Tigre tendrá 800 cámaras de seguridad y un nuevo Centro de Operaciones.

El intendente de Tigre, Sergio Massa, anunció hoy la puesta en marcha de un sistema de 120 cámaras de seguridad nuevas, que se sumarán a las 680 ya instaladas en todo el distrito, mientras que en los próximos meses se inaugurará un nuevo Centro de Operaciones.

"Estamos poniendo en marcha un sistema de 120 cámaras más, para completar el sistema de 800 cámaras entre públicas y privadas. Para el 30 de abril el objetivo es que Tigre tenga una cámara cada 500 habitantes, que es lo que se aconseja como sistema de video vigilancia con capacidad de cobertura íntegra", indicó el intendente.

Tigre fue un municipio pionero en la instalación de cámaras de seguridad, a través de la creación del Sistema de Protección Ciudadana, que cuenta con un centro de monitoreo los 365 días del año; la instalación de botones de pánico en colectivos y escuelas; los GPS en patrulleros policiales y medios de transporte público, entre otros puntos.

Además, ya está en marcha la instalación de botones de pánico en las casas, finalizando la primera etapa de 500 domicilios "para continuar con sucesivas etapas para llegar en los próximos cuatro años a la totalidad de las casas de toda la ciudad", se informó.

"Es muy importante el sistema de cámaras como apoyo de todo el sistema de seguridad, que además viene acompañado de 30 móviles, del trabajo de la policía de la Provincia y de un programa de inversión que nos va a permitir además de las cámaras, tener un nuevo centro de operaciones con el control del sistema de botón de pánico, alertas y situaciones climáticas como la sudestada, una cobertura completa de servicios para todos los vecinos de Tigre", apuntó Massa.

FUENTE:Terra Argentina

Más cámaras de seguridad: "La decisión no pasó por el Concejo"
Luego de que la intendenta Fein firmara un convenio para la instalación de nuevas cámaras de video en puntos estratégicos de la ciudad, el edil del Frente para la Victoria Roberto Sukerman se quejó de que el cuerpo no haya sido consultado "en un tema tan sensible como lo es la seguridad pública". Puntualizó que "no hay licitación autorizada" y que además "no hay marco regulatorio"

Un día después de que la Municipalidad firmara un convenio para la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, el edil del Frente para la Victoria Roberto Sukerman salió a quejarse públicamente de que el gobierno local no haya incluido en el proyecto al Concejo.

Este miércoles, la intendenta Fein firmó el contrato de adjudicación para 80 nuevas cámaras, equipos que se sumarán a los 20 que ya están operativos y son supervisados las 24 horas. Las primeras 40 cámaras serán instaladas en un plazo de 90 días. A fin de año, habrá ya 120 instaladas en toda la ciudad.

“El Concejo Municipal no participó institucionalmente de esta cuestión, la decisión no pasó por el concejo, así como tampoco se aprobó el proyecto de una comisión de seguimiento de las cámaras de videovigilancia”, lamentó.

"El ejecutivo coloca a los concejales en un lugar de mero espectadores cuando los ediles quieren ser protagonistas, más aún en el debate de un tema tan sensible como lo es la seguridad pública", criticó el justicialista. El concejal explicó que “en Rosario no hay un marco regulatorio para las cámaras de videovigilancia como si lo hay en la provincia mediante la ley 13164 del año 2010”.

Sukerman recordó que “durante años el gobierno socialista se opuso a la instalación de este tipo de cámaras y ahora, para responder a una demanda social sectorial, deciden colocarlas sin ningún tipo de debate previo”. Y aclaró: “Toda esta iniciativa funcionará sólo con un decreto del Ejecutivo que establece, en forma unilateral, el reglamento de funcionamiento”.

“No hay licitación autorizada por el Concejo, no hay marco regulatorio, no hay comisión de seguimiento. El concejo es un espectador en una cuestión central como es la seguridad”, argumentó el edil, quien denunció: “No puede ser que el Ejecutivo genere un vacío en el debate de seguridad en el Concejo, si son transparentes, participativos, democráticos y republicamos, entonces que abran la posibilidad del debate”.

"Los vecinos recurren a sus representantes que son los concejales para realizar sus reclamos de inseguridad y no podemos limitarnos a explicarles que el ejecutivo nos ignora", disparó.

El jefe del bloque de concejales del Frente para la Victoria también señaló que las cámaras son una herramienta y no una solución contra la inseguridad: “La colocación de estas cámaras sin un plan integrador de seguridad generará que haya un corrimiento del delito, que no se detendrá sino que disminuirá en los lugares donde se colocan las cámaras y aumentará en las zonas donde no se hayan instalado”, analizó.

“Hay muchos temas que ocupan el debate además de los lugares donde se colocarán, también es importante, para conseguir el máximo aprovechamiento, decidir con que software se trabajará, que se hará con las grabaciones, como se coordinará el trabajo entre las diferentes instituciones públicas”, dijo Sukerman y sintetizó: “Lo que pedimos es un debate serio sobre las cámara de videovigilancia que se construya en torno a una política de seguridad pública".

Finalmente el edil remarcó que: “Este es un claro ejemplo de lo que queremos decir cuando afirmamos que la cuestión de la seguridad es un problema provincial pero que la municipalidad tiene mucho para hacer. De esta forma el municipio demostró que entiende que puede ocupar un rol activo en la temática de la seguridad pero debe abrir el debate y crear un marco institucional”.

FUENTE:Rosario3.com

Colocarán cámaras de seguridad en todos los hospitales de Rosario
En el Vilela, el Carrasco, el Alberdi y el Roque Sáenz Peña las empezarán a instalar en 30 días. Buscan un efecto disuasivo sobre quienes agreden a diario a los médicos y enfermeros.

Qué magnitud tendrá el problema de la violencia sobre la atención hospitalaria y el consecuente miedo de médicos y enfermeros que los centros de salud de la ciudad tendrán prioridad para recibir las nuevas cámaras de seguridad. De los 80 equipos de videovigilancia adquiridos por el municipio —40 de los cuales se empezarán a instalar en 30 días (ver aparte)— cinco irán a parar a los hospitales de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), Roque Sáenz Peña, Carrasco, Alberdi y Vilela. De los 40 restantes saldrán los destinados a monitorear los ingresos de los demás efectores ubicados en el ejido urbano, entre ellos el Provincial, el Centenario y el Policlínico San Martín.

Las imágenes del Hospital Santojanni de Buenos Aires, literalmente asaltado la semana pasada por una banda de violentísimos y armados barrabravas dispuestos a acuchillar a quien suponían el matador de un compañero de su facción futbolera, superaron cualquier ficción.

Pero ese ataque no fue aislado, ni en el Santojanni — "esto se vive todos los días", aseguró una enfermera— ni en los hospitales rosarinos. Episodios locales no faltan para ilustrar la gravedad de esos hechos, pese a que los efectores cuentan con seguridad privada, policía adicional y el frecuente apoyo de los cuerpos de guardias municipales, como Control Urbano.

El Hospital Roque Sáenz Peña, el de Emergencias y el Carrasco, tienen su historial. Según datos que manejan en la Asociación Médica de Rosario, una cuarta parte de la violencia laboral se da, justamente, en el sector de la salud.

Pacientes y familiares. Fue en el Roque, por ejemplo, donde hace un año el personal dijo "no va más" y salió a reclamar más seguridad para enfrentar los frecuentes ataques de pacientes y, sobre todo, de exaltados familiares.

No sólo de gente que llega con excesos de droga o alcohol, sino también de heridos de arma blanca o de bala que incluso extienden sus enfrentamientos al mismísimo hospital.

"Llega un herido de un grupo, llega el herido de otro grupo, y ahí se arman unos despelotes bárbaros", graficó ayer sin vueltas el director del efector, Federico Cornier.

Esas situaciones no son privativas de la época de fiestas ni de los fines de semana: ocurren cualquier día. "Muchas veces la gente llega exigiendo respuestas que no se le pueden dar, como con un paciente baleado que quieren que resucitemos", agregó el médico. Si la solución no aparece, "se agrede al personal".

El Heca es otro ejemplo. Pese a que cuenta con destacamento policial, seguridad privada, cámaras de vigilancia internas y una sala de monitoreo, el Clemente no escapa a las situaciones de agresión contra su personal, lo que también disparó fuertes reacciones.

Sin ir más lejos, el 31 de octubre pasado una médica fue golpeada por un paciente que llegó visiblemente alterado tras una pelea y eso desató una protesta del personal: tras una asamblea de cuatro horas, las autoridades de Salud decidieron reforzar la vigilancia dentro y fuera del edificio.

Similares situaciones se viven en el Alberdi y el Carrasco. A ese último hospital, por ejemplo, llegó con múltiples heridas de bala, el 19 de marzo del 2010, Roberto Pimpi Caminos, llevado por cuatro personas muy violentas que incluso golpearon a dos agentes de la seguridad privada. Cuando se enteraron de que había muerto, literalmente lo abandonaron en la guardia y huyeron en el BMW en el que habían arribado.

Reclamos. "La Subsecretaría de Seguridad Comunitaria ha recibido muchas consultas e inquietudes por estas cosas de parte del personal de Salud", contó ayer el responsable del monitoreo de las cámaras, Patricio Campbell, para explicar por qué se priorizó a los hospitales para instalar las cámaras de videovigilancia.

De ahora en más, reflexionó, esos equipos ayudarán a registrar hechos tan frecuentes como graves, por ejemplo, "cuando se abandonan personas heridas de bala en las puertas de los hospitales", o "tumultos, peleas, agresiones y amenazas" en las que intervienen pacientes, familiares y allegados.

Para registrar esas situaciones las cámaras se instalarán "sobre un domo con capacidad de giro", de modo de que registre "todo el corredor del ingreso y egreso" de los hospitales, con un carácter básicamente "disuasivo".

FUENTE:LaCapital.com.ar

Era gerente y lo filmaron mientras "bromeaba" con sus empleados y la Justicia avaló su despido con causa

El empleado jerárquico decidió pasearse en "paños menores" frente a sus dependientes porque no funcionaba el aire acondicionado. Al ver su accionar, a través de cámaras de seguridad, la empresa decidió desvincularlo, a pesar de que llevaba muchos años en su puesto y no tenía castigos disciplinarios

Muchas veces, las empresas se ven ante la dificultad de probar la inconducta de un empleado. Sucede que los testimonios y las pruebas documentales pueden no ser suficientes ante los ojos de los magistrados como para justificar la decisión de despedirlos con justa causa.

Por ese motivo, y ante el avance tecnológico, cada vez más compañías optan por filmar los lugares de trabajo con el fin de mejorar los distintos controles y hacerlos más exhaustivos.

Sin embargo, este mecanismo debe adoptarse con mucho cuidado, de modo de no resultar un exceso de supervisión y convertirse en una causal de reclamo judicial.

En la legislación argentina no existe una normativa específica que regule la instalación y utilización de estos sistemas de vigilancia que captan imágenes o graban sonidos, por lo que los jueces suelen analizar con cuidado cada caso concreto.

No obstante, existe un artículo (el 70) de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que estipula qeu cualquier medio de control personal debe ser implementado de modo de preservar la dignidad del trabajador, con discreción, y en forma aleatoria y no dirigida.

Asimismo, dicha norma (en los artículos 62 y 63) indica que, en estos casos, dicho accionar debe enmarcarse en la buena fe esperable de un trabajador y un empleador, actuando bajo criterios de colaboración y solidaridad.

En este contexto, hace pocos días, se dio a conocer una sentencia en la cual fue rechazada una demanda porque la empresa pudo demostrar, a través de filmaciones, que el empleado había incurrido en una falta grave que justificaba la ruptura del vínculo laboral.

Filmado mientras "bromeaba"
En un día de mucho calor y con el aire acondicionado averiado, el gerente de una sucursal de la compañía decidió desvestirse y quedarse solo con el bóxer y las medias puestas. Así, en "paños menores", comenzó a caminar por toda la sucursal del banco (que estaba por abrir para atender al público) y a mostrarse frente al resto del personal.

Pero la "broma" le jugó una "mala pasada". En un determinado momento, decidió continuar con su proceder y alzó a una de sus empleadas. A los pocos días, la empresa, basándose en la filmación del lugar de las cámaras de seguridad, decidió prescindir de sus servicios en los siguientes términos:

"En razón de una revisión de rutina de las grabaciones de las cámaras de seguridad del tesoro y sectores de la sucursal Hospital Italiano, de la cual Ud. es gerente, se detectó a través de grabaciones y fotografías que los días 16, 18, 25 de noviembre de 2009 y otras fechas cercanas, Ud. incurrió en inadmisibles conductas personales.

Se observa que en dichos días, y en lugares y horario de trabajo, ud. en impropia conducta se encuentra abrazando e, incluso, alzando en brazos a una integrante de la sucursal. Se lo observa, asimismo, que en presencia de otros empleados se muestra semidesvestido, con los pantalones por las rodillas o sin ellos, sin camisa, con el torso desnudo. Este proceder implica una grave injuria laboral imposible de consentir. Tal conducta se agrava aún más en virtud de su jerarquía, además de lo público de su exhibición, pues en alguna fotografía aparecen empleados de la sucursal...".

Entonces, el dependiente rechazó dicha misiva y alegó que "sólo se trató de bromas habituales entre él y el personal" y señaló que las conductas no resultaron impropias, ni ocurrieron en horario de trabajo, sino fuera del de atención al público.

Bajo estos argumentos, se presentó ante la Justicia para reclamar una indemnización por despido sin causa y diferencias salariales. La jueza de primera instancia señaló que la ruptura dispuesta por la empresa era justificada y sólo hizo lugar al otro pedido.

La magistrada consideró que se había demostrado la gravedad de falta cometida por el dependiente, por lo que la desvinculación resultaba razonable y afirmó que no era necesario tener en cuenta la antigüedad y su desempeño en el banco demandado.

Así las cosas, el ejecutivo se presentó ante la Cámara de Apelaciones para cuestionar la sentencia. Sostuvo que existió una errónea interpretación de los hechos y de las pruebas producidas.

Pero los camaristas explicaron que "la justa causa es un motivo legal de denuncia consistente en el incumplimiento grave de deberes contractuales propios de la relación de trabajo (deberes de prestación o conducta). Es todo acto u omisión, contrario a derecho, que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes, que lesione el vínculo contractual".

En este punto, destacaron que el reclamante no afirmó que las imágenes no correspondieron a su persona, ni tampoco les imputó falsedad. Solo invocó que se trababan de bromas habituales, entre él y el resto del personal.

Los camaristas remarcaron que "la conducta imputada al dependiente no se trata de un mero acto privado, sino del comportamiento de un empleado jerárquico (gerente de sucursal), que representa la máxima autoridad en el lugar de trabajo (aun cuando se invoque que aquellas conductas fueron realizadas "en forma de broma")".

"Ello es así, pues no se puede obviar el carácter de personal jerárquico que revestía por sus funciones (gerente), a quien mucho más debe exigírsele un comportamiento decoroso y de respeto, no solo para la institución bancaria y sus clientes, sino también con sus subordinados, responsabilidad que en ningún momento debió abandonar", agregaron los jueces.

Para los camaristas, lo relevante fue que los hechos sucedieron dentro de la jornada de trabajo, mientras el personal desempeñaba sus tareas.

En consecuencia, destacaron que el proceder del dependiente fue contrario a los principios y deberes consagrados en la LCT y remarcaron que "el cargo de gerente de sucursal, que ejercía el reclamante (líder de un equipo de trabajo), así como su larga trayectoria, le imponían actuar con mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas, y, por lo tanto, mayor era la obligación que resultaba de las consecuencias de los hechos, conforme con lo normado por el art. 902 del Código Civil, que resulta de aplicación al ámbito laboral, en consonancia con lo que disponen también los arts. 62 y 63 de la LCT".

Por último, destacaron que esa clase de conductas, por parte de un trabajador jerárquico (como desnudarse o alzar a una empleada), pueden acarrearle diversos problemas a la empresa como una demanda por mobbing. Para ver el fallo completo provisto por elDial.com, haga clic aquí

Método no invasivo
Jorge Azumendi, abogado del estudio Tanoira Cassagne, consideró que "la causal de despido resultó ajustada a derecho, no sólo desde el punto de vista de las inconductas cometidas por el empleado, sino, además, por el hecho de su cargo jerárquico que lo obligaba a actuar con mayor responsabilidad frente al resto de sus compañeros de trabajo".

El poder de dirección del empresario le atribuye, entre otras, la facultad de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control que le permitan verificar el cumplimiento de los trabajadores a su servicio, de sus obligaciones laborales para la buena marcha de la organización productiva.

En este punto, el especialista de Tanoira Cassagne, alertó que pueden instalarse cámaras de vigilancia sólo en lugares de trabajo y no en lugares de esparcimiento, de descanso o privados, como vestuarios o baños.

Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados, indicó que "la filmación, como elemento probatorio, debe reunir una serie de requisitos para poder gozar de presunción y validez legal".

Por eso, hay que extremar aún más las medidas de validez de las pruebas fílmicas.

"En primer lugar, debe notificársele a los empleados que están siendo filmados, en qué lugares, mediante qué dispositivos, con una clara identificación de los equipos utilizados, y siempre poniendo a disposición las copias de dichas grabaciones", remarcó Minghini.

"Detectado un incumplimiento, previo a tomar una decisión, hay que certificar notarialmente la filmación, con indicación, nuevamente, de los equipos, el origen de la filmación, la fecha, hora de inicio y terminación, dónde ha sido grabada, dónde quedará almacenada, si se cargan en dispositivos móviles, como el DVD e identificar el mismo. Es decir, no debe quedar duda alguna de la veracidad inviolable e inalterable de los hechos sucedidos que fueron grabados", enfatizó el experto.

Luego, habrá que conformar un sumario interno, donde se deberá dar copia y exhibir al empleado la filmación -que deberá estar nuevamente identificada-, para que el dependiente realice su descargo. Además, es conveniente que declaren, en el mismo sumario interno, las personas que fueron testigos del hecho y también exhibirles la respectiva grabación.

Recién una vez culminados todos estos pasos, se podrá tomar una decisión final, teniendo como válida la evidencia fílmica.

"Las pruebas de filmaciones o fotos deben ser acompañadas por otras que las avalen", indicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago & Asociados.

En ese sentido, mencionó al relato de los testigos "porque ellos, efectivamente, vieron el hecho".

"En general, la prueba testimonial es la que va a prevalecer, ya que proviene de una persona que estuvo en ese lugar en el momento del hecho", concluyó Cerutti.

FUENTE:iprofesional.com