Las filmaciones de las cámaras de seguridad de Tigre volvieron a mostrar crudas imágenes del delito, esta vez, en el cruento intento de robo del camión de caudales del Banco Provincia en la autopista Panamericana, en el que fueron asesinados dos policías. Es posible que esos registros, tanto los que se conocieron públicamente como aquellos que son celosamente guardados por las autoridades, contribuyan a la investigación del crimen.
Cada vez más distritos adoptan los sistemas de circuito cerrado y monitoreo en video para registrar situaciones especiales, tanto delictivas como de emergencias. Tigre y San Isidro tienen 450 y 400, respectivamente, según confiaron ayer a La Nacion. Y Ezeiza también se cuenta entre los municipios pioneros a la hora de incorporar la tecnología de videocámaras de vigilancia.
En la zona norte, recientemente Vicente López instaló una treintena de cámaras, de las 160 previstas para principios de 2011. La instrumentación de ese sistema (las videocámaras, el equipamiento del centro de monitoreo y siete patrulleros blindados asignados a la atención de las alertas del dispositivo) fue solventado con fondos del Plan de Seguridad Ciudadana, impulsado en marzo pasado por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Capital no es ajena a esta tendencia de sumar tecnología para mejorar los estándares de vigilancia y prevención. Actualmente, monitorea unas 500 desde un centro único de comando y control. El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, dijo a mediados de este año que la intención del gobierno porteño es contar con un millar de videocámaras para marzo próximo.
En rigor, hace más de dos años que las videocámaras se usan con función preventiva en la ciudad de Buenos Aires. Es en Puerto Madero donde el control de los artefactos instalados corre por cuenta de la Prefectura Naval, fuerza federal con jurisdicción en la zona.
Además de los aparatos instalados por los municipios, hay miles de cámaras particulares, colocadas en edificios, en interiores de negocios o en lugares abiertos en comercios de gran envergadura (estaciones de servicio, estacionamientos de centros comerciales, etcétera).
Aunque las videocámaras particulares no pueden ser integradas a los sistemas de control unificado de los gobiernos, sí aportan imágenes capaces de ser merituadas como indicios o pruebas en investigaciones penales. Eso, por caso, sucede con las cámaras en instituciones bancarias y en las instaladas en cajeros automáticos.
En la Capital existe un sistema mixto: en zonas comerciales de algunas zonas (Recoleta, Bajo Flores), se instalaron cámaras tipo domo, financiadas por vecinos y controladas desde las centrales del gobierno.
FUENTE: www.lanacion.com.ar