¿Usted siente que vive en un lugar inseguro? Usted, que está leyendo esto, debe tener una idea formada, según su propia experiencia. Quizá nunca lo asaltaron ni le robaron; acaso conoce a alguien que vivió una situación de esta índole y tal vez tuvo la desgracia de padecer un episodio violento. Pero su impresión será siempre personal y sólo podrá entrar como parte de un fenómeno social cuando se refleje en los índices de victimización, que permiten tener una idea de lo que pasa en una comunidad y definir si es o no es una sociedad segura. 

¿Por qué decimos esto? Porque los que se hacen cargo de la seguridad en nuestra provincia no se ponen de acuerdo, a pesar de que parecen tener un discurso similar. Así lo refleja la nota de ayer sobre la vigilancia, en la que el titular de la Cámara de Agencias de Seguridad de la provincia dice que crece la inseguridad, mientras que el jefe de la Policía tucumana afirma que no ha habido un aumento significativo y que incluso estamos por debajo de la media nacional en esta cuestión.

La forma de medir es siempre "a ojito", por intuición o por experiencia policial, como diría Raúl Zaffaroni, vocal de la Corte Suprema de Justicia nacional, que hace un año y medio denunció que en este país no se hacen estadísticas. Con pequeñas excepciones, entre ellas los relevamientos que tiene la Justicia (que, hay que decirlo, se basan en los informes policiales, que son los cuestionados) y las encuestas que, como la del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip) de la Universidad Torcuato di Tella, tratan de medir el delito en la Argentina.

Según el informe de Licip (basado en relevamientos telefónicos), el 42,5% de los hogares de la capital tucumana sufrió un delito en el último año, haya sido denunciado el hecho o no. La cifra creció considerablemente en octubre con respecto a septiembre, cuando se registró un 29,9%. En ese momento, los índices eran tan buenos que el director del Licip dijo que el NOA tendía a estar por debajo de la media nacional (a esa apreciación se refería, seguramente, el jefe de Policía). Pero la cifra de octubre daba vuelta las cosas.

Los expertos del Licip dicen que en el país hay una severa escasez de estudios rigurosos que permitan identificar las causas de la delincuencia y su aumento.

De allí vienen las diferentes percepciones. Marcial Escobar, titular de la Catesi, dice que antes las agencias de vigilancia se encargaban de la seguridad en countries y empresas grandes, y que ahora los contratan negocios de categoría mediana, como carnicerías, farmacias y drugstores. Frente a esto, el comisario general Hugo Sánchez, jefe de Policía, replica que la situación en nuestra provincia no es alarmante. Ambos, por cierto, reconocen que en la época de las fiestas aumenta el riesgo.

A las aseveraciones de los vigiladores privados hay que tomarlas con pinzas: ellos viven de vender seguridad. El jefe Sánchez está obligado a ser más político y decir que Tucumán es una provincia segura. Pero la Policía también vende seguridad. El sistema de servicio adicional es un negocio tan grande como el de la vigilancia privada, que crece junto con la sensación de inseguridad. Alarmas, vigilantes, perros guardianes y detectores electrónicos de toda índole se venden como pan caliente. ¿Quién se beneficia? Las agencias y los que hacen servicio adicional. ¿Cuántos son los que brindan este servicio? Los privados suman 2.500; los vigilantes públicos, no se sabe: de los 7.822 policías estatales, un gran número -que no se ha difundido- trabaja legalmente en adicionales (controlado por los jefes policiales) y también por su propia cuenta. Con ello los agentes acercan unos pesos a su ingreso familiar y contribuyen a un sistema que se retroalimenta y que en muchos casos está sospechado de corrupción.

Un círculo vicioso

A esto ayuda la ineficacia del modelo se seguridad que por un lado gasta 30 millones de pesos en un sistema de cámaras de vigilancia y por otro mantiene un teléfono 101 de denuncias que no funciona desde hace varios meses -según reconocen los mismos policías- y que incluso cuando anda bien no sirve para establecer cifras y pautas de delito y victimización, porque no se puede identificar los teléfonos desde donde se llama ni se puede evitar que los bromistas se hagan una fiesta con los operadores que reciben las denuncias. También se suma la autonomía policial que hace que se ignoren denuncias, como ocurrió con los agentes de Yerba Buena, descubiertos luego de haber desatendido a las víctimas de un asalto.

Se arma así un círculo vicioso: una Polícía que opera mal (mientras el mensaje oficial dice que opera bien) y un crecimiento del negocio de la seguridad sin que el lector sepa cuáles son las cifras reales y no pueda estimar, más que "a ojito" o por percepción personal, si vive en una ciudad segura o no. Pero tiene que pagar un sistema de alarma en su casa y alimentar a un perro guardián. Sin entender por qué.

FUENTE: www.lagaceta.com.ar