La controversia se ha generado por el objetivo del gobierno provincial de instalar cámaras de seguridad frente a 50 colegios con el fin de “prevenir hechos delictivos, venta de droga y situaciones de violencia”. Rápidamente, desde el movimiento estudiantil Secundarios Arriba, protegonistas en las tomas de los colegios el año pasado (ver informe especial), contestaron que con esta medida “se genera un pensamiento social en el cual los estudiantes, los jóvenes, somos los que producimos estos hechos”.
Secundarios Arriba intenta revertir la perspectiva planteada por el gobierno y, para ello, destacaron dos cosas: la primera, es que el Gobierno tiene para instalar cámaras de seguridad innecesarias pero “no tiene plata” para arreglar colegios, para cumplir los planes de obra cumpliendo la forma y los plazos; y la segunda, ¿por qué se fija a los adolescentes en la idea del robo, droga y violencia? ¿Por qué no se fija en los grandes mafiosos que están en el poder que manejan los negocios del narcotráfico, y se deja de juzgar al último eslabón de la cadena, un simple pibe, víctima de estas redes de negocios sucios que se realizan?
Finalmente, aseguraron que “la voz de los estudiantes no será callada. Seguimos en pie, y no vamos a permitir que este Gobierno Provincial acuse a la juventud de delincuente. Allá en la punta del Faro, se logra ver a la delincuencia mirando para abajo, riéndose y saludándonos con la mano. Los cordobeses y cordobesas la vemos desde abajo, desde acá, desde los barrios, desde las calles, con buena iluminación y todo”.
En este mismo sentido, Valeria Díaz, estudiante del Colegio Pre-Universitario Manuel Belgrano y militante del Frente de Estudiantes en Lucha (FEL) declaró que “la utilización de estos 6 millones y medio de pesos para una medida policial y regimentadora contrasta con el derrumbe edilicio en el IPEM 92 y el Leopoldo Lugones y de 3 colegios primarios que los estudiantes tuvieron que enfrentar a través de la toma de sus colegios mientras el gobierno miraba para un costado”.
Por otro lado, y en sentido contrario, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gremio docente, consideró que son insuficientes la cantidad de cámaras a posicionar para el seguimiento frente a media centena de escuelas. El titular de la UEPC recientemente electo, Juan Monserrat, indicó: “No está mal, aunque son muy pocas”. También agregó que “hay muchos delitos contra las escuelas que no se conocen publicamente aunque sí se denuncian a la Policía”.
Este anuncio de que se colocarán cámaras de vigilancia en 50 escuelas de Córdoba, fue enfáticamente rechazado por la trabajadora docente Laura Vilches, candidata a Legisladora Provincial por el Frente de Izquierda. “Pareciera ya una provocación de parte del Gobierno Provincial que gasta 6,5 millones de pesos mientras hace tan sólo semanas los estudiantes del Colegio Carbó tenían que soportar la caída de un techo”, declaró la candidata militante del PTS.
El ministro Carlos Caserio precisó que “las cámaras son similares a las que ya están instaladas en otros sectores”. Mientras que Walter Grahovac, ministro de educación provincial, estimó: “Se usarán para proteger el entorno de los establecimientos en una primera etapa de un plan piloto que se proyectará más adelante hacia otros establecimientos. De esta manera, se podrán prevenir delitos contra las escuelas durante el día y la noche como así también controlar el expendio de drogas en torno a los establecimientos educativos”.
FUENTE: www.cbanoticias.net