN elaboraron extensas listas de leyes nuevas, reformas de diverso calado, que abarcaban los temas fundamentales del país.

El PRD dijo que contaba con una decena de propósitos.

El entusiasmo del PRI, crecido por su condición de primera fuerza en San Lázaro, no bastó para generar un trabajo legislativo eficaz, y los panistas se propusieron iniciar 47 proyectos de ley y generar votaciones aprobatorias a un conjunto de temas en los campos económico, social, político, derechos humanos, seguridad, educación y desarrollo sustentable.

El cierre del periodo, el cuarto de seis de la Legislatura, trajo 94 reformas; siete son de nivel constitucional, como la de Acciones Colectivas.

Los diputados aprobaron reformas a leyes ya existentes, cuatro decretos sobre temas como el de transferir 15 mil millones de pesos a estados dañados por las heladas, y dos reformas para tipificar de delito grave, sin derechos a fianza o asistencias especiales, los delitos de secuestro y trata de personas.

Los legisladores, al corte del 14 de abril, no lograron expedir ninguna nueva ley, pero sí ratificaron la expedición de la Ley de Migración.

En los pendientes quedó la reestructuración de la PGR, que desaparece y deja el lugar a una entidad autónoma. Las secretarías de Gobernación y de Seguridad iban a reestructurarse.

Más todavía: la reforma a Ley de Seguridad Nacional, el Mando Único de Policía, el fuero militar y nuevas normas para combatir el lavado del dinero, así como legislación sobre protección civil, el servicio de energía eléctrica, del sistema penitenciario, de banca de desarrollo, que eran metas del PRI.

Entre los asuntos que llegaron a la meta, desde su trazo en la agenda legislativa, hasta la aprobación, fueron los de combate a trata de personas, sancionar con fuerza a la explotación infantil, y el nacimiento de una nueva Ley de Almacenamiento Rural.

FUENTE: www.eluniversal.com.mx