El plan para controlar la seguridad de las escuelas públicas platenses con cámaras de video quedó suspendido por el rechazo de un gremio docente. La municipalidad de La Plata comenzó a retirar los sistemas de grabación de los 14 edificios donde se habían instalado a partir de un reclamo planteado por padres y directivos.
El programa de protección escolar contemplaba la colocación de unas 80 cámaras en 28 centros educativos de nivel primario y secundario . El listado incluía centros de educación ubicados en zonas “vulnerables”. La medida formaba parte de un programa acordado por los directivos y las autoridades del Consejo Escolar de la capital bonaerense, después de una serie de atentados y robos registrados en varias sedes educativas de zonas periféricas.
En los últimos meses se conectaron los sistemas de monitoreo en 14 establecimientos. “Priorizamos los accesos y en algunos casos se colocaron en el patio”, dijo a Clarín , el presidente del Consejo, Alberto Darhampé.
Las ubicaciones se consensuaron con las autoridades escolares. Sin embargo, hace una semana un informe presentado en la comuna por el Suteba local, advertía que las cámaras “violan la intimidad de los alumnos y trastoca la función de docentes y directivos”. El planteo llevaba la firma de la secretaria general de la entidad, Graciela Sad.
Ahora, la comuna decidió suspender el proyecto y retirar los sistemas. Sólo se mantendrá el control en la primaria n° 40, ubicada en 20 y 84, del barrio altos de San Lorenzo. Allí, la directora había reclamado las cámaras porque en el verano robaron tres veces la escuela. Y no podían instalar una red de computadoras. Desde que se filma las 24 horas el movimiento del barrio, no entraron más ladrones.
También habían recurrido a este mecanismo en el ex Normal 3, de 8 y 58. Es que allí se registraron hace dos meses violentos enfrentamientos entre alumnos. Tuvieron que convocar a la Policía para custodiar la entrada y salida de chicos. Entonces, se formó una comisión de padres para buscar una solución y aceptaron las cámaras.
En Capital, las autoridades intentaron una medida idéntica. Pero la reacción de los gremios, los centros de estudiantes y la Justicia, obligó a suspender la iniciativa.
FUENTE: www.clarin.com