Reconoce demora en designar supervisor

Alcaldesa garantiza que revisarán cámara por cámara

La alcaldesa, Ruby Rodríguez, reconoció ayer que hubo demora en designar un supervisor para el proyecto de seguridad mediante videovigilancia que se realiza en la ciudad.
Reconozco que hay demora, pero eso se debe a la demora de los funcionarios, por eso ha salido uno. Estamos haciendo lo más rápido posible el proceso, refirió.
A quien se designe deberá revisar cámara por cámara para que todo esté bien. Las cámaras que han comprado son de última tecnología, y por eso la supervisión debe estar a cargo de un especialista, sostuvo.
La instalación de cámaras de videovigilancia es un proyecto de hace seis años que la Municipalidad ha intentado llevar. Son 53 cámaras instaladas en puntos estratégicos que permitirán visualizar lo que ocurra en esas zonas.

Vías
En relación a las vías que se encuentran deterioradas pese a que ya lleva más de un año en que asumió el gobierno, la Alcaldesa dijo que el caso de la Av. Vice está a cargo del Gobierno Regional y que el centro comercial Plaza Vea ha ofrecido asumir el estudio técnico.
En relación a la avenida Gullman, manifestó que realizan el estudio porque es una competencia recientemente transferida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FUENTE:Diario El Tiempo de Piura

Cuádruple crimen: descartan las imágenes de las cámaras de seguridad

Los investigadores de la masacre de La Plata intentaban develar quién acompañaba a Susana De Barttole en el Bingo, pero la mala calidad de las imágenes impidieron la tarea. Con la prueba descartada, continúa el misterio en el cuádruple crimen.

Los investigadores del cuádruple homicidio de La Plata descartaron como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad del Bingo de La Plata porque no permitieron determinar quién acompañó a una de las víctimas al lugar, el día del crimen.

La mala calidad de las imágenes impidió reconocer al hombre que acompañó a Susana De Barttole horas antes de la masacre en la que también fueron asesinadas su hija, Bárbara Santos; su nieta, Micaela Galle y su amiga, Marisol Pereyra.

El fiscal Álvaro Garganta había ordenado el análisis de los videos de las cámaras de seguridad, luego de que surgieran indicios de que Susana de Bárttole, había estado jugando en el Bingo de la capital provincial, la tarde del 26 de noviembre pasado, es decir, horas antes del múltiple femicidio descubierto en las primeras horas de la mañana del día siguiente, indicaron fuentes del caso a Online-911.

Fuentes del ministerio de Seguridad, confirmaron que la calidad de las imágenes aportadas por el bingo propiedad de Codere S.A. "es muy mala, muy borrosa y es muy difícil su visualización".

El fiscal busca encontrar en esas imágenes a un hombre que habría salido del Bingo junto a la mujer, rumbo a su departamento del barrio La Loma, donde se consumó la masacre.

Cabe recordar que del análisis de la escena del crimen se determinó que la mujer tomó mate y fumó cigarrillos Le Mans junto al homicida, a quien, se cree, conocía y tenía trato habitual o pertenecía a su círculo de confianza.

En tanto, el único acusado, Osvaldo Martínez, continúa en libertad beneficiado por el análisis del ADN que se halló en la escena del crimen.

FUENTE:Online-911

Desmantelan estructura operativa del Centro de Respuesta Inmediata


Pese a ser el pilar de las acciones para brindar seguridad a los juarenses, la estructura operativa del Centro de Respuesta Inmediata (CERI 066) está siendo desmantelada, ya que de 145 agentes federales que fueron capacitados por personal del Gobierno estadounidense sólo quedan 45 para los tres turnos y no cuenta con un mecanismo efectivo para medir la eficacia del servicio que se presta a la ciudadanía.

No hay quién monitoree 280 cámaras que vigilan Juárez

En estas modernas instalaciones, creadas hace tres años con una inversión de 200 millones de pesos, no hay quién monitoree las imágenes en tiempo real que captan 280 cámaras de video instaladas en las calles de la ciudad.

Además, se desaprovecha un complejo sistema de computadoras y equipos de radiocomunicación alquilados a dos empresas, por el cual se pagan 2.5 millones de dólares de renta anuales.

La retirada de federales del CERI se ha registrado en el sigilo, sin que el Municipio esté en condiciones de reasumir su operatividad y sin que se haya concretado aún la transición del sistema al Estado, como lo aprobó el Cabildo juarense en septiembre de 2010.

Este panorama quedó expuesto en una visita realizada por El Diario al CERI el 23 de febrero. Era cerca del mediodía y casi todos los espacios del área de recepción de llamadas ciudadanas al número 066 se encontraban vacíos.

Sólo tres agentes de la Policía Federal -uno de ellos el supervisor- , auxiliados por cuatro mujeres enviadas por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, atendían los telefonemas de emergencias que se reciben a esas horas.

La mayoría de las islas de teléfonos están desocupadas, a pesar de que a diario se reciben, en promedio, 4 mil llamados de auxilio para delatar la comisión de delitos.

En el área de monitoreo y despacho de servicios, donde se observan las imágenes de las 280 cámaras de video, la inactividad es más evidente. Casi la totalidad de las computadoras están apagadas y las sillas permanecen sin ocupantes.

Únicamente cuatro federales se observan en esta área, quienes son ayudados por dos agentes de tránsito que se encargan de los reportes viales, un agente estatal y un militar.

Frente a este panorama, Salatiel Contreras Mendoza, militar retirado que hace 5 años ingresó a la Policía Federal y desde hace un año se encarga del servicio del CERI -ubicado a un costado de la Estación Babícora de policía-, comenta que “muchos de los agentes fueron concentrados a México”.

Se estima que desde abril de 2009, cuando la PF asumió el control del Centro, ha retirado casi al 70 por ciento del personal operativo, la mayoría capacitado por el Gobierno de Estados Unidos como parte de los acuerdos que la Iniciativa Mérida estableció con autoridades mexicanas para apoyar a las corporaciones locales.

Representantes ciudadanos advierten que esta desbandada se lleva a cabo sin conseguir establecer un mecanismo para medir la eficacia del servicio. “Tenemos una crisis muy grande que debemos resolver”, afirma Arturo Valenzuela, coordinador de la Mesa de Seguridad ciudadana, instancia que promueve sean las autoridades estatales quienes asuman esa responsabilidad.

El problema es que no cuenta con equipo propio, el personal capacitado para que el centro funcionara bien ya no está, además, no hay coordinación entre policías que atienden las emergencias o denuncias y las autoridades locales no están listas, ni con personal ni recursos económicos, para hacerse cargo de esa responsabilidad, comenta Valenzuela.

Señala que los integrantes de la Mesa de Seguridad empezaron gestiones para que sea el Estado quien rescate el CERI, pero se toparon con que éste no cuenta con personal ni recursos para mantener su operación.

Además de que presuntamente el Gobierno federal quiere que se pague el dinero invertido hasta ahora para entregar esas instalaciones, agrega. Sobre esto se pidió entrevista con la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero no respondieron a la petición.

De acuerdo con personal operativo, el costo del sistema se eleva hasta los 2.5 millones de dólares anuales sólo en la renta de computadoras y equipos de radiocomunicación, los cuales se alquilan a dos empresas: Cassidian y Boombang.

“La operación del CERI es costosa, por eso se busca transferir al Estado”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelús Pérez.

Retorno por el camino recorrido

Los problemas en la operación del CERI se arrastran desde 2008, cuando era manejado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y persisten pese a que desde hace más de tres años también ha pasado por la intervención de militares y federales.

Desde entonces está sumido en el misterio, ninguna autoridad hasta ahora ha abierto al público la forma en que se trabaja en el centro de atención y denuncia, sólo afirman que todas las llamadas de auxilio han tenido respuesta y que los tiempos de respuesta cada vez son menores.

Arturo Valenzuela, coordinador de la Mesa de Seguridad, afirma que realmente no se sabe cómo funciona el proceso completo de atención ciudadana ni qué tan eficiente resulta.

Se tiene conocimiento de que cuando se recibe una llamada, la toma gente de la PF y ésta la trasmite a Tránsito, Policía Municipal o Ministerial, según sea el caso, pero no hay luego un seguimiento de cuánto se tardó en atender el caso, si fue atendido o no, si resultó algún arresto, dice.

Menciona que cuando se piden cuentas a la corporación municipal responden: “¿Por qué tenemos que decirles a ellos (a la PF)? Y los de la Federal, se quedan con el “está bueno”, pero eso provoca que el CERI no funcione de la mejor manera.

“Esta descoordinación no es ningún secreto, como tampoco lo es el hecho de que si no mide la eficiencia del servicio no hay forma de establecer qué tan eficiente es el CERI”, comenta.

Esta situación es corroborada por Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública Municipal, quien tajante afirma que nunca ha habido coordinación con la PF.

“Al CERI ni siquiera lo conozco por dentro, porque es una instalación que es operada y administrada por la Federación, no tengo injerencia con ellos”, comenta, pese a que tiene su oficina a un par de metros del lugar y sus agentes son quienes atienden la mayoría de las 4 mil llamadas que a diario se reciben.

Menciona que “nunca ha existido una coordinación con el personal operativo del Centro, como no la tuve con la Policía Federal cuando ellos operaban acá, ellos operaban por su cuenta y yo por la mía”.

No obstante, dice que los radiooperadores son informados de los resultados de la atención por los agentes asignados a la atención de los reportes ciudadanos.

Sobre esto, Contreras Mendoza, coordinador del Centro, comenta que sí hay coordinación, pero no abunda sobre el tema alegando cuestiones de seguridad.

Esta realidad contrasta en mucho con lo que estableció como meta el Gobierno federal en febrero de 2010: la implementación de un mecanismo de reacción inmediata que hiciera funcionar el 066.

En ese entonces, ciudadanos que participaron en la reunión convocada por el gabinete social del Gobierno federal y encabezada por el presidente Felipe Calderón -tras la masacre en Villas de Salvárcar-, expusieron que el teléfono local de emergencias “simple y sencillamente no estaba funcionando, no estaban respondiendo”.

Ahí el mandatario del país dijo que su tarea y la de su gabinete sería hacer que funcionara ese servicio.

“Pongámonos” a trabajar en esto, “digo, hagámoslo porque sí es tarea del gobernador, es tarea mía y es tarea del alcalde, digo que ustedes, sociedad civil organizada, nos presionen, nos vigilen, en fin. Estén atentos hasta que funcione”, expuso Calderón en la reunión realizada en el Centro de Convenciones Cibeles.

Bajo esa premisa, el 9 de abril de 2010, el Gobierno municipal cedió a la Federal la operatividad del CERI que en ese entonces estaba en manos de militares. El 30 de septiembre de ese mismo año el Cabildo -en la sesión ordinaria 105- aprobó trasladar esa responsabilidad al Gobierno del Estado.

Seis días después el gobernador César Duarte, durante su primera visita como mandatario a esta frontera, acudió a una reunión en el CERI, donde se le expuso la operación del sistema de números de emergencia, el programa de identificación delincuencial, y el Crime Stoppers -que en ese entonces tenía contratado el Gobierno municipal.

Inversión alta, impacto diluido

En ese contexto, no sólo ha disminuido el personal del centro, sino que prácticamente se ha diluido la inversión que, se informó, se llevó a cabo para que el sistema de atención a emergencias en la ciudad funcionara.

En la segunda mitad de 2009 se inició la instalación de 280 cámaras de seguridad en la ciudad -100 se activaron en julio de ese año, el resto meses después-. En ese rubro se invirtieron 200 millones de pesos por parte de la Federación, informó el entonces alcalde José Reyes Ferriz.

A su vez el Gobierno municipal dio a conocer que invertiría 95 millones de pesos más en la colocación de aparatos localizadores en las patrullas para dar seguimiento a la atención de las llamadas y bajar los tiempos de respuesta. Pero éste aumentó de 7 minutos y 16 segundos que se logró tener en junio de 2010 hasta los 16 minutos en algunos casos, actualmente, en promedio.

Ahora, casi ninguna de las patrullas municipales cuenta con ese equipo, porque son unidades nuevas, las equipadas fueron declaradas como inservibles por choques o exceso de uso en el patrullaje, se informó.

Pero no es el único equipo que se dejó de utilizar. Un conmutador donado por autoridades estadounidenses para contribuir a la tarea de operar con eficiencia ese servicio -a través de la Iniciativa Mérida- está sin operar.

El encargado del CERI dijo que se desconectó porque resultó inoperante, dejaba muchas llamadas sin atender.

El gasto que el Gobierno de Estados Unidos, a través de las Iniciativa Mérida, ha realizado en el CERI asciende 1.6 millones de dólares, de acuerdo con datos proporcionados por el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

A la fecha, a los delitos captados por las cámaras instaladas -tres de ellas en mantenimiento- no se les da seguimiento inmediato debido a que no hay personal que monitoree las imágenes captadas durante las 24 horas del día.

FUENTE:Diario Digital Juárez

Fiscal controlará estado de cámaras de seguridad de los estadios


El control del funcionamiento de las cámaras de seguridad en los estadios de fútbol comenzará esta semana, indicó este lunes el fiscal Christian Bernal. El primer recinto que será revisado es el “Doctor Nicolás Leoz” del club Libertad

Bernal explicó que, como fiscal de la Unidad de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas, empezará esta semana el control del funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Debido a que el viernes a las 20:00 se disputará el cotejo entre Libertad y Olimpia en Tuyucuá, Bernal observará las condiciones y el funcionamiento de las cámaras que están en el club “repollero”.

Manifestó que el recorrido luego abarcará los estadios Defensores del Chaco, el de Cerro Porteño y el de Sportivo Luqueño, recintos que también cuentan con cámaras de seguridad con alta resolución.

Bernal recordó que junto a su colega Blas Imas trabajan muy de cerca con las organizaciones no gubernamentales que apoyan la lucha contra la violencia en los estadios

FUENTE:ABC Color