Un reñido debate político -ver Ultimas Noticias de ayer- no fue finalmente obstáculo para que la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad el proyecto de creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (Irpa). Es un paso importante en el prioritario esfuerzo que debe realizar el país para desterrar la violencia delictiva provocada por menores de edad, en un momento en que la opinión pública indica claramente que el de la seguridad ciudadana es el más grave de los problemas que afectan al país. El nuevo instituto será descentralizado y contará con algún grado de independencia del Inau, con el que mantendrá en sus inicios algunos lazos. Y será el Inau el que designe a su directiva.
No le atañe a estas columnas el entrar en la polémica política ni en las acusaciones cruzadas que ayer se ventilaron durante la sesión. Lo que sí corresponde es prestarle atención a lo importante, que es el acuerdo que finalmente condujo a la media sanción legislativa unánime del proyecto y el progreso que el Irpa puede significar en la atención de los menores infractores peligrosos. Un tema en que el Estado uruguayo viene fracasando desde hace ya muchos años y en toda la línea. Bajo la conducción del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay (Inau) ni se logró defender a la sociedad evitando la fuga constante de todo tipo de delincuentes peligrosos ni tampoco se avanzó siquiera un ápice en el esfuerzo por recuperar a los menores infractores, enseñarles un oficio o inculcarles valores distintos a los que los convirtieron en criminales.
Si hacía falta otra demostración de tal fracaso, en la antevíspera se fugaron de la colonia Berro otros tres menores, horas después de que las autoridades del actual Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) dieran cuenta en un ámbito legislativo de una caída importante en el número de fugas. Precisamente, el Semeji será la dependencia que será sustituida por el nuevo Irpa, pero este último con un grado menor de dependencia del Inau.
Las disposiciones del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes esbozan en el papel el ideal de un instituto de reclusión y rehabilitación de los jóvenes. La ley es el primer fruto de la comisión multipartidaria que sobre el tema seguridad se conformó en los comienzos de la administración Mujica y pone en evidencia un trabajo legislativo serio, orientado a atender en todos los aspectos el tratamiento de los jóvenes infractores, desde su contención a los esfuerzos a desarrollar para rehabilitarlos. Conviene entonces repasar sus principales características.
El proyecto de creación del Irpa determina que su conducción esté a cargo de una Comisión Delegada de tres miembros, designada por el Inau, con notificación previa a la Asamblea General. Así como sucede con el Semeji, la gestión ejecutiva estará a cargo de un gerente general mientras que existirá asimismo una Comisión Asesora llamada Intergubernamental de la que formarán parte delegados de los Ministerios de Educción, Desarrollo Social, Interior y Salud Pública.
En el decisivo tema del personal, el texto aprobado prevé que la nueva entidad tendrá una guardia especializada y compuesta por policías que tendrá a su cargo la vigilancia externa de los centros de reclusión. Pero también se crea un fondo para permitir que los funcionarios que actúen dentro de los locales sean formados en la Escuela de Penitenciaría del Ministerio del Interior.
Esta decisión aparece como de particular importancia, en tanto una de las mayores falencias del sistema actual tiene sin dudas que ver con el personal. El del Inau está preparado para trabajar con niños y no con peligrosos delincuentes y ese es -estas columnas lo han señalado en muchas ocasiones- uno de los principales motivos del actual fracaso. La norma también prevé la incorporación de medidas de seguridad electrónicas, como cámaras de vigilancia en el interior y exterior de los edificios que se utilicen.
La norma que obtuvo su media sanción prevé asimismo el ingreso al Irpa de nuevos profesionales: asistentes sociales, médicos y enfermeras, psicólogos y psiquiatras, profesores de educación física, y en el plano de la educación, docentes, técnicos en administración, ingenieros agrónomos y veterinarios, técnicos en informática, talleristas mecánicos e idóneos en recreación.
Se prevé que el Irpa ponga en práctica cuatro programas principales, el primero de los cuales tendrá que ver con la admisión de los internados y las decisiones sobre destino y tratamiento. Otro, con los menores infractores que no sean objeto de medidas de privación de libertad y un tercero para los menores a los que la Justicia les aplicó penas de privación de libertad. Por último, habrá un programa orientado a facilitar el egreso de los internados y su reinserción social.
La descripción anterior pinta a un instituto moderno y capaz de cumplir cabalmente con sus cometidos. No obstante, su diferencia esencial con el actual Semeji es el ánimo de que funcione realmente bien, expectativa que también tiene toda la opinión pública. A juicio de estas columnas ello solamente podrá ocurrir con un personal bien distinto al que hoy trabaja en el Inau -preparado para lidiar con delincuentes peligrosos- y con edificios que ofrezcan verdaderas garantías de seguridad. No obstante, cabe saludar este paso con la expectativa de que las buenas intenciones que animaron el trabajo de la comisión multipartidaria y del Parlamento también alienten la implementación de las nuevas disposiciones.
FUENTE: www.ultimasnoticias.com.uy