Llegan fondos para más cámaras de seguridad
La anterior adjudicación fue por contratación directa a una empresa de Vila-Manzano
Una abultada suma de 8 millones de dólares recibirá la Provincia para mejorar la Seguridad, de acuerdo a lo que anunció ayer el ministro del área, Carlos Aranda. Uno de los destinos que tendrán los fondos serán cámaras de vigilancia para los municipios.
La anterior adjudicación del sistema de cámaras está siendo investigada por la Justicia. El proceso fue por compra directa y la empresa beneficiada fue Arlink S.A (de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano).
Aún no hay certeza de cuándo llegarán los 8 millones de dólares a la provincia pero, de acuerdo a lo que contó Aranda, el trámite está "muy avanzado". Se trata de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vinculado al fortalecimiento del tejido social en trabajos comunes con los municipios.
La idea del Gobierno es comprar cámaras de vigilancia para toda la zona metropolitana, es decir incluir a Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Capital, y ubicar ese sistema en escuelas, centros de salud, plazas y uniones vecinales.
Para eso, se abrirá un nuevo proceso licitatorio para adquirir las cámaras de seguridad que pasará por el Banco de la Nación, que es quien recibirá el dinero del BID con intervención del Ministerio del Interior. Por eso, se abre una nueva licitación, de acuerdo a lo que anunciaron desde el ministerio.
Las cámaras de vigilancia fueron impulsadas durante el gobierno de Celso Jaque. El expediente para la contratación de ese sistema arranca en diciembre de 2008, cuando el ministro de Seguridad era el actual vicegobernador, Carlos Ciurca.
En 2009, cuando Ciurca fue remplazado por el actual ministro, Aranda, se otorgaron ampliaciones de la cobertura de cámaras a Arlink, una empresa de Vila y Manzano.
El problema es que, cuando empezó a sustanciarse el expediente, se sancionó la ley 7.987 (modificatoria de la ley 7.836, de "Emergencia en Seguridad Pública"), por lo que el mecanismo de adjudicación fue por compra directa.
Luego de una denuncia por supuesto espionaje que realizó el ex vicegobernador Cristian Racconto, que después fue desestimada, se abrió otra investigación en la Justicia que recayó sobre la Fiscalía de Delitos Complejos conducida por Santiago Garay, donde se cuestionaba el proceso de contratación directa. La acusación la hizo la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular).
La denuncia apunta a que esa empresa no contaba con el respaldo técnico y legal para que fuera contratada por el Estado. Además, habla de incumplimientos en el contrato y que el Gobierno había contratado una empresa de Vila, al que había denunciado por "extorsión" (en boca del por entonces secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán).
Según la denuncia, la empresa tendría una deuda con la AFIP de 40 millones de pesos, por lo que no podría haber sido contratada por ningún organismo del Estado.
Pero, además, este caso figura entre los cuestionamientos que se le hacen al fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, en el Jury de Enjuiciamiento que se le sigue.
FUENTE:Los Andes (Argentina)