Las familias habían empezado a desocupar el complejo voluntariamente tras un diálogo con funcionarios porteños, cuando se produjo el siniestro; según Montenegro, los autores estarían identificados; no quedan ocupantes en el lugar
Finalmente, tras un diálogo con funcionarios porteños, los predios ocupados en el Bajo Flores fueron desalojados voluntariamente por las familias que desde marzo pasado se instalaron en el lugar.
"El predio está totalmente vacío", informó Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad porteño.
Además, el funcionario informó que cinco viviendas fueron incendiadas intencionalmente y que estarían identificados los responsables, a través de las cámaras de seguridad.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, que esta mañana llevó adelante las negociaciones con las 120 personas que ocuparon el predio, informó que el edificio no se encuentra en condiciones. "Falta el equipamiento básico, calefones, cocinas, puertas. Vamos a ponerlos en condiciones y los cinco departamentos van a ser reconstruidos para que puedan ser habitados por los vecinos del Riachuelo".
La reconstrucción queda a cargo del IVC, y el complejo estará custodiado por la Federal y la Metropolitana.
"El incendio ha sido producido por un grupo reducido. Aparentemente, cuando se estaba dialogando con funcionarios porteños, un grupo de personas comenzó a incendiar colchones", indicó Montenegro.
Sobre el destino de los ocupantes, Vidal señalo que fueron trasladados a la red de refugios y hogares del gobierno de la ciudad. "En principio, como no permitieron ser censados, tenemos que evaluar caso por caso. En varias oportunidades hemos dicho que no avalamos la toma de viviendas concediendo viviendas a los que ocupan", declaró.
El desalojo, previsto para primera horas de la mañana, había sido postergado por Vidal, hasta media mañana, por pedido de algunos ocupantes, que dialogaron con funcionarios del gobierno de la ciudad para llegar a un acuerdo.
Tras producirse los incendios, al lugar llegaron varias dotaciones de bomberos, mientras que efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana aguardan desde temprano en la zona.
Ya hubo varios intentos de desalojar esta zona. El último fue aplazado por la justicia porteña el pasado 18 de mayo y esa suspensión se convirtió en la cuarta desde febrero.
Según se pudo leer en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION, la medida fue adoptada por la jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro en virtud de la "instancia de mediación judicial" abierta entre las partes en conflicto -el gobierno porteño, por un lado, y los usurpadores, por el otro- y por la voluntad existente de arribar a una solución definitiva y pacífica de la toma.
La jueza también determinó en esa oportunidad que la Policía Federal mantenga el cordón de seguridad en torno del asentamiento para impedir que ingresen nuevos usurpadores. Según el censo realizado el 28 de abril por orden judicial, hay un total de 245 personas instaladas sobre las veredas de Riestra y Portela, con el consecuente perjuicio para los clubes y colegios que funcionan en la zona.
Como se recordará, mientras que los usurpadores exigen ser incorporados en planes de viviendas definitivas, el gobierno porteño niega esa posibilidad y ofrece el pago de subsidios habitacionales de $ 7000.
FUENTE: www.lanacion.com.ar