Alberto Mamani, representante del Distrito Municipal 7, recordó que una de las promesas efectuadas en temporada de campaña por parte del actual alcalde, Edgar Patana, fue la instalación de más de 20 cámaras de seguridad en zonas calificadas de alto riesgo, denominadas rojas, donde a la fecha se registra la presencia de pandillas violentas y atracos de cogoteros, auteros y otros.

“Ahora es que se ha dado con la detención de quienes componen dichas bandas de minibuseros cogoteros, pero quien garantiza a la sociedad de que ellos no estén nuevamente en las calles en un tiempo de tres meses ante la inoperancia de las autoridades del Poder Judicial. Por lo tanto, es ahora imprescindible de que se instale cámaras de seguridad y la implementación de un equipo de apoyo a las instancias policiales ante el insuficiente control por parte de los efectivos policiales”, explicó el dirigente.

En consideración de Mamani, el costo de más de 60 víctimas por parte de las bandas de cogoteros es calificado como alto para la vida de alteños quienes dejan en la orfandad a sus descendientes como consecuencia de la desintegración del principal núcleo familiar.

“El resultado social como consecuencia del accionar de estas bandas que matan sin ninguna consideración a sus víctimas, bajo el argumento de que pueden ser reconocidos, tienen un valor social que las propias autoridades locales y municipales no están tomando en cuenta, es por eso que exigimos que las medidas de prevención sean aplicadas en su momento y no sólo cuando los datos de mayor violencia o muerte de ciudadanos llegue a datos alarmantes. Es por eso que vamos a planificar mecanismos de organización, pero en caso de que las autoridades no respondan, llegaremos a dar plazos antes de aplicar otras medidas de presión esta vez en contra de las autoridades de la Alcaldía”, advirtió el dirigente.

Las políticas de prevención de la sociedad organizada en grupos de control y resguardo en la ciudad de El Alto, planteadas en la gestión de José Luis Paredes el 2003, son nuevamente mencionadas por los vecinos debido al notable incremento de los casos delictivos en contra de la vida de la población y transgrediendo todas las leyes existentes por el nuevo Estado.

“Como vecinos estamos con la idea de exigir nuevamente la aplicación de planes como los que fueron aplicados, porque con ellos por lo menos podremos paliar el grado de violencia que vive la ciudadanía en El Alto y poderle brindar el derecho de que se mantenga con vida, como lo señala la Constitución Política del Estado, que establece que son las autoridades quienes deben garantizar nuestra seguridad, invirtiendo en la misma”, enfatizó Mamani.