Existe una investigación legislativa para saber si el director de Policía, comisario general Juan Carlos Caleri, agredió o no a un adolescente en el transcurso de incidentes ocurridos el viernes pasado en la plaza Independencia.
Ayer un grupo de legisladores des de la Unión Cívica Radical, concurrieron al Ministerio de Seguridad, y observaron las filmaciones registradas por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Como se ha informado, el diario digital MDZ registró fotográficamente una supuesta agresión del jefe policial, durante los disturbios provocados por un puñado de jóvenes, que participaba de una sincola colectiva y que derivó en ataques con piedras a simpatizantes de fútbol chilenos.
Los legisladores Daniel Dimartino, Edgardo Pintos, Néstor Parés y Roberto Infante fueron recibidos primero por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y luego observaron las grabaciones de las cámaras, correspondientes a las que están instaladas en la peatonal Sarmiento.
Sólo los legisladores accedieron al material filmado, ya que a los periodistas o terceras personas no se les permite el acceso a ese material debido a la prohibición judicial de acceder a episodios en los que están involucrados menores, salvo, tal vez, que sus rostros hubiesen estado pixelados (ocultos)
Tras 20 minutos de observar la filmación, los diputados efectuaron declaraciones. Parés resumió:
*Se ve cuando el chico cae, pero no se aprecian las imágenes anteriores.
*No se observan golpes de Caleri hacia el menor.
*El chico ingresa en el cuadro (de la filmación) cuando se está cayendo.
*En ese momento, la cámara está mostrando a otro chico que había tirado piedras y en ese momento entra en el cuadro el jovencito cayéndose.
*Tampoco se aprecia al chico llevándose por delante a Caleri (explicación oficial, que sostiene que el menor venía detrás de él corriendo y en esas circunstancias lo atropelló y se cayó) ni tampoco se percibe ataque alguno del funcionario.
Los diputados señalaron que seguirán investigando, a pesar del actual receso de la Legislatura. "Vamos pedir la secuencia fotográfica al medio periodístico que la divulgó; además, intentaremos contactar al chico en cuestión y a sus padres".
De todos modos, los diputados provinciales dijeron que sobre el episodio no hay denuncia ni la comisaría de la jurisdicción ni en ninguna oficina fiscal de instrucción.
Refuerzo de vigilancia
A su turno, el ministro Aranda afirmó que la intención de su cartera es "no ocultar nada" y seguir prestando colaboración para establecer la verdad de lo ocurrido.
Para el operativo del partido de mañana entre las selecciones de Chile y Perú, se repetirá el esquema de seguridad, destinando 1.200 policías, 800 de los cuales estarán en el exterior del estadio.
FUENTE: www.losandes.com.ar
La Concejal cuestionó el incumplimiento del llamado a licitación para instalar 50 cámaras de seguridad.
La concejal Adriana Reyes, Presidenta del Consejo Municipal de Seguridad y Educación Vial, realizó fuertes críticas por los aspectos que no se cumplieron del Plan presentado por el Municipio de Río Gallegos en el marco de la Emergencia Vial, entre los cuales mencionó la falta del llamado a licitación para instalar 50 cámaras de seguridad en Río Gallegos, tal cual lo informado a ese Consejo por los funcionarios municipales en enero y febrero de este año.
La Presidenta del Consejo Vial indicó que “el Plan trazado por el Municipio de Río Gallegos en cuanto a la emergencia vial, incluye muchas medidas que no se cumplieron. Si bien generaron el plan de preventores que no estaba contemplado, éste fue un recurso humano que el Ejecutivo Municipal decidió implementar debido a que no quiso hacer otras modificaciones, como por ejemplo la redistribución del recurso humano del Municipio a través de un Decreto para el área de Tránsito, pero hay otros aspectos como la falta de compra de los insumos necesarios para esta tarea, como el aumento del parque automotor o la ropa para los inspectores y también otros elementos que se habían considerado implementar durante la emergencia”.
Leer más: Fuertes críticas a gestión municipal por Emergencia Vial
La necesidad de las personas de proteger su casa o su negocio ha empujado en el último año las ventas de las empresas ligadas a la seguridad. La compra de sistemas de alarma ha crecido en un 15%, mientras la demanda de láminas para protegerse del robo en vehículos subió un 50%, según los comercios.
Este aumento, también, ha generado que las empresas importen nuevos productos y diversifiquen sus servicios.
Galo Estrella, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, dice que este año los equipos más vendidos son los sistemas de monitoreo electrónico, es decir, alarmas, sensores de movimiento y cámaras, reduciendo los requerimientos de servicios de vigilancia por guardias.
Esos pedidos, explica, provienen en parte de las familias que viven en ciudadelas cerradas, que ahora suman a la guardianía de la urbanización un equipo de seguridad privado.
Leer más: Crece demanda de equipos y servicios ligados a seguridad
El intendente Selva anunció que llegan 9 unidades en primera instancia y 15 más en el resto del año • Además se anunció la instalación de nuevas cámaras de seguridad, y la compra de una ambulancia para el Hospital.
El intendente Carlos Selva anunció la llegada de nuevos patrulleros para la ciudad, la instalación de más cámaras de seguridad y la compra de una ambulancia para el Hospital Dubarry.
El primer mandatario está abocado fuertemente a la gestión de gobierno y en los últimos días pudo confirmar la llegada de nuevas patrullas policiales para reforzar un área sensible para los vecinos como es la seguridad.
La denuncia fue corroborada por la Defensoría del Pueblo porteña que, en un dictamen, recomendó al Gobierno de la Ciudad que “oculte o traslade la cámara”. El episodio se agrega a la decisión de ceder las imágenes captadas a canales de TV.
Las videocámaras de seguridad, instaladas por el gobierno porteño, siguen generando polémica. A la decisión del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de entregar a los canales de televisión las imágenes en vivo captadas en los diversos barrios, en abierta violación a la ley que regula su funcionamiento –tal como reveló Página/12– e instalar cámaras en escuelas, se suma la denuncia de un vecino que teme que su intimidad sea vulnerada por una videocámara instalada frente a la ventana de su baño. El vecino hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el organismo acaba de emitir una resolución por la cual recomendó al gobierno de Mauricio Macri que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara” al fin de evitar que el vecino sienta “la amenaza de que está siendo vigilado”. En su dictamen, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, advierte que en la colocación de videocámaras en la vía pública se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”.
El vecino, cuya identidad se mantendrá en reserva, planteó su preocupación en la Defensoría del Pueblo cuando advirtió que el gobierno porteño había instalado una cámara tipo “domo” –son aquellas que captan imágenes con un giro de 360 grados en la línea horizontal y 180 grados en la vertical– en una columna de alumbrado público, “muy próxima a una ventada de su domicilio, en el segundo piso de un edificio”, ubicado en una avenida de un barrio céntrico de la ciudad. La ventana es la del baño. En su presentación, el vecino cuestionó que la presencia de la cámara “viola su intimidad, ya que podría capturar imágenes del interior de su vivienda”.
El caso fue derivado al Centro de Protección de Datos Personales, de la Defensoría, que encabeza Eduardo Peduto, desde donde se viene siguiendo el cumplimiento de la Ley 2602, sancionada en 2007, por la Legislatura porteña, que regula el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la ciudad.
La Defensoría confirmó que la videocámara efectivamente está colocada a la altura de la ventana del baño del vecino y es una de las casi mil que ya ha instalado el gobierno porteño, cuyas imágenes son visualizadas por operadores del Centro de Monitoreo Urbano del Ministerio de Seguridad. Ante una consulta de la Defensoría, el gobierno porteño informó que solo se captan imágenes provenientes del espacio público y que no se obtienen sonidos. Además, indicó que no se habían captado imágenes del edificio del vecino como tampoco de otros inmuebles, dado que las videocámaras cuentan con un software que bloquea la visión cuando el zoom permite apuntar al interior de un domicilio y también cuando se acerca al rostro de una persona.
El Centro de Protección de Datos Personales evaluó que si bien la Policía Metropolitana “ha recurrido al procedimiento de enmascaramiento en pos de la protección de la vida íntima del ciudadano”, de todas formas “la sola amenaza sobre el derecho a la privacidad del vecino sería causal suficiente para modificar la ubicación del artefacto. Ello es así ya que no hay ninguna duda de que la colocación de una videocámara próxima a la ventana del baño de una vivienda –como lo está en este caso– genera de mínima una duda razonable sobre que uno podría estar siendo vigilado. Esto es así toda vez que los ciudadanos desconocen el funcionamiento y alcance de estos potentes aparatos”, señala la resolución 1456/11, firmada en los últimos días por Pierini, en la que recomienda al superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo José Martino, que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara”.
Pierini agrega que en la instalación de videocámaras se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”. Es decir, que “corresponde que las autoridades tomen medidas acordes entre el avance de las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales de los individuos, como lo es el de la privacidad”, considera Pierini.
Consultado por Página/12, Peduto observó que “la mayoría de los porteños desconoce la existencia de las videocámaras y cómo funcionan”. Y advirtió que aunque la ley obliga al gobierno a colocar carteles que adviertan sobre la presencia de cada cámara, no siempre se cumple con esa regulación. El funcionario explicó que las imágenes capturadas por las cámaras en el espacio público se consideran, de acuerdo con las leyes vigentes, “datos personales”. En función de ello, “la recolección de datos debe ser en base a una razón legítima que, si bien en este caso podría estar fundada en la prevención del delito, debe revestir ciertos límites y garantías”.
FUENTE: www.pagina12.com.ar