Un solo patrullero para 60.000 personas. La gran desproporción entre lo que sucede en Alderetes y la respuesta policial muestra las dimensiones de la tragedia de Alderetes, donde la adolescente Constanza González fue asesinada cuando estaba por entrar a su casa en la madrugada del domingo. El vecindario, indignado, reclama por la inseguridad -menciona ataques ocurridos- y el jefe de la comisaría declara que "si hubo hechos, la gente no los denuncia porque acá no nos llegó nada".

Lo primero que salta a la vista en esta desproporción es el abandono de la periferia. Localidades como Alderetes, Villa Mariano Moreno, Las Talitas, Banda del Río Salí, y los barrios al borde de la capital están mucho más expuestos que la zona céntrica o Yerba Buena, provistos con dotación policial y cámaras de vigilancia. Eso confesó en noviembre el jefe de Policía, Jorge Racedo, al tratar de explicar la inseguridad que había dado lugar al crimen de Iván Sénneke en Rivadavia y Delfín Gallo: razonó que los delincuentes actuaban allí donde no hay cámaras ni patrullaje.

Alderetes, con un patrullero para 60.000 personas, queda fuera del esquema de seguridad: no consta de los policías necesarios para que se aplique el Programa Integral de Seguridad Ciudadana, y aunque se supone que tiene apoyo de la Regional Este y de la Policía Vial, no tiene patrulleros en moto (lo denuncian los vecinos), ni hay agentes a pie y, lo que es peor, no tiene noción de lo que ocurre, por falta de denuncias. Ni que hablar del vaciamiento de personal que se produce en esta época en que salieron de vacaciones y enviaron todos los agentes posibles a las localidades veraniegas.

Lo segundo que salta a la vista es el divorcio entre la gente y la Policía. Si no hay denuncias, no hay confianza, y las autoridades no entienden por qué. Lo dijo el mismo presidente de la Corte, Antonio Estofán, en noviembre: "Por temor o vergüenza, (la gente) no colabora o no denuncia. Somos todos culpables. Damos herramientas, pero el factor humano, que es impredecible, no las usará y seguiremos con problemas de inseguridad".

¿Qué habrá querido decir? ¿Que en esta sociedad no se sabe cuál es el camino para una efectiva prevención? Si no hay denuncias ni hacen encuestas de victimización, ¿cómo hacen los planes de seguridad? Los funcionarios creen que tienen todo claro. En 2007 Alperovich dijo que tenía un plan y un diagnóstico: "acá hay 400 personas que tenemos detectadas, que si no quedan presos cuatro o cinco años no va a cambiar nada". Hoy la cárcel está llena, con unos 900 presos; y las comisarías, saturadas con 250 detenidos. Según un informe del ex jefe de policía Hugo Sánchez, en 2010 se detenía a siete personas por día y ese año la Patrulla Motorizada (hoy disuelta y repartidos sus hombres en las comisarías) había detenido a 2.300 personas. ¿Por qué, entonces, no disminuyó la inseguridad y en los últimos seis meses hemos tenido los dramáticos ataques a Elda Hovannes, Marcela Aragón, Iván Sénneke y ahora Constanza González?

Los funcionarios tendrán una respuesta exculpatoria, como la del ministro de Seguridad Ciudadana, en noviembre: "Se digitalizaron más de un millón de prontuarios, se estudió cada ciudad de la provincia y se dividió la actividad policial en cuadrículas, de acuerdo a las necesidades de cada lugar".

Nada de esto explica lo que ocurre. Antes bien, parece mostrar que se hacen diseños de escritorio, se inventan nuevas estructuras burocráticas -como la anunciada Columna Móvil que comenzará a funcionar en febrero- y frente a los hechos reales se actúa espasmódicamente, en agotadoras reacciones de autómatas ante la incertidumbre y la tragedia.

FUENTE:La Gaceta Tucumán