La seguridad de los servicios de Baleares, en jaque por la falta de más de 300 vigilantes

La seguridad de un importante número de servicios de vigilancia de Baleares, algunos de ellos desempeñados en sectores estratégicos, está en jaque por la falta de más de 300 vigilantes en nuestro archipiélago.

Según datos facilitados por las principales empresas de seguridad que operan en nuestra comunidad y avalados por fuentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en la actualidad, operan en el territorio insular unos 2.300 vigilantes con TIP (Tarjeta de Identificación Profesional) en vigor. Todos ellos coinciden en señalar que, especialmente en temporada estival, no se logra alcanzar el número de licencias necesario para cubrir todos los puestos de trabajo.

Esta circunstancia pone en grave riesgo la seguridad de algunos servicios. La situación por el momento está controlada gracias al ejercicio de responsabilidad de las empresas del sector que están desplegadas en Mallorca y de los propios vigilantes en activo que, con sentido común, tratan de solventar de forma conjunta la falta de efectivos con un aumento de las horas extras o pactando que algunas libranzas en lugar de disfrutarlas en verano puedan tenerlas en temporada baja.

Puestos estratégicos

Puertos, aeropuertos, centros penitenciarios, hospitales, organismos públicos, centros comerciales, zonas industriales, construcciones, etc... son algunos de los servicios que realizan los vigilantes. En algunos casos, no siempre se puede dar cobertura con personal titulado y ello conlleva un importante descenso de la seguridad para los ciudadanos.

La seguridad privada en las islas sufre, al igual que el resto de personal de emergencias, policial o sanitarios, el problema de la falta de vivienda. Uno de los grandes inconvenientes del sector es la dificultad que supone la llegada de refuerzos estivales procedentes de la Península. Los precios desorbitados de la vivienda, con alquileres que rondan los 600 o 700 euros por habitación en algunas zonas, se convierte en un handicap que castiga duramente a los profesionales de otras comunidades que descartan desplazarse al archipiélago a trabajar.

Desde la Comisión de la Seguridad Privada de Baleares, se destaca que el número de vigilantes ha crecido un 4,54 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, pero, no obstante, en las islas la estacionalidad tiene una especial incidencia en comparación al resto de comunidades. Los servicios durante la temporada de verano se quintuplican, lo que sin duda requiere una gran eficacia y compromiso durante la temporada estival de los profesionales debido a la enorme afluencia de turistas. Otro punto a tener en cuenta y que ha disparado la demanda de seguridad es la construcción de hoteles de lujo, centros comerciales, hospitales, edificios y el miedo de las grandes constructoras de que sus inmuebles sean ocupados.

La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, organismo competente en la vigilancia y control del sector, es bien consciente de esta situación. Por este motivo, mantienen una supervisión constante y realizan inspecciones periódicas con la intención de que no se comentan irregularidades de carácter grave. Es cierto que, por falta de personal, algunas funciones más sencillas las están supliendo en la actualidad auxiliares de servicio. «No es del todo legal, pero no hay otra solución».

Competencia

«Para el sector es imprescindible acabar con la competencia desleal, los bajos precios de las licitaciones (incluso públicas), la insuficiente correlación entre el riesgo asumido y la rentabilidad, la inseguridad jurídica, el intrusismo y los problemas de regulación. Debemos trabajar todos unidos para dignificar el brillante trabajo que realizan nuestros profesionales», destacan desde la Comisión de Vigilantes de Seguridad de Baleares.

Para ser vigilante de seguridad hay dos vías, una es hacer una formación de 180 horas donde se te dan los conocimientos para presentarte a un examen a policía donde ellos marcan unas convocatorias al año, y la otra es obteniendo el certificado de profesionalidad. Dicho certificado de profesionalidad ha ampliado las horas de formación, pasando de 180 a 350 horas, realizando prácticas en empresas, un punto beneficioso ya que pueden ver el día a día de un vigilante de seguridad, sin poder ejercer pero, aprendiendo como se realiza el trabajo real antes de empezar.

Para obtener la TIP los profesionales, al igual que los integrantes de los cuerpos policiales, no pueden tener antecedentes penales dolosos, deben ser mayores de edad y ser ciudadano de la Unión Europea.

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Fuente: Ultimahora

Pedro Sánchez retirará de los espacios públicos a la seguridad privada

El Gobierno dePedro Sánchezquiere una regulaciónmás restrictivasobre la actuación de los vigilantes de seguridad privada en la vía y espacios públicos. Los socialistas promueven una revisión de laLey de Seguridad Privada, de 2014, por considerar que estos trabajadores han adoptado un papel “complementario” y no “subordinado” a lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Así se ha constatado en las últimas reuniones de la comisión creada en el Congreso‘para el Estudio del modelo policial del siglo XXI’, donde el PSOE ha expresado sus recelos sobre la legislación vigente.

En opinión de los socialistas, “cuando (la seguridad privada) deja de ser subordinada y empieza a ser complementaria, llega a la calle y ocupa espacios públicos”.

“Aquello que se decía de que se salía fuera porque era fin de semana, se había roto un cajero y había que estar de vigilancia para la seguridad, no; la seguridad privada debe estar constreñida a desarrollaruna función subordinada de lo que es la seguridad pública, porque esta se ejerce a través del poder público y sus agentes, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, creo que habría que dar una vuelta en esta regulación, paraencaminarla hacia la subordinación y eliminar ese otro factor“, expresó, en una de las últimas sesiones, el representante del PSOE,Pedro Muñoz.

La ley defiende la “complementariedad” entre seguridad privada y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado

El partido cuestiona así la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que, ya en su preámbulo, dice pasar “de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente elprincipio de complementariedada través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad”.

Para el Ejecutivo de Rajoy, la exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos resultaba“excesivamente rígida”y habría “dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano”. Por ello, la ley de 2014 amplió extraordinariamente sus competencias.

En la práctica, los vigilantes privados pueden ocuparse dela vigilancia de espacios públicos, como calles y en espectáculos y eventos que se desarrollen en el exterior, como se determina en el artículo 5, que establece como actividades de seguridad privada “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos”.

La ley actual establece además que las compañías de seguridad pueden participar en la “prestación de servicios encomendados a la seguridad pública,complementando la acción policial” y “cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” y permite a los vigilantes privados practicar detenciones en la vía pública siempre y cuando se trata de “flagrante delito”.La seguridad privada puede encargarse, entre otros, de la vigilancia perimetral de centros penitenciario, centros de internamiento de extranjeros o edificios e instalaciones de organismos públicos.

Ahora, el PSOE quiere aprovechar la citada comisión parlamentaria para negociar con el resto de grupos un nuevo modelo de seguridad privada, “extraordinariamente restrictivo”, especialmente en lo relativo a su presencia en el espacio público.

La modificación del papel de la seguridad privada es reclamada también por Podemos.

El partido de Pablo Iglesiasquiere revisar las penaspara el delito de “atentado” contra estos trabajadores, previsto en el Código Penal, porque, al no tener consideración de “agentes de la autoridad o miembro de las fuerzas armadas” no merecen ser tratados por igual. La formación añade-en sus enmiendas para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana- que la “equiparación” de la seguridad privada es“injustificada”y pide una nueva redacción del artículo 554 del Código Penal, que establece que los atentados -entendidos éstos como agresiones o resistencia con intimidación grave o violencia- contra el personal de la seguridad privada “debidamente identificado” y que desarrolle sus actividades “en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” deben ser tratados por igual “a la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos”.

El Código Penal establece las mismas penas: “Los atentados serán castigados con las penas de prisión deuno a cuatro añosy multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.

Fuente : okdiario