"Los dos referidos decretos están condenados a que se les declare inconstitucionales, porque debieron haberlos aprobado de acuerdo a lo establecido en las leyes", indicó el director del Cohep.
A los empresarios les desagrada sobremanera la aplicación de una tasa de 0.3 a las cuentas que tengan depósitos por 120,000 lempiras. La determinación según Urtecho, aportará 1,100 millones de lempiras de los 1,500 millones contemplados para financiar una lucha frontal en contra de la delincuencia.
De igual manera, se oponen a que el excedente de los recursos captados vía la referida ley sean destinados a obras sociales desarrolladas a la discrecionalidad del gobierno.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Luis Larach, estimó que de una manera fácil el gobierno recaudaría unos 3,500 millones de lempiras con la aplicación de la referida ley. Además, criticó el impacto que tendrá en la economía del país la aprobación de la ley de eficiencia en los ingresos y el gasto público.
Los empresarios también discrepan respecto a una vigencia de cinco años de estos cobros. "De manera original se nos dijo que la tasa de seguridad tendría una vigencia de un año y medio, pero fue aprobado en el Congreso Nacional por cinco años", dijo Urtecho.
Existen declaraciones oficiales del secretario de Finanzas, William Chong, que la normativa referida podría tener una vigencia superior a la prevista.
¿Qué viene?
En la reunión convocada de emergencia para hoy se les presentará a los empresarios cuál será el millonario impacto que tendrán estas medidas en la economía de las empresas, así como en el bolsillo de los consumidores.
"Es posible que recauden de 3,000 a 3,500 millones anuales por cinco años, estimamos que captaría el gobierno más de 15,000 millones de lempiras", dijo Urtecho.
Centrales obreras
El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano, informó que al interior de su organización se analizó el recién paquete de medidas aprobadas por el Congreso Nacional y determinaron que impactarán en contra de la economía de la población.
Además, que en los próximos días se convocará una reunión con las demás organizaciones laborales para definir una posición unificada.
"La seguridad personal y colectiva de las personas así como la de los bienes es responsabilidad constitucional del Estado. En este momento vemos que el pueblo tendrá que pagar su seguridad", expresó.
Según el sindicalista, se "tiene una estructura policial viciada, corrupta y que no responde a los intereses de la población. La gente más bien tiene temor de la Policía porque está infiltrada por delincuentes, se debe depurar a estas y otras instituciones", expresó. También advirtió que los dineros recaudados para desarrollo social se desvíen para otros fines.
Comisión legislativa evaluará resultados
El Congreso Nacional organizará una comisión que vigilará muy de cerca para que la Policía, el Ejército, el Ministerio Público y la CSJ rindan los resultados que se comprometieron tras recibir la ayuda proveniente del Fondo de Seguridad, declaró anoche el presidente del órgano legislativo, Juan Hernández, en una cadena de radio y televisión.
Hernández expuso que el apoyo estara ahí, ahora le toca a ellos responderle a la población. "Esta es una cruzada que los hondureños debemos enfrentar unidos, juntos…, todos los sectores…, empresarios, obreros, sindicatos, políticos, sociedad en general, dijo Hernández.
El presidente del CN adelantó que gracias a ese Fondo se instalarán cámaras de vigilancia en los buses, en las calles de las colonias y barrios más violentos; se comprarán 600 patrullas, se iluminarán todas las calles en el país y otras actividades para ganarle la batalla a los delincuentes.
Los protagonistas
Santiago Ruiz presidente del Cohep.
El líder empresarial ha mantenido un bajo perfil y se ha ausentado de la escena del conflicto. En el Cohep se ha informado que Santiago Ruiz se encuentra en el extranjero.
Luis Larach presidente de la CCIC.
El dirigente gremial, quien representa a los empresarios del norte del país, criticó la determinación del Congreso Nacional de aprobar medidas en contra de la productividad de las empresas.
Adolfo Facussé presidente de la Andi.
El dirigente industrial advirtió que toda alza a los costos de producción se trasladará al precio de los productos de consumo popular de manera directa y que esta no sería la excepción.
José Castañeda presidente de Femisse.
Criticó la aprobación legislativa de un impuesto a las transacciones bancarias que impactará en contra la estabilidad laboral de casi 1.5 millones de personas que laboran en las Pymes.
FUENTE: www.elheraldo.hn