Cámaras de vigilancia, responsabilidad de la autoridad, no de la IP
La propuesta del director de Seguridad Pública Municipal, Heliodoro Araiza Reyes, de que los comerciantes participen en caso de que se quiera hacer un video blindaje en la capital del estado es improcedente y en el fondo responde a la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes, particularmente ante los embates del crimen organizado.
El contexto de la formulación de esta idea expresada por Heliodoro Araiza es la información dada a conocer por él mismo de que el 22 por ciento de las cámaras de vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran inutilizadas debido a algunas fallas provocadas en las fibras ópticas.
Y no sólo eso, sino que además reveló que por la antigüedad de los aparatos es difícil encontrar piezas de refacción en el mercado, ya que muchas de esas cámaras ya no son fabricadas actualmente, pues fueron instaladas hace nueve años; de las 54 cámaras instaladas en la ciudad, 12 no funcionan actualmente.
Ciertamente las declaraciones del director de Seguridad Pública fueron poco afortunadas, pues todo mundo suponía que todas esas cámaras estaban en operación, pero resulta que cuando fueron apuntadas como un recurso útil para conocer los movimientos de los sicarios que protagonizaron el asesinato masivo en el bar “Colorado”, se puso al descubierto que una de ellas ni siquiera estaba en su lugar, solamente existía el poste que la debería sostener.
Cuando Heliodoro fue cuestionado acerca de las cámaras que se encuentran cerca del lugar de la masacre, en particular la que no está en el lugar que debería estar, en la intersección de las avenidas Vallarta y Américas, en un primer momento subestimó la utilidad de estos aparatos al decir que cuando una sola cámara se encuentra vigilando una zona, la rotación del aparato puede provocar que ésta no capte el momento justo del delito, mientras que los maleantes al notar la presencia de un dispositivo pueden inutilizarlo fácilmente.
Si ese es el razonamiento ¿entonces para qué colocaron las cámaras? Evidentemente se trataba de una evasiva ante la falta de atención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para dar mantenimiento adecuado a ese recurso que al momento de ser instalado en la ciudad fue considerado como una valiosa ayuda en las labores de vigilancia.
Ahora resulta que esas cámaras prácticamente no prestan un servicio eficaz, hecho reconocido por el responsable de la prevención policiaca y lo peor es que según el propio Araiza por el momento no está contemplada la adquisición de más cámaras.
Esto es absurdo, pero lo es más su intención de involucrar a los comerciantes para solucionar esa omisión, al decir que si varios de ellos en una zona determinada instalan una cámara cada uno, para los delincuentes será difícil desactivar todos los aparatos por lo que se contaría con pistas para dar con los responsables y al mismo tiempo se prevendrían atracos en los sectores que los ladrones conozcan que están blindados con video.
Por supuesto que si hubiera más cámaras sería más fácil seguir las pistas de los delincuentes desde que llegan a los lugares de sus atracos hasta el momento y la ruta de huida. Pero eso es responsabilidad de la Dirección de Seguridad, no de los particulares.
Ya bastante han invertido los empresarios en su seguridad privada ante la ola de violencia de la que son víctimas ellos y sus negocios. Con razón Canacintra, Canacope, CMIC y Coparmex demandan que el gobierno aplique los recursos extraordinarios que los empresarios aceptaron pagar para el desarrollo de análisis y estrategias que permitan mejorar la seguridad.
Igualmente los comerciantes organizados de la Zona Centro manifestaron que no están en condiciones de aportar dinero para la compra de las cámaras de seguridad.
Es responsabilidad de los gobiernos el mantenimiento oportuno de estas cámaras y no sólo eso, sino colocar más para cumplir con las labores de inteligencia policial de la que todo indica que están ayunas tanto en orden municipal, como en el estatal y el federal. Si no hay estos recursos las labores de investigación seguirán siendo nulas.
No sobra invocar el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.
FUENTE:El Diario de Chihuahua