TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en el Ministerio Público (MP), a cuatro días de haberse iniciado la investigación de la “misteriosa” sustracción de una aeronave de la base aérea, “Armando Escalón”, conducirá la segunda parte de las indagaciones hacia la concesionaria: Aeropuertos de Honduras. Lo anterior, debido a que la aeronave no solo despegó de San Pedro Sula, sino que minutos después, aterrizó en el aeropuerto internacional Golosón, en La Ceiba, para abastecerse de combustible, y volver a salir con rumbo desconocido, sin que a la fecha ninguna autoridad pueda esclarecer este suceso.
Al consultarle al Fiscal Especial contra la Corrupción, Henry Salgado, cuál es la cadena de responsabilidad que el MP conduce en el caso, explicó que “en primer lugar se persigue el dolo (el robo, la acción misma de ilegalidad) a las personas que tuvieron conocimiento de los hechos, los que estaban cerca de la base aérea.
Si una concesionaria estaría involucrada se deducirá posteriormente.
Esta cadena funciona por circunstancia de hechos, no es algo establecido en la ley debido a que un alto oficial pudo haber dado o no órdenes, otro pudo haber ejecutado un plan por aparte.
Pero –agregó- “también (se investiga) hasta qué punto los oficiales de alta categoría tuvieron conocimiento de los hechos y hasta qué punto su obligación estaba en vigilar que todo ocurra a las órdenes de un plan ejecutado”.
Asimismo, dijo que el caso es toda una “madeja”, que debe desenvolverse, porque el MP no solo actuará con los que permanecieron en el lugar durante el suceso o los autores materiales del mismo; debido a que se menciona que se apagaron las luces de la pista, el radar no estaba activado y las cámaras de seguridad no pudieron captar mayor acción de la avioneta al salir.
“Esto indica que pudiera haber un oficial de mayor jerarquía que tenía la posibilidad de esta naturaleza, esto (apagar las luces, radares, cámaras) no lo hace cualquiera, fue una planificación muy bien ejecutada”.
En cuanto a las investigaciones hacia la concesionaria, reiteró que deberá ser la segunda etapa de la investigación, porque los delitos que se persiguen por el momento en este caso es el robo, hurto y cohecho en caso que se compruebe que se haya sobornado a alguien; además de responsabilidades administrativas y civiles, que están al margen de la competencia del MP. “De repente puede haber una violación a los deberes de los funcionarios o un abuso de autoridad (por las órdenes que hayan dado).
El fiscal aclaró que las investigaciones están siendo desarrolladas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de San Pedro Sula, aunque los fiscales en Tegucigalpa mantienen constante comunicación y en el caso de la Fiscalía contra la Corrupción existe apoyo en materia de orientación de las otras etapas de la investigación que habrá de seguirse.
AVIONETA VALORADA ENTRE $ 4.5 a 6 MILLONES
Las autoridades del MP se mantienen en constantes reuniones debido al nuevo “escándalo” que ha generado el robo “frente a las narices” de las autoridades responsables, siendo así que ya preparan un informe sobre el costo valorado de la avioneta que oscila entre 4.5 y 6 millones de dólares, informaron fuentes oficiales a LA TRIBUNA.
Es decir que el Estado hondureño deberá recuperar ese monto aproximado, pero la documentación a la fecha se está analizando, mientras se agrupan más datos a la investigación.
En la actualidad, permanecen en Honduras unas 14 aeronaves en depósito en la Fuerza Aérea, diseminadas a nivel nacional. De la base donde se sustrajo una, permanecen tres más, en Tegucigalpa y La Ceiba se encuentra el resto, se informó.
FUENTE: www.latribuna.hn