El valor documental, disuasivo y probatorio que representan hoy las cámaras de seguridad ha sido limitado por la justicia porteña al impedir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar esos dispositivos electrónicos en escuelas públicas del distrito.

La decisión de la jueza Elena Liberatori, históricamente enfrentada con la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, vino a dar respuesta a una decena de recursos de amparo presentados por padres de alumnos junto con la ONG Observatorio de Derechos Humanos y el opositor gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), los que consideran que la colocación de cámaras de seguridad dentro de edificios escolares viola el derecho a la intimidad de los chicos que a ellos asisten. A ese requerimiento judicial, el gobierno local respondió que nunca fue su objetivo instalar las cámaras en el interior de los colegios, sino apuntarlas hacia afuera y hacerlas funcionar fuera del horario de clases.

Algo semejante acaba de ocurrir ahora con las cámaras instaladas en los colegios de La Plata: serán retiradas tras un reclamo de un grupo de docentes que consideró que violan "la intimidad de los maestros y alumnos", a pesar de que la instalación de estos dispositivos había contado con el consenso de los directivos de escuelas de la región.

Parece, por lo menos en este punto, una discusión con poco sentido práctico. Es público y reiterado el pedido de numerosos padres y docentes para que los gobiernos eleven el nivel de seguridad en las escuelas, un espacio que como otros muchos lugares es objeto de hechos delictivos contra sus bienes e integrantes.

En respuesta a esa creciente inseguridad es que se crearon, por ejemplo, los "corredores seguros escolares", una suerte de trayecto vigilado por agentes de tránsito, policías y comerciantes interconectados con celulares y números de telefonía fija para dar aviso y actuar en caso de registrarse un delito durante el ingreso y la salida de los chicos de los establecimientos educativos. Y nadie podría decir con fundamento por estas horas que esa "vigilancia concertada" entre tantos actores no ha sido beneficiosa para el fin que se persigue.

Las cámaras de seguridad se han convertido en invalorables asistentes de la Justicia y la política. Esas filmaciones adquieren hoy un valor probatorio cada vez más aceptado. Es cierto que en la mayoría de los casos no filman el delito en sí, pero actúan como elementos disuasivos y, más aún, sirven de prueba indiscutible en materia judicial, pues una imagen no puede ser tildada de "falso testimonio". Sólo el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía Metropolitana recibe 50 oficios diarios de la justicia penal con requerimientos de filmaciones puntuales para lugares y fechas precisas, tal como informó recientemente LA NACION.

Por otro lado, quienes cuestionan el valor de esas cámaras dentrode las escuelas parecen olvidar que los rostros de esos mismos chicos son reproducidos por centenares de cámaras en comercios; estaciones de servicio, de trenes y de subtes; aeropuertos y entidades bancarias, por citar sólo algunos espacios públicos y privados que son sometidos a videovigilancia.

Las cámaras de la Policía Metropolitana y de las empresas de transporte representan hoy documentos invalorables para la Justicia que investiga el brutal choque entre un colectivo y dos trenes, ocurrido el 13 del mes último en la estación Flores del ferrocarril Sarmiento, que derivó en la muerte de 11 personas y en más de 200 heridos.

Del mismo modo, la cámara de vigilancia apostada en la puerta de la sinagoga de la calle Argerich, entre Bacacay y Bogotá, también en Flores, ha mostrado en primer y clarísimo plano el rostro del agresor del feroz ataque a miembros de la comunidad judía el 24 del mes pasado.

Como ocurre hoy en muchas empresas, el objetivo no es colocarlas dentro de las oficinas o en lugares de reunión de empleados. En cambio, son instaladas en pasillos, cercanías de ascensores e ingreso de edificios. Siguiendo esos mismos recaudos, se entiende que la intimidad de los menores de edad en una escuela no se verá afectada porque se coloquen cámaras en el interior de los edificios escolares.

O acaso, quien no recuerda cómo una cámara puesta en un pasillo de una escuela municipal de Realengo, en Río de Janeiro, permitió ver con detalle e identificar al atacante que, antes de suicidarse, asesinó a 12 chicos que participaban de una clase.

En nuestra ciudad, tras la decisión desacertada de la jueza Liberatori, el gobierno porteño emitió una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, por la que les ordena a las uniones transitorias de empresa (UTE), con las que firmó contratos para instalar cámaras en 92 escuelas del distrito, abstenerse de hacerlo "en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieran resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad". Es de esperar que la adquisición de los equipos se realice, como es preciso, mediante licitaciones transparentes.

Sería razonable que la Justicia, el gobierno, docentes y padres preocupados por prevenir esa posibilidad ponderen también el derecho a la seguridad no sólo de los niños, sino de todos los ciudadanos en una sociedad que se muestra cada vez más indefensa frente a la creciente violencia.

FUENTE: www.lanacion.com.ar