Durante las últimas semanas se han abierto nuevos debates relacionados con la seguridad pública.
Distintos operadores del sistema penal alertan sobre la existencia de fallas en el proceso penal que impiden la aplicación de “prisiones preventivas” a delincuentes atrapados in fraganti o sospechados de la comisión de delitos muy violentos.
En respuesta, distintos funcionarios judiciales opinan que para modificar este régimen es necesaria una reforma constitucional.
Paralelamente algunos prestigiosos jefes de Comisaría de Comodoro Rivadavia han manifestado públicamente su preocupación por la calidad del servicio debido a una insuficiencia de medios para cumplir su función.
En esa línea el comisario de la Seccional Mosconi, que tiene a su cargo una enorme jurisdicción, destaca que posee un solo auto en servicio y un cuatriciclo; mientras otros de sus colegas ponen de resalto la falta de personal en relación a la población y cantidad de hechos delictivos.
También está en duda la eficacia del sistema de cámaras de seguridad ya que ha habido una serie de hechos en el radio céntrico, respecto de los cuales el sistema de cámaras nada ha aportado ni a la prevención ni al esclarecimiento.
Parecería un conjunto de problemas aislados, donde con sólo un aumento de presupuesto y un parche al código permitiría una solución al drama social de la inseguridad.
Pero quizás no son problemas aislados y existe un hilo conductor, una lógica que subyace como una trama detrás de estos temas, un paradigma falso alrededor de cual se han construido cosas que son disfuncionales.
El paradigma falso parte de creer que en base al tamaño del sistema policial y a la dureza de las sanciones penales el delito decrece (teoría tradicional).
Es decir que haciendo más eficientes las herramientas que actúan después que el delito ocurrió, los delitos dejarán de suceder.
Es lo mismo que pretender prevenir la enfermedad gastando el presupuesto en sepulturas, en vez de comprar remedios.
Lo extraño es que aún sabiendo que el delito es un fenómeno de causas sociales múltiples y que el paradigma tradicional es falso, este se sigue sosteniendo absorbiendo el presupuesto del Estado.
Quizás esto sucede porque no hay capacidad de gestión en el Estado para postular soluciones nuevas y planificar un servicio de seguridad como un todo integrado cuyo objetivo sea la prevención del delito.
La falta de planificación ha sido hasta ahora la única constante.
Todas las herramientas que se aplicaron fueron pensadas individualmente y no como un todo en marcha.
Cuando se reemplazó el Código Procesal pasando al sistema acusatorio actual se tomó una decisión de oportunidad.
Con el nuevo Código se logró velocidad en la obtención de la sentencia, soluciones alternativas a los conflictos de menor cuantía y un sistema de protección de las garantías constitucionales digno de un ciudadano suizo.
Pero este standart de respeto por la libertad individual tiene un costo en metálico que debemos pagar aquellos que muy difícilmente tengamos un conflicto con la ley.
Pero el sistema adolece de cierto infantilismo práctico, ya que por aplicación de “estado de inocencia” se da por sentado que quien fue sorprendido in fraganti asaltando con armas un comercio al ser liberado cumplirá con su palabra de no amenazar a los testigos que lo llevarán a la prisión.
Este divorcio entre la ficción jurídica y la práctica hace que el descontento popular crezca como la presión dentro de una olla, pudiendo derivar en una reacción que sobrepase la capacidad de explicación de juristas, jueces y fiscales.
Pues entonces habrá que reformar los artículos del Código Procesal o la Constitución si es necesario, para conservar el estado de inocencia pero aceptando colectivamente restricciones a la libertad ambulatoria cuando se afrenta una investigación penal por un delito grave, especialmente los dolosos que ponen en riesgo la vida de las personas.
Esto no parece ser ni irrazonable ni inconstitucional, no existiendo excusa para seguir sosteniendo aquello que colisiona con el más elemental sentido común.
SERVICIO DE SEGURIDAD ORIENTADO A LA PREVENCION
En un estado de derecho es posible estructurar el servicio de seguridad para evitar que el delito ocurra.
Se puede planificar el servicio de la policía, rediseñar sus objetivos, establecer los recursos económicos que se van a dedicar y efectuar un seguimiento para controlar la calidad del servicio.
Pero para que la policía actúe es necesario recuperar su autoridad.
El comportamiento de los uniformados tiene que adecuarse al manejo de la autoridad y el fuero contravencional tiene que acompañar a la policía.
Y es aquí, en el fuero contravencional donde radica una de las claves para que el delito no se produzca, ya que es el único que permite detectar al trasgresor antes que se dedique profesionalmente al delito, cuando da sus primeros pasos.
De una manera simple y para que se entienda el Código Contravencional reemplaza a los edictos policiales, permite establecer orden en la vía pública y detectar a aquellos que comienzan con los primeros desórdenes.
El tipo de proceso y de sanciones a aplicar permiten no sólo contar con la detención, sino también con tareas comunitarias de mayor impacto social.
Para que esta herramienta vuelva a cumplir con el rol que le corresponde no hace falta mayor inversión sino más bien un estilo de jueces distintos.
Para que el sistema funcione hay que apelar a jueces contravencionales con mandatos temporales, distribuidos por jurisdicción coincidente con la comisaría, designados por el voto de los vecinos.
También se deben diseñar lugares de detención especiales para contraventores, como así también relocalizar los juzgados sacándolos de la comodidad del centro y llevándolos a la dura realidad de los barrios.
Reorganización policial y reforma contravencional pueden generar un cambio mayor que cualquier inversión millonaria sobre el actual sistema.
LAS QUEJAS DE LOS JEFES
En cuanto a los reclamos de personal y medios logísticos le asiste razón a los jefes de Comisaría, pero también hay que sincerarse reconociendo que una parte importante del personal policial se sustrae del servicio operativo para cumplir con roles distintos.
En la ciudad capital de la provincia es muy habitual encontrar personal policial dedicado mediante adscripciones a las tareas más insólitas: desde la asociación de tiro al blanco, los institutos de formación o las oficinas de la política vernácula incluyen dotación policial en actividad que ha accedido a ventajas.
CAMARAS DE SEGURIDAD
Parte del personal se dedica a operar las cámaras de seguridad.
Ese es un trabajo que no necesariamente debe ser efectuado por policías, ya que demanda de habilidades distintas y de otra capacitación.
Es un trabajo para el cual se forman trabajadores civiles, que poseen sistemas de trabajo para impedir que la fatiga en la observación de los monitores incida en la calidad del servicio.
Su función es el aviso y la alerta temprana, razón por la cual no tiene porque ser desempeñada por uniformados.
ACTAS DE CHOQUE
Parte del personal se distrae en la elaboración de actas de choque de naturaleza “civil”.
Los hechos que no tienen personas lesionadas deben ser relevados por civiles, no por policías. La gente cree que cuando sufre un accidente que tan solo afecta partes mecánicas o estéticas del auto debe dejar el auto inmóvil, obstruyendo peligrosamente el tránsito, como si de la conservación de evidencia se tratara.
Muchas veces vemos vecinos parados al lado de su auto chocado, sobre la mano rápida de avenidas de cuatro vías.
Sería más fácil concentrar la recepción de llamadas en un único número de emergencias y para el caso de no haber lesionados atender el tema con los inspectores municipales quienes podrían mediante una simple norma reglamentariamente hacer las exposiciones para los seguros.
SERVICIO DE SEGURIDAD ADICIONAL
Gran parte del personal policial cumple funciones de personal de seguridad “privada” en instituciones bancarias, locales nocturnos, espectáculos, etc.
Este sistema esconde la renuncia del trabajador policial al descanso para poder llevar unos pesos extras a la casa.
La consecuencia del sistema es una depreciación de la calidad del servicio y un riesgo adicional para los ciudadanos.
Sería conveniente dejar estos servicios en manos de las empresas privadas de seguridad y pagar un salario a los trabajadores policiales que les permita cumplir su ciclo de vida dignamente sin comprometer la salud.
Es difícil imaginar cómo ha hecho la policía de la provincia para poner en servicio un cuatriciclo, que técnicamente es una máquina de tipo agrario o deportivo que no está autorizada a circular por la vía pública, y por lo tanto presenta insalvables dificultades para contratar un seguro eficaz.
FUENTE: www.elpatagonico.net