El jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario Mayor Héctor Massuh, concurrió a la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, durante la cual debatió con los miembros del cuerpo el proyecto del Dr. Diego Lara, sobre el marco regulatorio de los sistemas de videovigilancia, ya que la provincia se encuentra rezagada en la materia.

El titular de la Policía Provincial manifestó su total conformidad con el proyecto de ley gestado por el legislador y reiteró algunas referencias a estos métodos de vigilancia que ya había expresado en un encuentro que mantuvo con el Lara cuando éste presentó el proyecto en febrero pasado.

Según Massuh es necesario avanzar en un marco regulatorio sobre todo si se la compara con otras provincias como Mendoza. En ese sentido, brindó además información sobre experiencias realizadas en otras ciudades de la Argentina y en otros países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Igualmente destacó a la eficiencia demostrada como método de seguridad ciudadana de la vigilancia por cámaras, y destacó que la Provincia trabaja en la instalación del sistema 911 que incluye la colocación de cámaras de vigilancia.

Para finalizar el funcionario policial señaló que al crease una ley se protegerán todos los derechos personalísimos de los ciudadanos, como son los derechos al honor, a la imagen y a la intimidad, que no pueden ser vulnerados so pretexto de cualquier sistema.

Por su parte el Diputado Diego Lara como autor del proyecto destacó que, si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, seguramente la tarea recaerá sobre la Policía Provincial, a la vez que recordó que la ley prohíbe taxativamente la captación de sonido. “El derecho español, sobretodo el Tribunal Constitucional Español, ha venido sentando opinión doctrinaria en este sentido, y esto ha sido tomado por el resto de la legislación en el mundo. Así, dentro de estos principios que rigen la videovigilancia pública, está el principio de proporcionalidad. Cualquier captación de imágenes para que sea válida y esté habilitada en el marco de una política de seguridad, tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, tiene que haber una necesaria proporción entre lo que se persigue, la finalidad pretendida, y la eventual afectación a los derechos privativos de las personas. Y ese marco de proporcionalidad que es lo que la ley establece como principio rector, es el que indica que sería un exceso captar audio en esto sistemas, ya que la conversación de las personas entra en un fuero más íntimo sobre lo que no se puede avanzar”, señaló.

Lara también explicó a los miembros de la Comisión que ocurrirá, una vez sancionada la ley, con las localidades que ya avanzaron en la instalación de sistemas de videovigilancia. “La ley fijará un tiempo para que se adapten a la nueva legislación