Gendarmería, Policía Científica, Policía Judicial e investigadores civiles intentan descubrir restos humanos y materiales del A320, preservándolos de las amenazas de lobos, aves rapaces e interpretaciones apresuradas entre Seyne-les-Alpes, lugar de la catástrofe, París, donde se dirigen algunas operaciones, y Marsella, donde la Fiscalía intenta «centralizar» unas informaciones víctimas de numerosas «interpretaciones» previas.
Yves Naffrechoux, capitán del Pelotón de la Gendarmería de alta montaña (PGHM), al frente de uno de los equipos investigadores, resumía el estado de las pesquisas a última hora del domingo de este modo: «Hemos descubierto indicios de 78 ADN distintos. Ese material es estudiado, de entrada, en un lugar secreto, no lejos de la catástrofe y enviado más tarde a París. El conjunto de las informaciones son transmitidas regularmente a la Fiscalía, en Marsella». En el avión volaban 150 personas.
Segunda caja negra
Las prioridades de los investigadores son siempre las mismas: identificación de las víctimas y rescate de la segunda caja negra, la famosa FDR («Flight Data Recorder») que después de seis días aún no ha sido localizada y que pudiera certificar con precisión datos del vuelo como la velocidad, altitud y trayectoriaúltima del avión.
Se trata de un trabajo largo, duro, complejo e imprevisible. Con la caída de la noche es urgente, cada día, montar una guardia que vigile el lugar de la catástrofe, intentando evitar que lobos y aves rapacespuedan destruir o devorar restos preciosos para la investigación. Son los militares los encargados de esta misión.
Stéphane Laourt, oficial de la PGHM, describe de este modo la mecánica de trabajo, compleja y delicada: «Unas cincuenta personas, especialistas de distintas disciplinas, intentan cooperar con armonía. Hay especialistas consagrados a la identificación de cuerpos o restos humanos, a la identificación a través de los dientes y a la ingeniería aeronáutica».
Los distintos expertos están sometidos al rigor y la disciplina de sus distintos Cuerpos. Patrick Touron, director adjunto del Instituto de investigación criminal de la Gendarmería nacional, describe de este modo los primeros trabajos, en el sitio mismo donde se desarrollan las investigaciones: «Fue necesario preparar un espacio próximo, aislado y secreto, para poder trabajar con serenidad. Un equipo de médicos forenses, dentistas y Policía Nacional, especializada, trabaja en la identificación. Dada la dispersión de los restos humanos y los objetos se trata de un trabajo titánico. El 90 por ciento de las identificaciones se realizan a través de los restos dentales. Pero no es posible dejar de lado ningún elemento. Huellas digitales, joyas o restos de ropa pueden aportar elementos de juicio preciosos».
Análisis en la BEA
Tras las primeras conclusiones provisionales, los restos y huellas de ADN distinos –en un número de 78 hallados hasta la última hora de la tarde del domingo– son trasladados a la periferia de París, donde el Bureau d’enquêtes et d’analises(BEA) tiene varias dependencias. En una, en Rosny-sous-Bois, en la periferia de París, se procederá al estudio comparativo de esos ADN con el de las muestras recogidas a las familias. Esa cadena de investigación, mando y responsabilidades está sujeta a una disciplina a geometría variable.
En la diminuta ciudad de Seyne-les-Alpes, la Gendarmería impone una disciplina marcial. Periodistas, voluntarios, «espontáneos», bomberos, gendarmes y Policía de alta montaña deben respetar unos «protocolos de seguridad» muy estrictos.
Cuando las informaciones obtenidas en el terreno, con mucho esfuerzo, «vuelan» a París para ser analizadas por los especialistas del BEA, salen de un perímetro militarizado para entrar en una zona mucho más política y «permeable».
El BEA depende del Ministerio de Sanidad (autoridad política) y debe confirmar o facilitar a la Fiscalía, en Marsella, toda la información «en tiempo real». Las filtraciones que se han sucedido desde el martes han provocado tensiones de cierta gravedad.
El Sindicato Nacional de Pilotos de Línea, por ejemplo, decidió querellarse judicialmente contra «X» –una fórmula en la que no se especifica el supuesto autor de un delito– por «violación del secreto profesional». De este modo el sindicato de pilotos estima que las declaraciones del BEA, las filtraciones periodísticas y las declaraciones oficiales del fiscal corrían el riesgo de «complicar» la investigación.
Ante esa evidencia, el BEA y el fiscal del caso, Brice Robin, han perdido una parte de su primera locuacidad, criticada por las asociaciones de pilotos y psiquiatras alemanes e ingleses, partidarios de una cierta «prudencia» a la hora de sacar «conclusiones definitivas».
Fuente: abc