Paralizados como conejos sorprendidos por la luz de un semáforo en rojo los escurridizos comisionados de Miami Dade aspiran a castigarnos con un nuevo impuesto, con la anuencia del alcalde Carlos Giménez. Lo van a disfrazar como una medida para mejorar la seguridad vial en las llamadas zonas no incorporadas del condado. Si no los frenamos van a aprobar la instalación de esas odiosas cámaras que hacen el papel de policías de tránsito en selectas intersecciones miamenses.
No es casualidad que los municipios cegados por esta cámara oscura descubrieron los horrendos peligros que supuestamente corremos en ciertas intersecciones cuando comenzaron a secarse las fuentes de ingresos municipales. Así la cámara es hija de la recesión y de défícits locales. Las padecemos porque algunos funcionaros electos se dejaron ilusionar con la posibilidad de sacarle una buena tajada a las miles de multas que pone al ojo arbitrario del aparato. Claro, eso no es lo que alegan en público sus defensores. American Traffic Systems (ATS por sus siglas en inglés), la empresa que ha ganado casi todas las licitaciones para instalar las cámaras en Miami Dade (y en incontables municipios en otros estados) ha sabido convencer a nuestros representantes que pueden cobrar un impuesto solapado vendiéndole al público la fábula de un invento que disminuye choques y muertes, al tiempo que le permite a ATS montar un negocio más redondo que la cara de un semáforo.
Y como es lógico en sus campañas publicitarias ATS y sus socios sólo enarbolan estudios que cantan las loas de las cámaras, sobre todo un informe del Insurance Institute for Highway Safety, un grupo financiado y manejado por empresas aseguradoras. Sus autores concluyen que los aparatos disminuyen el número de muertes y accidentes. Luego, en reportajes sobre las cámaras, los medios suelen citar este estudio sin cuestionar sus móviles y su metodología, y sin mencionar la existencia de investigaciones serias realizadas por departamentos de tránsito y universidades que matizan e incluso contradicen las conclusiones de quienes abogan por las malditas cámaras.
Ahora ATS se lanza a la conquista de la comisión y el alcalde. En esta operación lo más objetable no es que un hijo de Carlos Giménez sea un lobista al servicio de ATS. Según el ex director de la junta condal de ética y transparencia, no podemos imputarles a los Giménez un conflicto de intereses si el alcalde no participa directamente en la licitación y si el hijo no se inscribe oficialmente como cabildero para tratar este asunto particular. Es otro loophole, la escapatoria que se aprovecha de una ambigüedad en las normas para subvertirlas. Por lo demás a ATS no le hace falta que Carlos Giménez Jr. se destape como uno de sus lobistas oficiales en el condado. La empresa ya cuenta con una legión de cabilderos debidamente inscritos para defender las cámaras. Las ganancias posibles de un negocio con Miami Dade son tan prometedoras que ATS ha contratado, entre otros, a los ex comisionados Miguel Díaz de la Portilla y Larry Hawkins, al publicista Armando Gutiérrez y al superlobista Ron Book.
En sociedad con ATS el alcalde y los integrantes de un cuerpo legislativo desacreditado recurren a un embuste con el propósito de colarnos un impuesto enmascarado. Olvídense de las monsergas sobre la seguridad vial. El comisionado Joe Martínez presentó el anteproyecto en julio del 2010. De manera que llevan año y medio elaborando la jugada.
Las ambiciones iniciales eran desmedidas. Hablaban de instalar las cámaras en más de 200 intersecciones. Tras chocar con el análisis de costos que el ex administrador Burgess le presentó, la comisión tuvo que conformarse con expectativas más modestas. Pero en lugar de soñar con los hipotéticos millones generados por injustas multas de tránsito, los comisionados pudiesen ocuparse de asuntos importantes. Por ejemplo, fijar una fecha para la celebración de elecciones especiales en las cuales tendríamos la oportunidad de ratificar o rechazar valiosas enmiendas propuestas a la Carta Constituyente del Condado (entre ellas la limitación de términos electorales).
¿Qué han hecho? Dilatar, posponer, abogar por la creación de comités inservibles, burlarse de los votantes. El proyecto de las cámaras es otra burla. Con todo, los comisionados están a tiempo para abandonar el desatino, antes de que una masa crítica de votantes tome conciencia de lo que están tramando y los castigue.