Mientras que en otras ciudades del país las cámaras de seguridad colocadas en puntos estratégicos de sus calles han servido para ubicar a responsables de diversos actos delictivos -como el incendio intencional del Casino Royale en Monterrey o el ataque sufrido por un camión escolar en Huixquilucan-, en Juárez las casi 400 cámaras operadas en su totalidad por las autoridades federales han sido inútiles para arrojar resultados similares respecto a los diversos actos delictivos que registra la ciudad. Alrededor de 280 cámaras de seguridad instaladas por la Policía Federal y el total de las cámaras instaladas por la Cipol y el gobierno municipal en años anteriores -operadas localmente desde el Centro de respuesta Inmediata (Ceri) 060-, son monitoreadas en su mayoría desde el centro del país por elementos que desconocen las calles, intersecciones y condiciones locales, en circunstancias -además- de escasa o nula colaboración con las autoridades locales, lo que reduce sensiblemente su efectividad. Esta situación aunada al hecho de que en otras localidades del país como Cancún, Quintana Roo, se descubrió a finales de 2010 que todo el sistema de vigilancia estaba al servicio de la delincuencia organizada -pues las cámaras de vigilancia eran operadas por policías municipales al servicio del crimen organizado-, generan la inquietud de que una situación similar pudiera ocurrir o ya estuviera sucediendo en Ciudad Juárez.

Aun cuando personal técnico de la propia Policía Federal señala que particularmente en el caso de las cámaras instaladas por la corporación existen de tres a cinco filtros que impiden cualquier intento de acceso a las imágenes por los llamados hackers, nada garantiza que posibles actos de corrupción o la intrusión de técnicos altamente calificados y al servicio de las organizaciones criminales, eventualmente puedan burlar la seguridad de modo que las cámaras puedan servir para fines contrarios a los que originalmente fueron destinadas. Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), no descartó esta posibilidad al considerar que la opacidad y el manejo discrecional de la información siguen siendo aspectos que caracterizan a las instancias de gobierno que operan en la ciudad, situación que atentan contra las políticas que dicta la Ley de Transparencia y que en nada contribuyen a la generación de confianza en la ciudadanía.   "El asunto de las cámaras de seguridad es algo similar a lo que se ve en el caso del Camino Real o del Sistema de Transporte Colectivo, que fueron presentados a los medios por autoridades anteriores como grandes obras que simulan el éxito o el triunfo de una administración, cuando en la realidad no son más que simples proyectos de gobierno que al final nunca se concluyen ni quedan en óptimas condiciones para su uso", expresa. Aduce que en el caso de Ciudad Juárez existe una gran diferencia con otras localidades donde el uso de las cámaras ha permitido la identificación de criminales incluso con la colaboración de la ciudadanía, mientras que en esta frontera este tipo de información "que debería de ser compartida con la sociedad cuya colaboración puede ser muy valiosa" todo se maneja en el marco de una discrecionalidad que mantiene la información oculta de un modo que recuerda el tipo de control del "Gran Hermano" que se menciona en la novela 1984 de George Orwell. "Es algo a lo que no le veo sentido, todos deberíamos tener acceso a imágenes de estos hechos que suceden en la calle y con los que podemos colaborar, y no que sean manejados en lo obscuro, eso no genera confianza, máxime que es algo que se está pagando con nuestros recursos", aseguró. Por su parte Leticia Chavarría, representante del Comité Medico Ciudadano y quien forma parte de la Mesa de Seguridad integrada al plan federal Todos Somos Juárez, plantea serias dudas en cuanto a la efectividad que las cámaras de vigilancia puedan estar representando para la seguridad ciudadana. Al igual que para el representante de Cimap, para la activista social, la información es manejada en un completo secreto por parte de las autoridades federales, que -asegura- desde el principio se han manejado por su cuenta y sin ninguna acción de colaboración real con las autoridades locales que justifique la publicidad con la que se anuncia como uno de los objetivos cumplidos de la estrategia. "Es algo que todavía no está funcionando como dicen, nosotros como parte de la Mesa de Seguridad no tenemos acceso a ningún tipo de información relacionada con las cámaras, a pesar de que hay un comité ciudadano que se encarga de monitorear todo lo relacionado con el Ceri 060; ése es uno de los pendientes además de que no se ha logrado esa colaboración interinstitucional de la que se habló al principio", expresó. Señaló que en algunas de las reuniones se ha abordado el tema de la necesidad de tener acceso a las imágenes de hechos violentos registradas por las cámaras en tiempo real, que sin embargo ha sido siempre evadido por las autoridades, incluso en los casos que han involucrado a situaciones relacionadas directamente con el Comité Médico Ciudadano, tan delicadas como el secuestro y asesinato del doctor José Alberto Betancourt. Señaló que luego de que el médico fue secuestrado en diciembre de 2010 la Fiscalía General del Estado Zona Norte se negó repetidamente a las peticiones para compartir las imágenes del secuestro y del presunto responsable captadas por una cámara de seguridad, y que luego de la presión difundió más de un mes después cuando ya no existían las posibilidades para una colaboración efectiva del gremio médico. "Hay información que hemos visto de otras parte donde las imágenes son dadas a conocer casi de inmediato, cuando hay posibilidades de colaboración ciudadana, incluso en el caso del asesinato de Marisela Escobedo en Chihuahua se tuvo acceso a las imágenes, pero aquí en Juárez no, cuando hay casos en los que es necesario dar lo más rápidamente posible para aprehender a los responsables", expresa con desaliento. Niega que la colocación y el uso de las cámaras esté teniendo la efectividad que se publicita como uno de los logros de la estrategia federal, toda vez que esto debería traducirse en la reducción de los tiempos de respuesta de las corporaciones que establece una meta de entre seis y siete minutos que -afirma- sigue sin ser cumplida. "Ahí es donde yo evalúo qué tan efectivo puede ser que las autoridades estén manejando con efectividad las imágenes que captan las cámaras, eso me dice que no están sirviendo para nada", expresa, al tiempo que se dice inquieta de que el argumento de que el crimen organizado pudiera tener acceso a esas imágenes pueda ser real, pues entonces no sabríamos a qué atenernos. Datos del Gobierno federal publicados en el documento correspondiente al cumplimiento de las metas del plan Todos Somos Juárez, indican que las 280 cámaras operadas desde el Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) 060, funcionan en su totalidad en condiciones óptimas. El sistema de la SSPF es publicitado a través de este medio como uno de los más avanzados en América Latina con dos tipos de cámaras: las de seguridad que se encuentran a la vista de toda la ciudadanía para inhibir delitos, y las de investigación, ocultas en sitios vitales donde se mantiene gran actividad y operación relacionada con el crimen organizado. Cuando los espacios donde se llevó a cabo la instalación de las videocámaras fueron seleccionados, el Gobierno federal tuvo que colocar 16 torres de transmisión que permitieran mantener una capacidad de conexión de hasta dos mil aparatos, lo que dio la pauta para que el gobierno municipal lanzara la invitación a empresarios y ciudadanía en general para adquirir cámaras propias que estarían conectadas y monitoreadas desde el Ceri, a fin de brindar una mayor seguridad y vigilancia, proyecto que sin embargo no progresó. "Y qué bueno que no progresó", expresa Arturo, joven maestro de Sistemas Computacionales que a cambio de la reserva de sus datos expone con claridad cómo muchos de los sistemas de video vigilancia privada o doméstica ligados al Internet pueden ser fácilmente monitoreados por cualquier persona que conozca de computación. Asegura que incluso existen tutoriales de Internet que nos permiten tener acceso a lo que filman las cámaras de vigilancia privada particularmente de las conocidas como Axis que utilizan una misma cadena de acceso URL para sus servidores, la gran mayoría de los cuales no utilizan una clave para proteger las filmaciones, por lo que se puede acceder a ellas a través de una simple búsqueda en Google, ingresando un tren de caracteres específico en el buscador. "Las cámaras de seguridad de la Policía Federal sí tienen muchos mecanismos de protección, sé que son alrededor de tres a cinco candados porque tú no accedes directamente a las cámaras sino que tienes que hacer un recorrido a través de varios servidores y eso además está monitoreado de modo que cualquier acceso no autorizado puede ser detectado", expresa. No descarta que -sin embargo- operadores al interior de la corporación puedan ser susceptibles de ser corrompidos para compartir información, pero sí consideró muy difícil el acceso por la vía del hackeo.

FUENTE: nortedigital.mx