Peru:El uso de videos de seguridad en los juicios se vuelve frecuente.

Peru:El uso de videos de seguridad en los juicios se vuelve frecuente

El chofer del taxi conversaba con total tranquilidad con el pasajero. El conductor, Darío Proaño, incluso le dijo que le llevaría sin problemas si es que lo requería en otra ocasión. El cliente, un veinteañero que llevaba una chompa oscura, le agradeció por el ofrecimiento; antes de salir del carro le disparó por la espalda. El muchacho, hoy identificado como Jorge, abandonó el vehículo por la puerta trasera izquierda. El conductor, en cambio, quedó inmóvil, con el pecho pegado al volante.

Todo ocurrió el 9 de octubre del 2015, en Pisulí, un barrio popular de Quito, y cada detalle de ese asesinato quedó registrado por la cámara de seguridad del vehículo.

Esa madrugada, unas tres horas después del ataque, los policías localizaron al sospechoso en su vivienda; tenía la ropa con manchas marrones y aliento a licor. Se levantó de la cama y acompañó a los uniformados a una unidad judicial.

En la investigación, peritos de Criminalística accedieron a las imágenes captadas por la cámara del taxi, analizaron el diálogo y concluyeron que la voz del veinteañero que aparecía en las escenas era la misma que la del detenido.

Esa filmación formó parte de las pruebas que la Fiscalía recopiló en contra de Jorge.

¿Cómo se accede a esas imágenes para un proceso judicial? El 8 de mayo pasado se cumplieron dos años desde que la Fiscalía firmara un convenio con el ECU 911 y la Agencia Nacional de Tránsito para acceder a las cintas sin necesidad de una orden judicial previa y utilizar el contenido en las investigaciones.

Desde entonces, en el país se ha vuelto frecuente el uso de las grabaciones del sistema de videovigilancia que opera en las calles, en los buses y taxis para esclarecer los delitos.

Hasta ahora, la Fiscalía ha accedido a 33 222 cintas del ECU 911. De esa cifra, 241 ya se usan en juicios contra sospechosos.

Entrega en 72 horas

El Código Penal también habla de este nuevo mecanismo. En el artículo 471 se dice que no requieren autorización judicial las grabaciones de audio o video relacionadas a un hecho delictivo. Y que “se pondrán inmediatamente a órdenes del fiscal que lleva la causa en soporte original”.

Wilson Merino, director de gestión procesal de la Fiscalía, asegura que antes del convenio los fiscales duplicaban esfuerzos, pues no se integraba la plataforma del ECU 911 con la de la Fiscalía. “(Lo que se hacía era) conseguir videos de las cámaras de municipios, privadas, o de centros comerciales que no siempre tenían un buen sistema de almacenamiento”.

Ahora, la entrega es inmediata. Una vez que el investigador solicita la filmación, el ECU 911 tarda máximo 72 horas en remitir la cinta. Aunque si se trata de delitos flagrantes, el organismo los envía enseguida, en al menos ocho horas.

Eso ocurrió con el crimen del estudiante Pedro Simbaña, en Quito. Los investigadores revisaron la grabación que las cámaras del ECU 911 registraron el 4 de noviembre pasado en la avenida Gaspar de Villarroel y Londres, y capturaron a dos sospechosos.

Esa tarde llovía, pero los Ojos de Águila captaron cómo el estudiante del Central Técnico fue arrinconado por dos jóvenes que lo apuñalaron en el pecho. Los agentes analizaron las imágenes e identificaron que uno de los dos detenidos llevaba la misma ropa que la persona que aparecía en el video.

En estos dos años, la videovigilancia ha ayudado a descubrir a los autores de asesinatos, agresiones sexuales o asaltos.

Igual ocurrió con el crimen de Henry Ríos, un joven apuñalado en febrero del 2015, en el centro de Quito. Las cámaras siguieron, paso a paso, el ataque. En el video se ve cómo el sospechoso, que vestía una chompa roja, corre detrás de la víctima y le clava el puñal.

Luego huye por una calle oscura y más tarde toma un bus. Las cámaras de la unidad también captan al sospechoso y le siguen desde el ECU.

Operadores del centro de monitoreo alertaron a la Policía y notificaron el punto exacto en donde encontraba el bus. Así lo arrestaron.

Ramiro Ortega, jefe de la Brigada Anticriminal de la Policía Judicial, admite que los videos son indicios claros que permiten identificar a grupos criminales o al potencial sospechoso de un delito.Sin embargo, el oficial también tiene reparos: “lamentablemente, muchas de las cámaras que hay en Quito, cuando hemos requerido la información, no estaban prestando servicio porque las tenían en mantenimiento o con algún defecto técnico; es decir, se encontraban dañadas”.

¿Es así? Este Diario pidió una entrevista con el director nacional del ECU 911, pero a último momento fue cancelada.

César Navas, ministro coordinador de Seguridad, atendió una llamada de este medio y respondió que el porcentaje de las cámaras del ECU 911 que está en mantenimiento a escala nacional no sobrepasa el 5% de un total de 3 200. “(Los chequeos) son programados y tardan uno o dos días dependiendo del problema”, dijo.

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