¿Cámaras de vigilancia en lugares públicos? No hay problema. ¿Inspecciones corporales electrónicas en los aeropuertos? Quizás. ¿Intercepción de correos electrónicos personales? Espere un momento.
Los mismos estadounidenses que cada vez más exponen sus vidas en Facebook y Twitter se muestran más reticentes cuando se les pregunta si el gobierno debería poner límites entre proteger las libertades personales y la lucha contra el terrorismo.
Diez años después de que los ataques del 11 de septiembre del 2001 llevaron a un incremento en las operaciones gubernamentales de vigilancia y espionaje interno, dos terceras partes de los estadounidenses dicen que es apropiado sacrificar algunas libertades y privacidad en la lucha contra el terrorismo, de acuerdo con un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Una pequeña mayoría — 54% — dice que si tienen que escoger entre preservar sus derechos y libertades y proteger a la gente de terroristas, prefiere preservar las libertades civiles. El público se muestra especialmente protector de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, expresando una fuerte oposición a la intercepción por el gobierno de los correos electrónicos y llamadas telefónicas de los norteamericanos.
Para algunos, su renuencia a sacrificar libertades es un reflejo de su convicción de que los terroristas eventualmente van a lanzar un ataque, no importa las medidas que se tomen.
"Si alguien quiere hacer algo, va a encontrar la forma", dice David Barker, un maestro retirado de Wynne, Arkansas, que afirma no estar dispuesto a a sacrificar ninguna libertad a cambio de mayor seguridad.
Otros dicen temer que sacrificar un derecho llevará a la pérdida de otras libertades.
"Es como abrir una rendija en la puerta, y entonces la puerta es abierta completamente", dice Keri Jean, una ama de casa de Elk Ridge, Utah.
El sondeo le pidió a los entrevistados que considerasen algunos de los dilemas con los que los tribunales y el gobierno han estado batallando en la última década, e incluso antes de los ataques del 2001. Y resulta ser que incluso los encargados de las políticas han zigzagueado entre perseguir activamente a potenciales terroristas y preservar la privacidad y las libertades individuales.
Dos terceras partes de los encuestados piensan que las políticas resultantes son una mezcolanza creada en reacción a los eventos a medida en que ocurrían en lugar de un plan claro.
Considérense las reglas de intercepción de correos electrónicos: A veces es legal y a veces no. Depende de cuán viejo sea el mensaje, si ya ha sido abierto por el receptor, si el que envía y el destinatario están en Estados Unidos y cuál tribunal de apelaciones considera el asunto. A veces los investigadores necesitan una orden judicial y a veces no es necesario.
El sondeo AP-NORC encontró que aproximadamente la mitad de los encuestados sienten que han perdido algunas de sus libertades personales en la lucha contra el terrorismo. ¿Valió la pena? Cerca de la mitad de los que piensan haber perdido libertades dicen que dudan que hayan sido necesario.
En general, seis de cada 10 dijeron que el gobierno está haciendo lo suficiente para proteger los derechos y libertades de los estadounidenses mientras combate el terrorismo. Pero la gente pudiera no saber a ciencia cierta qué sacrifica.
Ha habido una gestión reciente en el Congreso — infructuosa hasta ahora — para requerir que el departamento de Justicia estime cuántas personas en Estados Unidos tuvieron sus teléfonos y correos electrónicos monitoreados bajo una ley del 2008 que dio al gobierno más autoridad para espionaje interno. Y una reciente investigación de la AP reveló la existencia de una unidad secreta en la policía de Nueva York que monitoreaba la vida dentro de comunidades musulmanas.
El director de Administración de Seguridad del Transporte John Pistole, en un discurso reciente en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, mencionó el desafío de proveer seguridad sin pisotear las libertades civiles, diciendo: "Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo lo posible, al tiempo que respetamos la privacidad y las libertades civiles — hay mucho debate sobre eso — para asegurarnos que no ocurre otro 11 de septiembre".
Al margen de su inquietud por sus derechos personales, los estadounidenses — al igual que los autores de políticas y los tribunales — se muestran mucho más dispuestos a permitir intrusiones en las vidas de extranjeros.
Mientras que 47% de los estadounidenses apoyan permitir que el gobierno lea los mensajes electrónicos entre personas fuera de Estados Unidos sin una orden judicial, apenas 30% respaldan un monitoreo similar entre personas dentro del país. Y mientras casi la mitad de los encuestados apoyaron que el gobierno escuche conversaciones telefónicas entre personas fuera del país sin orden judicial, apenas una cuarta parte favorecen una intercepción similar de llamadas dentro de Estados Unidos.
Marc Rotenberg, director ejecutivo del Electronic Privacy Information Center, que se centra en libertades civiles y la privacidad, dice que los estadounidenses se mostraron sorpresivamente dispuestos a aceptar nuevas técnicas de vigilancia en los años tras los ataques del 11 de septiembre, pero que el péndulo parece haberse movido algo ahora en dirección opuesta.
"La gente ya no está igualmente dispuesta a aceptar esos sacrificios, especialmente cuando son inefectivos", dijo.
FUENTE: feeds.univision.com