El pasado lunes 7 de febrero, el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, recibió a representantes de la Junta Vecinal de San Lorenzo y localidades aledañas, de la Cámara de Turismo y Comercio, y de la Cooperadora Policial local. En la oportunidad Kosiner, junto al jefe de la Policía y al director general de Seguridad, aseguró un pronto refuerzo de personal y logística. También aceptó la probabilidad de instalar una cabecera del 911 en San Lorenzo, una unidad montada y una dotación de motocicletas. Las autoridades policiales, por su parte, informaron acerca de las estadísticas sobre los delitos en el área de la villa veraniega y de sus planes para incorporar nuevas tecnologías de vigilancia y prevención.

Al poco tiempo se dio a conocer, a través de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, el intendente de San Lorenzo y concejales de ese municipio, que en semanas se dejaría funcionando una red de 15 cámaras de vigilancia, ubicadas en sitios estratégicos. Se acordó también poner en marcha el plan “Vecinos Alerta”, que busca potenciar la solidaridad entre vecinos y facilitar la comunicación con el Sistema 911.

Sin embargo, recién el 6 de agosto, tres semanas después del crimen y cinco mese después de la promesa de febrero, se conoció la Resolución de la Jefatura de Policía N§ 16582/11, por la que se dispuso que la dependencia policial de San Lorenzo fuera elevada al nivel de Comisaría.

La medida adoptada, supone la asignación de más personal y móviles, aunque en la oportunidad se aclaró que eso no ocurriría de inmediato. La recategorización aceleraría la instalación de cámaras de seguridad y la construcción de una sala de monitoreo. Pero, al ser consultados al respecto, personal policial aseguró que de las 15 cámaras, sólo tres están en funcionamiento. Las mismas están ubicadas en la escuela, la entrada al pueblo y la Municipalidad. Sin embargo, “que yo sepa, no hay ninguna cámara funcionando”, aseguró Armando Caro, de la Junta Vecinal de San Lorenzo. El dirigente vecinal informó de una reunión con el comisario Simón Pistan, que deslindó la falta de cumplimiento del compromiso en la dificultad para compatibilizar el sistema de las cámaras con el que utiliza el 911.

“De todo lo que se había hablado, no se cumplió con nada. Además existía una pugna para ver quién manejaba el monitoreo, si la policía o la intendencia. Por suerte, vemos que comienza a primar la razón, pero todavía hace falta mucho para cambiar la sensación de inseguridad”, señaló el dirigente Caro.

FUENTE: www.eltribuno.info