El proyecto de ley que tiene media sanción en Diputados, permite darle un marco legar a municipios como el de Gualeguaychú, Urdinarrain, Pueblo Belgrano y Aldea San Antonio –este último fue pionero en el departamento- para readaptar su sistema de video vigilancia tras la sanción definitiva de la ley.
“Esta ley de ser aprobada va a ser una gran contribución para la Justicia en el esclarecimiento de los hechos en determinadas cuestiones”, agregó el comisario mayor Vicente Giménez, subjefe de la Jefatura Departamental de Policía.
“Como autoridad de aplicación de la futura ley, puedo decir que no hay otra fuerza dentro de la sociedad que este más cercana al tema de la seguridad y vamos a ser los responsables de cumplir con esta reglamentación, pero para nosotros será una nueva responsabilidad e incluso podremos asistir y convenir con los municipios que ya cuentan con cámaras para que puedan adaptarlos a la nueva norma”.
De entrar en vigencia este año este nuevo marco regulatorio, el jefe de la Policía de la Provincia comisario general Héctor Massuh, planea a corto plazo la instalación de centros de monitoreos en Paraná, Concordia y Gualeguaychú en una tercera etapa.
“El centro de monitoreo estará dentro de la Jefatura Departamental bajo todos los recaudos legales y técnicos que tengamos que asumir”, agregó Giménez.
-¿Cuántas cámaras necesitará nuestra ciudad?
-“De acuerdo al estudio que prevaleció dentro del ámbito ciudadano que realizó el área de Informática de la Policía de la Provincia estimó que hacen faltas unas treinta cámaras como para crear un circuito que abarque todos los puntos neurálgico de la ciudad” (explicó el subjefe).
El punto de colocación de las cámaras, se manejará con un rigor técnico y participativo donde las comisiones vecinales o entidades barriales podrán evaluar en conjunto con la Policía la colocación de estos dispositivos.
“Este soporte tecnológico permitirá la optimización de los puestos de paradas de determinada cantidad de hombres y vehículos. Estos recursos tecnológicos vendrían a reemplazar a los efectivos de parada en una esquina o los que están en una casilla, porque desde una sala de monitoreo se podrá captar una superficie geográfica mayor de la comunidad que no lo podría hacer un hombre o un patrullero”.
A su vez el sistema de video vigilancia trae aparejado otro tipo de tecnología aplicada a los patrulleros como dispositivos de posicionamiento global, que permitirá a los operadores al centro de monitoreo saber en tiempo real la ubicación de la unidad.
Las patrullas contarán con cámaras y micrófono que permitirán proteger la integridad del policía ante falsas denuncias de apremios ilegales durante los procedimientos.
Maya: “Es regular por Sobre lo que está regulado”
El concejal Juan Maya de Color Gualeguaychú , quien en el mes de junio visitó junto a representantes de instituciones, el Centro de Operaciones de Tigre considerado modelo a nivel nacional, consideró que la creación de este proyecto es “regular por sobre lo que está regulado”.
Y recordó que: “Ya contamos con el derecho madre que es el derecho a la privacidad a la no violación de la intimidad, estos principios madres ya están en la Constitución Nacional. La provincia lo que está planteando es hacer un planteo de sistematización algo parecido a lo que hizo en el partido de Tigre en Bs As, pero con la diferencia que lo llevó a cabo por medio de una ordenanza”.
Sin embargo Maya tiene otra visión de la incorporación de este nuevo soporte tecnológico para contribuir en la seguridad ciudadana y para desalentar prácticas corruptas en la estructura del Estado.
“Este sistema tiene que servir también para controlar a la Policía, y este proyecto de ley sale a la carrera porque la fuerza no quiere que la ciudadanía tenga el contralor de la seguridad ¿Quién va a controlar la prestación de servicio de la Policía? Es ahí donde tiene que haber un consejo de políticas públicas de seguridad, porque es la comunidad la que tiene que controlar a la Policía”, agregó.
“Esto fue lo que sucedió en Tigre, lo primero que hizo fue controlar a la Policía y cuando la fuerza está controlada y no gobierna ese instrumento de control, el primer efecto de todo esto es el desmantelamiento del aparato delictivo del propio Estado y de la propia Policía. El control de esto debe estar en mano de la política con participación ciudadana a través de la conformación de un consejo de políticas públicas que oriente”, dijo.
Un cerrojo digital pionero en la provincia
La Dirección de Prevención de Delitos rurales de la Policía de la Provincia, en conjunto con la Sociedad Rural “Guleguaychú” , comenzaron desde hace un mes a diseñar y llevar a la práctica un cerrojo digital en las zonas rurales consideradas vulnerables la delito.
“Queremos ir avanzando geográficamente en el departamento y poco a poco ir sumando a las cámara públicas, las cámaras privadas que se coloquen en los establecimientos agropecuarios. La Sociedad Rural le brindará todo el soporte tecnológico para que ese productor pueda ver la imagen de su campo desde su computadora y nosotros desde la central de monitoreo –que funciona en las instalaciones de la Rural de Urquiza al Oeste- vamos a almacenar las imágenes durante 60 días sin verlas”.
En este momento el cerrojo digital rural está compuesto por ocho cámaras distribuidas en Costa Uruguay Sur y Perdices. En pocas semanas más se instalarán cámaras en Costa Uruguay Norte, Ñancay, Rincón del Cinto y Rincón del Gato para alcanzar las cuarenta cámaras, mientras se conforman consorcios para incrementar ese número de dispositivos de imágenes digitales.
“Nuestro propósito es poner a disposición de la Justicia y la Policía esta herramienta”, consideró Melchiori.
A su vez, la Sociedad Rural se complementará con el centro de monitoreo de Aldea San Antonio, donde se está discutiendo con el intendente de la localidad, Leandro Silva reubicar algunas cámaras del municipio que le servirá para el cerrojo de la Sociedad Rural y a su vez la entidad espera que ambos centros de monitoreo se complementen.
Los puntos más importantes del proyecto de ley
1- La ley no busca imponer el uso de videocámaras en la provincia, así como tampoco desalentarlo. Solo intenta darle un marco regulatorio, que servirá para que, en el caso de que estos sistemas sean instalados, su funcionamiento se ajuste a Derecho, no se vulneren derechos personalísimos a la intimidad y al honor. El material captado por este tipo de tecnologías será utilizado exclusivamente por la Policía judicial.
2- Este proyecto regula solo su instalación en espacios públicos, debiéndose observar principios fundamentales como la proporcionalidad y racionalidad, es decir, una adecuada ponderación entre fines y medios.
3- Seguridad en la información: se toma en cuenta la confidencialidad, el deber de secreto, el derecho a la información de los lugares que están siendo videos vigilados, el derecho de acceso y cancelación cuando una persona ha sido afectada por las imágenes y, finalmente la intervención de la autoridad de aplicación.
4- Autoridad de aplicación: será la fuerza policial, ya que no hay ningún estamento de la sociedad civil que estén más cercana al tema de la seguridad, quienes serán los responsables de cumplir con esta reglamentación, pero también será para ellos una nueva responsabilidad, incluso podrán asistir y convenir con los municipios que ya tengan instalados estos sistemas de vigilancia.